El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
El instructor del Supremo consideró “claro” que todas estas incógnitas debían “ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. En concreto, el magistrado reclamaba que se despejara la incógnita de sí el PSOE ayudó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García a blanquear el dinero de las presuntas mordidas recibidas.
Deputy José Luis Ábalos during a plenary session in the Congress of Deputies, on October 21, 2025, in Madrid (Spain). / Ricardo Rubio – Europa Press
En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado hasta 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz por orden del comisionista Víctor de Aldama.
Documentación del PSOE
Moreno adjunta, además, la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el representante legal del PSOE, el abogado Alberto Cachinero, sobre dichos pagos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente trasladó a la Audiencia Nacional sus pesquisas resaltando que en las declaraciones de los cargos socialistas “no quedó explicado, de manera suficiente, quien era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes, en su ámbito de actuación vinculada al partido, obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones”.
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