El Parlament ha admitido a trámite este miércoles una ley del PSC, ERC y los Comuns que persigue mejorar varios procedimientos de la administración pública. El más destacado, busca evitar las polémicas que recientemente ha tenido la Generalitat con personas vulnerables que han recibido una prestación por error y que no pueden devolverla.
En Catalunya se han acumulado varios casos sobre este asunto. Por ejemplo, el recientemente acaecido en la DGAIA, que exigió el retorno de miles de euros a menores extutelados por unas transferencias que estos cobraron irregularmente. O polémicas como las que sufrieron a finales del año pasado unas 9.500 familias que estaban percibiendo la renda garantida de ciutadania (RGC) y el importe que recibían era superior al que debían por su situación. A estas personas la Generalitat les reclamó inicialmente 71 millones de euros y acabó amnistiándolas.
Para evitar que se repitan estas situaciones, la nueva ley prevé que si hay “pagos indebidos derivados de un error administrativo” sobre prestaciones destinadas a “garantizar las necesidades esenciales de subsistencia”, los ciudadanos que reciban estos pagos “no estarán obligados a devolver el importe principal ni los intereses de la prestación percibida indebidamente”. Traducido: busca evitar las polémicas que estallaron con el caso de la DGAIA o la renta garantizada, donde se reclamó la devolución de dinero a personas que no podían asumirla. Eso sí, el error tiene que ser atribuible exclusivamente a la administración, es decir, que no puede estar inducido o provocado por el ciudadano en cuestión.
La administración tiene que ser ejemplar, no infalible
“Nadie debe pagar por un error que no ha cometido. Mejorar la administración es mejorar la democracia”, ha dicho la diputada del PSC Ivana Martínez. El diputado Lluís Mijoler (Comuns) ha considerado que era “inaceptable” reclamar ayudas a familias vulnerables cuando el error proviene de la administración: “Si el fallo es de la administración, el ciudadano no deben pagar las consecuencias. La administración tiene que ser ejemplar, no infalible”.
La reforma legal también incluye otros dos temas destacados. El primero reconoce el ‘derecho al error’ en las relaciones con la administración tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos. Esto busca evitar sanciones tantos a unos como a otros cuando cometan errores “de buena fe y sin fraude”. El diputado de ERC Jordi Albert ha defendido que esto permitirá al personal público actuar con “más agilidad” porque, si se equivocan, podrán rectificar sin miedo a la represalia. Por último, este cambio legislativo persigue retirar definitivamente la “cita previa obligatoria para acceder a los servicios presenciales de la Administración“.
Tramitación urgente
El PSC, ERC y los Comuns ha tramitado estas reforma por lectura única, el trámite de máxima urgencia. Esto significa que los partidos que quieran presentar enmiendas tendrán poco margen para hacerlo y que, en menos de un mes, se hará la votación final de la ley. Esta tramitación exprés ha hecho que Junts se abstuviera de la iniciativa. Su diputado Isaac Padrós ha explicado que su grupo es partidario de una norma así, pero ha lamentado que no se tramite por un procedimiento que permita “el debate resposado” que merece una ley así. El PP ha votado en contra por el mismo motivo: no comparte la urgencia de su tramitación. Vox se ha opuesto porque considera que la administración es un “monstruo obeso” que merecer una reforma mucho más profunda. El texto ha prosperado con los votos de los grupos impulsores y la CUP.
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