La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha señalado durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador– esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia que se había presentado contra el empresario que había publicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que ha sido calificado de “despectivo” por Rodríguez porque se dirigía a los empleados de la Fiscalía General del Estado.
Con esta afirmación ha dado comienzo la sesión de la tarde del juicio contra el fiscal general que se ha iniciado este lunes en el Tribunal Supremo. Para Rodríguez, dicha afirmación de Lastra fue un “exabrupto” de la fiscal Superior, si bien no volvió a hablar con ella de filtraciones y no es cierto que después su superior le reprochara por qué le había pasado a los responsables de Fiscalía General los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía que se encuentran en el origen de este caso. A preguntas de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la testigo ha afirmado que no ha vuelto a mandar mensajes a Lastra. “Desde entonces solo hemos hablado dos veces” por el teléfono fijo, ha remachado.
Rodríguez ha añadido que actuaron porque lo que se estaba diciendo en algunos medios sobre que la Fiscalía era la había propuesto un pacto para negociar con la defensa de González Amador, pero que se estaban dando órdenes “desde arriba” para no llegar a una conformidad y ello era “del todo falso”. Dada la “confusión” en los medios se solicitaron “lógicamente” los correos por orden del fiscal general, “porque se estaban tergiversando unos hechos”, ha explicado.
Un caso contra el novio de Ayuso
A preguntas de la defensa de González Amador, la testigo también ha precisado que fue el 7 marzo 2024 cuando el número dos de la Secretaria General Técnico, Diego Villafañe, le indicó que en la tarde anterior un periodista llamó al gabinete de prensa de la Fiscalía preguntando por un procedimiento relacionado con una empresa, Maxwell Cremona, “que podría estar relacionado con la pareja de la presidenta Díaz Ayuso”. En algún momento habla con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra y le advierte que había un procedimiento relacionado con el entorno de la presidenta de Madrid. También llamó un periodista por el mismo asunto a la Fiscalía Provincial.
Borrado de datos
En otro momento del interrogatorio, a preguntas del abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis, Rodríguez ha insistido que, tras lo ocurrido en este asunto, ahora es “consciente” de que hay que borrar correos electrónicos y mensajes de Whatsapp de los terminales –al igual que hizo en su momento e fiscal general, Álvaro García Ortiz–. La razón es que “fluye mucha información en una Fiscalía” y es cierto que los fiscales deben ir borrando datos cuando no son necesarios para su trabajo. Les obliga además una instrucción interna.
The head of the Madrid Provincial Prosecutor’s Office, Pilar Rodríguez, upon her arrival at the Supreme Court / Alberto Ortega
Rodríguez fue imputada inicialmente y se la investigó igualmente en el Tribunal Supremo por su papel en la consecución de los correos entre Salto y el abogado Neira que fueron objeto de la supuesta filtración y que Rodríguez remitió a su superior Almudena Lastra y al fiscal general. La Sala de apelaciones archivó su procesamiento –curiosamente tras cambiar a la abogada del Estado que la asistía por un letrado particular– al considerar “la dación de cuentas” que hizo a García Ortiz “estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo”.
El registro que se realizó a su despacho y el vertido de su teléfono móvil permitieron conocer los términos en los que se dirigió a sus superiores en relación con este asunto. En uno de sus mensajes incautados, en respuesta a una petición del fiscal general para que trasladara su agradecimiento a los miembros del departamento que se habían visto concernidos en la elaboración de una nota de prensa para contrarrestar lo que consideraban un bulo sobre la causa de González Amador, ésta le respondió: “Aunque dan ganas de poner un poquito de cianuro”.
Durante su declaración, la testigo Rodríguez ha lamentado determinados mensajes en redes sociales que “han puesto en solfa” su profesionalidad, entre ellos uno que no ha querido reproducir expresamente y que relacionaba su cargo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha puesto en evidencia que del listado de 499 personas de la Fiscalía de Madrid que según la defensa que pudieron tener acceso a los correos y el resto del expediente presuntamente filtrado a la prensa –a través de la carpeta de guardia–, él ha encontrado una treintena de errores, entre ellos que dos de las personas del listado han fallecido, personas en excedencia, jubilados etc. Rodríguez ha asumido que pueden existir errores, pero que se trata del recurso del que disponen y que dispone de la Comunidad de Madrid.
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