“Hay que actuar”, avisó en las Corts el síndic adjunto de Vox, David Muñoz. Era 16 de octubre y se dirigía a la vicepresidenta Susana Camarero a la que le reclamó ejecutar las partidas que se habían pactado sobre migración en los Presupuestos de la Generalitat aprobados cinco meses atrás con el apoyo de su formación. La exigencia verbal en el pleno toma otro cariz 20 días después con la negociación del relevo de Carlos Mazón en la que los voxistas han llamado a ser “más exigentes” y a centrarse tanto en la inmigración como en el rechazo a las políticas verdes de la UE.
Aquel acuerdo que se ha convertido en base para la nueva negociación pilotada desde Madrid se plasmó a nivel declarativo en una comparecencia del ‘president’ de la Generalitat asumiendo discursivamente las tesis de Vox y posteriormente, sobre el papel, en recortes y partidas económicas, algunas de ellas, incorporadas vía enmiendas en el trámite parlamentario por ambos partidos. No obstante, de estas que se añadieron por petición expresa de los voxistas y pacto con los ‘populares’ la mayoría se encuentra con su ejecución a cero.
Es el caso de las tres partidas, por valor de 7,6 millones de euros, que tienen que ver con la migración: 100.000 euros en convenios con hospitales en pruebas de edad para menores no acompañados, 2 millones para impulsar acuerdos de colaboración con los países de origen de menores no acompañados “para reagrupaciones familiares” y 5,5 millones relativa a programas de reactivación en origen. De todos ellos, en el último informe de la Intervención de la Generalitat a 30 de septiembre, no se había reconocido como obligación ni un euro, aunque sí se había autorizado la cuantía del último punto.
Los presupuestos fueron aprobados el 28 de mayo y aunque el calendario de 2025 apure sus últimas hojas, la ejecución se encuentra, según ese informe, en su quinto mes, menos del 50 % del año. Asimismo, ante aquella protesta voxista, fuentes de la conselleria de Camarero replicaron que sí que se estaban llevando a cabo las pruebas de edad como parte del funcionamiento habitual de la Generalitat en la recepción de menores no acompañados por parte del Gobierno central, que se estaba trabajando en la cooperación con los países de origen y que fomentarán la reagrupación familiar, aunque en su intervención en las Corts, la vicepresidenta centró las culpas en la “dejadez del Gobierno central”.
La entente entre populares y voxistas sobre la inmigración ha ido más allá de los presupuestos. El asunto es un habitual en las propuestas que la formación ultra lleva al pleno y en algunas ocasiones ha contado con el respaldo del PPCV. Es el caso de la petición de incorporar al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, “estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al Estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante”. Lo mismo ocurre con la recepción de ayudas por parte de la población nacional y la población migrante; el uso de servicios de urgencias sanitarias, e incluso en la cantidad de donantes de sangre.
Otras partidas sin avances
Sin embargo, las de inmigración no fueron las únicas contribuciones que los voxistas hicieron a las cuentas del Consell. Dentro de la batalla cultural, incidieron en ejecutar un recorte (“asfixia”, llegaron a decir) a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y en su lugar dedicar subvenciones a entidades que niegan la normativa de esta como Lo Rat Penat o la RACV. Para la segunda, la subvención de 50.000 euros sigue pendiente de ejecución, aunque sí está autorizada, mientras que para la primera sí se ha reconocido ya como obligación 200.000 euros para la rehabilitación de su sede.
No tienen avances los 250.000 euros de ayudas a víctimas de la ocupación (aunque sí se ha iniciado el trámite para crear la Oficina Antiokupación pactada por ambos partidos), los 1,5 millones para el Ayuntamiento de Náquera (el único que gobierna Vox en la Comunitat Valenciana), los 30.000 euros para que el Obispado de Alicante recuperar la cruz de Callosa del Segura, un vestigio franquista; las distintas subvenciones para actividades sobre la ley de Concordia a universidades y ayuntamientos por hasta 330.000 euros o el medio millón de euros del fondo de maniobra para efectos en el campo de la política europea. También es cierto que tienen aún meses por delante para llevarlo a cabo, si no hay elecciones antes, claro.
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