Un amarre en las instalaciones de Marina Deportiva en el Puerto de Alicante figura entre los bienes embargados preventivamente por la Audiencia Nacional en la investigación por una estafa piramidal en criptomonedas al empresario señalado como el financiador del eurodiputado Alvise Pérez. La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Álvaro Romillo una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través del entramado societario Madeira Invest Club (MIC). La investigación le considera responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama le envió a prisión el pasado viernes por estimar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El amarre fue adquirido por PKW Italien S.L., sociedad vinculada al empresario, en junio de 2023 ante notario en Alicante y figura entre los bienes intervenidos en el auto de prisión dictado el pasado 7 de noviembre por el Juzgado Central de Instrucción cuatro de la Audiencia Nacional. La medida implica el embargo preventivo y la prohibición de disponer del derecho de uso y disfrute del punto de atraque, sin que el juez mencione la existencia de ninguna embarcación atracada allí. Según el auto de prisión, PKW Italien S.L. fue una de las sociedades instrumentales empleadas por Romillo para canalizar parte del dinero recaudado a través del entramado bajo sospecha. El amarre es un bien inmueble concesional (similar a una plaza de garaje en el agua). Mediante este embargo se buscaría impedir su venta o cesión, y asegurar el valor económico del bien dentro de la causa.
Entre los bienes intervenidos al entramado societario hay tres yates de lujo valorados en cerca de nueve millones de euros, aunque no se concreta dónde están amarrados. El titular del juzgado ha apuntado a una “organización criminal creada y dirigida” por Romillo que contaría con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 países diferentes.
Desvío de fondos
En el auto, el magistrado detalla que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC “no eran destinadas a las inversiones o compras” de esas criptomonedas, sino “directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario” que habría creado Romillo. Además, señala que ‘CryptoSpain‘ –como es reconocido en sus redes sociales– creó la plataforma “como instrumento a través del cual genera el engaño en los inversores o compradores”. Un engaño cuyo “eje vertebrador”, añade, “era la promesa de rentabilidades muy altas”, del orden de un 20% anual.
Del mismo modo, el juez remarca que Romillo transmitía “una falsa imagen de profesionalidad de las personas que ejecutaban los servicios ofrecidos”, aunque ha certificado que ni el empresario ni sus socios “tienen formación ni experiencia laboral alguna en servicios de inversión”.
Con respecto al riesgo de fuga, Calama subraya que Álvaro Romillo dispone “de todas las cantidades que, habiéndose depositado por los compradores engañados, siguen sin localizarse”. Por ello, cuenta con una “privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia“, pues tendría “una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar” el territorio nacional.
El auto menciona las relaciones del empresario con la formación política del eurodiputado Alvise Pérez: “Como estrategia de marketing también se celebraban eventos multitudinarios. Tres eventos de estas características fueron celebrados el 13 de mayo de 2023 en la Finca Feligrés de Arganda del Rey, Evento MIC2, el 23 de septiembre de 2023 en el palacio Vistalegre Arena de Madrid, y el 6 de abril de 2024 en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid, contando este último con la colaboración de Alvise Pérez, actual eurodiputado y líder de la agrupación de electores “Se acabó la fiesta”, como aparece en la captura de pantalla obrante a las actuaciones”.
Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.
Entramado societario
La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EE. UU., Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.
A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EE. UU., la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.
La Policía de Singapur informó de que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024 una cuenta de Alipay Merchant Services, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, “recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas”, Maidentok LDA y Sabrosso LDA.
“La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles“, Álvaro y Domingo Romillo, indicaba el juez en su auto de prisión.
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