La decisión de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid de desimputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, supone un nuevo revés para el juez que investiga el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Este magistrado tampoco fue capaz de convencer al Tribunal Supremo de que abriera una causa contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Además, se vio obligado a dictar el sobreseimiento libre contra la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, justo después de su declaración.
El archivo de la causa contra Martín Aguirre y contra González Pedraz se produjo después de constatar, en ambos casos, que no estaban relacionados con la contratación de la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. El Tribunal Supremo fue más allá al censurar el instructor, pues aseguró que no había “el más mínimo respaldo indiciario” para abrir un procedimiento contra Bolaños, quien había declarado como testigo.
Estas tres decisiones no han sido las únicas correcciones que ha sufrido Peinado, que promueve una causa contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Estas son las cinco correcciones de la Audiencia Provincial de Madrid al instructor madrileño, que se suman a la decisión del Alto Tribunal de no imputar al ministro Bolaños:
La Sala de Apelación de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un serio tirón de orejas a Juan Carlos Peinado al levantar la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Los magistrados sostienen que la implicación en la causa de este excargo de Moncloa se basaba en “meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad”.
Por eso, los magistrados no apoyan la decisión del instructor de admitir una querella de Vox “contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza”, porque “no hay pruebas de que Martín Aguirre tenga esa supuesta función de control” de la asistente de Begoña Gómez, a quien se acusa de valerse de su asesora, Cristina Álvarez, para sus negocios privados.
La Audiencia madrileña también obligó a Peinado a archivar la imputación del ex consejero del PP madrileño Juan José Güemes, que fue investigado tras declarar como testigo como presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010. De hecho, los magistrados dejaron fuera del procedimiento otra línea de investigación que había emprendido Peinado: el fichaje de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa para dirigir el África Center.
El instructor Peinado interrumpió la declaración de Güemes para imputarle. Consideró que el exconsejero madrileño había dado una versión contradictoria de la que había trasladado la directora de Recursos Humanos (RRHH) del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Sin embargo, la Audiencia madrileña volvió a frenar a Peinado, al asegurar que este no había contradicho a la empleada de recursos humanos: “Carece de fundamento“.
El juez Peinado decidió en un primer momento modificar la condición de testigo del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache Goñi, para citarle en calidad de investigado. Y lo hizo tras analizar “las declaraciones de los testigos”, en alusión a los vicerrectores José María Coello de Portugal y Juan Carlos Doadrio, así como el testimonio que prestó el propio rector, en el que reconoció que acudió a Moncloa a petición de la propia mujer del presidente, que le reclamó la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Pero los magistrados de la Audiencia madrileña dejaron sin efecto la imputación de Goyache “ante la ausencia de datos objetivos incriminatorios en los que asentar su condición de investigado en los delitos de tráfico de influencias en el momento de su declaración”.
La Audiencia Provincial de Madrid también anuló los registros ordenados por Peinado a la vivienda y empresas de Juan Carlos Barrabés, el empresario que colaboró con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, desde la que fue recomendado, de cara a la obtención de contratos con la entidad pública Red.es. La operación de la UCO tuvo lugar el 22 de agosto 2024, pero fue anulada al considerar los magistrados que el instructor no había justificado los motivos que le llevaron a ordenar la actuación policial.
El Ministerio Público presentó un recurso ante la Audiencia Provincial al asegurar que el registro se había iniciado a espaldas de la Fiscalía, que no había sido notificada hasta media hora después de la entrada de los agentes. Y esa forma de actuar de Peinado habría impedido “el control de los requisitos legales, vulnerando la tutela judicial efectiva“.
Además, la Audiencia madrileña ha censurado en cuatro ocasiones a Juan Carlos Peinado por su empeño en investigar la posible implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa: “Queda fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción“, ha asegurado en diferentes ocasiones.
En la última, los magistrados madrileños advirtieron al instructor que no puede investigar la supuesta implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa al no aportar “el más mínimo indicio”, más allá de “noticias periodísticas” de hechos ajenos a la causa.
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