La carrera del Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952), desde su primer destino y hasta su jubilación el pasado 2 de septiembre como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, permite repasar historia de España de los últimos años. Instruyó el caso Banesto contra el banquero más poderoso del país, Mario Conde, indagó en corruptelas del PP (casos Púnica y Lezo), desentrañó la maraña del caso Villarejo y concluyó su carrera apuntando a Carles Puigdemont por Tsunami Democràtic. Hace balance de todo ello en Habla, para que se conozca (Deusto) un libro en el que ofrece además una visión muy crítica de la actual relación entre la política y la justicia en nuestro país.
– El título de su libro es toda una declaración de intenciones. “Habla, para que se conozca”. ¿Qué es lo que Manuel García Castellón quiere que se conozca?
Por una parte, una experiencia personal de muchos años y transmitirla por si a alguien le interesa, para que se conozca una realidad que muchas veces ha sido disfrazada por la mentira. Por otro lado, tratar de aclarar un momento como el actual que desde muchos de puntos de vista es totalmente disruptivo.
– Su libro tiene un capítulo que se detiene en lo que denomina la “invasión” política de la justicia, un término bélico bastante ilustrativo. ¿Es este el peor de los momentos o hubo situaciones más críticas en el pasado reciente?
Desde los tiempos de Adolfo Suárez en que yo empecé a ejercer mi profesión hasta ahora yo nunca había visto esto, eso es una verdad y es realmente sorprendente y doloroso. Desde otro punto vista no se han podido elegir peores momentos para tratar de llevar a término determinadas leyes, que yo creo que lo único que van a hacer va a ser empeorar todavía más la situación.
– ¿Existe el lawfare?
Bueno, es un término absolutamente ridículo, que todos los políticos de una determinada tendencia, pues resulta que cuando les toca a ellos hablan del lawfare. Estoy pensando en Trump, por ejemplo, con todos los procedimientos judiciales que tiene, descalificando a los jueces, cesando a fiscales en Estados Unidos; lo hemos visto igual en Argentina con la presidente Kirchner y ahora, desde hace un tiempo, lo vemos en España. La táctica siempre la misma, pero ¿por qué dicen lawfare si en realidad quieren decir prevaricación?
“La táctica siempre la misma, pero ¿Por qué dicen lawfare si en realidad quieren decir prevaricación?”
-¿Habla de lo que ocurre con jueces como Juan Carlos Peinado (caso Begoña) y Ángel Hurtado (caso fiscal general)?
Es lamentable, no me puede parecer otra cosa, porque es que además concretamente en el caso del juez Ángel Hurtado es un excedente profesional que ha estado muchos años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha demostrado su valía. Tratar de descalificar unas resoluciones que él adopta que han sido ratificadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es decir, por un montón de superiores en el ámbito de la jurisdicción procesal penal es absolutamente infame. Lo único que hace es degradar un poquito más la democracia. Se sigue degradando, porque la esencia de la democracia es el imperio la ley.
Manuel García-Castellón. / José Luis Roca
-¿Por qué cree que en un momento determinado algunos incluyeron a Manuel García Castellón en ese listado?
Bueno, es fácil de suponer, es decir, por motivo de determinados sucesos políticos, pues se adoptaron resoluciones que no gustaron. Yo tengo la imagen, desde que entré en la carrera, de que la Justicia es una señora con una toga o con un traje y la venda en los ojos, para no ver si la persona a la que estás investigando o juzgando es poderosa o no lo es, y eso molesta a determinadas personas. Y los poderosos lo son de diverso pelaje, económico, político o social. A la Justicia le da igual a quien esté juzgando. Si haces otra cosa desde luego no estás cumpliendo tu misión fundamental que es la protección de la democracia. Pero ya sabemos que en España entran tres millones de asuntos al año a los tribunales y resulta que hay tres, cuatro, cinco, seis conflictivos, es decir, que afectan a los poderosos.
“La Justicia es una señora con una toga o con un traje y la venda en los ojos, para no ver si la persona a la que estás investigando o juzgando es poderosa o no lo es, y eso molesta a determinadas personas. Y los poderosos lo son de diverso pelaje, económico, político o social”.
– La de la acusación popular es una de las figuras que ahora quieren eliminar en la nueva ley, por lo menos en lo que es lo relativo a los partidos políticos y a los sindicatos. ¿Qué opinión le merece?
Ellos han utilizado la acusación popular siempre que han querido, incluso han aportado ideas de investigación al juez durante muchos años en muchas situaciones que también eran políticas, y ahora que les toca a ellos en algunos asuntos, pues nada, se quiere eliminar.
-¿Cuándo habla de ellos quiénes son?
Bueno, ellos son los que están en el Gobierno. Han utilizado la acusación popular todo lo que ha querido y ahora dicen :”No, ahora no podrán hacerlo los partidos políticos.” Pero eso no impide que un señor se pueda personar, aunque bajo cuerda esté representando un partido político. Por lo tanto la propuesta me parece curiosa, sorprendente.
Manuel García-Castellón. / José Luis Roca
-Su nombre ha vuelto a aparecer en los papeles con ocasión del caso Leire, aparece como uno de los objetivos de la trama de presiones de la que se investiga quién puede estar realmente detrás. ¿Le ha sorprendido? ¿Va a denunciarla usted igual que han hecho los fiscales?
No, no me ha sorprendido porque las cloacas en algunas épocas han aparecido, en otras no, en unas se ha sabido, en otras no, pero siempre o muchas veces están ahí. Es la utilización de medios espurios para tratar de influir en la justicia. Yo no sé si un día de estos me voy a personar en el procedimiento, probablemente sí, para saber qué es lo que hay. Todos hemos visto el vídeo famoso de aquella reunión en el despacho de abogados y claro, realmente a mí me impresionó, porque además ha trabajado conmigo muchos años el comandante ahora teniente coronel (de la Guardia Civil Balas). Sé de su profesionalidad y sé de su buen hacer y, por lo tanto, me parece, bueno, pues lamentable.
– También se muestra muy crítico en el libro con el Consejo del Poder Judicial, que acaba de protagonizar una fractura importante cuando los nuevos vocales, a los que costó tanto designar, han cumplido apenas un año de mandato.
Todo comenzó con la reforma del año 1985, donde se cambió el sistema de nombramiento del Consejo. A partir de ese momento quedó en manos de los partidos políticos y los partidos políticos trasladaron al Consejo sus directrices políticas que tenían en el Parlamento. Claro, esto es absolutamente incompatible con lo que debe ser el Consejo como garante de la independencia de los jueces.
La semana pasada se pidió la dimisión de un vocal porque no ha votado de acuerdo con las directrices políticas progresistas de ese partido, cuando él ha dicho ‘Oiga, yo voto con mi conciencia’. Este hecho ha puesto negro sobre blanco que este sistema hay que cambiarlo, como ha dicho Europa repetidas veces y como se ha prometido que se va a hacer de forma más o menos inmediata. Es absolutamente necesario, es que es imprescindible.
-La semana que viene el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados, un hito sin precedentes en nuestra democracia y las de nuestro entorno. ¿Cómo analiza un juez esta situación de la Fiscalía?
Bueno, pues es que vuelvo otra vez a la Justicia con la venda en los ojos, es decir, si al final la ley tiene que ser independiente respecto a todos, porque se trata del imperio de la ley que es un rasgo de la democracia, debe serlo.
Y en este caso hay un magistrado del Tribunal Supremo, como decía antes, Ángel Hurtado, hay una Sala de lo Penal que ha ratificado esas decisiones del juez y por tanto, yo que no conozco el procedimiento y no tengo ni la menor idea de qué ha pasado, tengo que estar a lo que acuerdan los tribunales y además varios tribunales por el medio. Y esto con mi afecto personal al fiscal general, que se lo tengo. Pero yo creo que esto hace mucho daño al sistema político y a la carrera fiscal.
“Se elige el peor momento para la instrucción penal por parte de los fiscales”
Este martes se ha presentado una profunda reforma procesal para dar la instrucción a los fiscales, un intento de varios ministros que nunca ha llegado a hacerse realidad ¿Qué le parece la reforma?
El momento político no parece el mejor desde el punto de vista de la obtención de los votos necesarios para que pueda ser aprobada la ley. Pero se pretenden reformas para las que se elige el peor momento, como es la instrucción por parte de los fiscales. A mí esto en este momento me parece una auténtica barbaridad.
Siempre he sido partidario de la la instrucción por parte de los fiscales, sin embargo, creo que hay que hacerlo en un momento en el que no esté en solfa la actuación del Ministerio Fiscal, porque todos los fiscales que he conocido en mi trabajo solo han hecho que ayudarme, son magníficos profesionales, absolutamente expertos y por lo tanto creo que son ellos los primeros que lo sufren.
Y por último, no conviene olvidar que quien tiene la garantía judicial de independencia es el juez, solo el juez. No lo tiene nadie más. Lo importante es la aplicación del imperio de la ley, la garantía de una independencia siempre es un plus. Por lo tanto, yo no lo veo más que negativo.
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