La agenda política, económica y social de la Comunidad Valenciana está dominada por la riada que el 29 de octubre de 2024 asoló parte de la provincia de Valencia y dejó 229 muertos. Los datos macro indican que la actividad económica se ha recuperado, pero la reconstrucción no ha hecho más que empezar y están pendientes soluciones que aporten seguridad ante episodios extremos cada vez más frecuentes por el cambio climático. Más allá de la economía, la dana ha dejado una fractura política y social que agita la actualidad casi un año después pendiente de la evolución de la instrucción judicial.
La Comunidad Valenciana encara, por otra parte, la recta final de uno de sus grandes desafíos durante décadas: el corredor ferroviario que conecte con algo cercano a la alta velocidad las tres capitales y ofrezca una salida natural hacia Europa debe ser una realidad en 2027. La infraestructura ha de ser un acelerador de una modernización económica que está en marcha con proyectos como la gigafactoría de baterías eléctricas de Sagunt y los polos de microprocesadores. La transformación de la automoción deja, sin embargo, interrogantes importantes sobre el futuro de la planta de Ford.
A su vez, las energías renovables ganan peso con paso firme tras un arranque lento ante el cierre de la central nuclear de Cofrentes previsto para 2030 (y con el Gobierno valenciano en contra).
Todo ello, con una financiación autonómica sin resolver que lastra la inversión pública y con problemas comunes como el efecto del turismo sobre las grandes ciudades y su repercusión en el mercado de la vivienda, con síntomas de colapso en Valencia y Alicante, con déficit de nuevas promociones, precios elevados y dificultades de acceso de jóvenes y familias.
En Alicante, el turismo, su principal motor económico, busca fórmulas para avanzar hacia un modelo más sostenible y diversificado, que reduzca la estacionalidad. En materia de infraestructuras, Alicante sigue a la cola de la inversión del Gobierno central y espera proyectos como la variante de Torrellano, con la conexión ferroviaria con el aeropuerto. En la cuestión del agua, la provincia vive entre la defensa del trasvase Tajo-Segura y la apuesta por alternativas como la regeneración y la desalación.
Castellón, por su parte, afronta una época clave con la mirada puesta en el exterior. La guerra comercial entre Estados Unidos y Europa podría tener importantes consecuencias para la potente industria azulejera, que tiene su mayor mercado internacional en ese país. Pero no es el único nubarrón. El estancamiento de la economía europea también es visto con preocupación. Otro reto (y mayúsculo) es afrontar la falta de relevo generacional en el comercio, el transporte o la agricultura. En infraestructuras, con las obras del acceso ferroviario sur a PortCastelló ya en marcha, Castellón reivindica la culminación de la autovía A7 hasta Tarragona, el bulevar de la Plana para la conexión con Almassora y Vila-real y el nuevo Hospital General de Castellón.