El Gobierno hace equilibrios para intentar recomponer los puentes con Junts sin abrir una nueva fractura en su propia coalición. El Consejo de Ministros aprobó este martes la ayuda a los propietarios en caso de impago de alquiler, una medida que venían reclamando los de Carles Puigdemont que sin embargo rechaza el socio minoritario del Gobierno. La fórmula elegida por el Ejecutivo evita que estas diferencias entre PSOE y Sumar se materialicen en una votación, puesto que las ayudas no tendrán que pasar por el Congreso para ponerse en marcha.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la semana pasada su intención de aprobar un paquete de medidas para contentar a Junts, entre ellas la ayudas a caseros en caso de impago. La iniciativa no gustó en Sumar, donde su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, advertía que el impago “no es el problema” en materia de vivienda, situando la clave del asunto en la subida de precios y en la especulación.
El rechazo del ala minoritaria no se concretará sin embargo en una fractura en el Congreso, puesto que el Ministerio de Vivienda ha aprobado la iniciativa mediante la vía de desarrollo reglamentario, una fórmula que evita la votación, según confirman fuentes del departamento.
Fuentes de Sumar celebraban que esta ayuda se haya aprobado mediante esa formulación, al evitar una votación que les obligaría a mostrar su oposición al ala socialista y exhibiría de nuevo la ruptura de la coalición de Gobierno en una materia tan sensible como es la vivienda. “Por nosotros, mejor”, resumían. La vivienda ha generado las mayores tensiones de la coalición esta legislatura, después de que Sumar pidiera el cese de la ministra Isabel Rodríguez. Aquello marcó un hito en las relaciones, señalan en el socio minoritario del Gobierno, que advierte que a raíz de aquello se han producido negociaciones con el ala socialista sobre este tema.
El ala de Yolanda Díaz en el Gobierno lleva semanas reclamando al PSOE prorrogar por ley todos los contratos que vencen el próximo año, que cifran en 350.000 y 1,6 millones de personas. Y ese, según defienden, debe ser el primer paso. Desde finales de octubre, cuando retaron a los socialistas presentando un real decreto de vivienda sobre el que carecían de competencias, Sumar lleva presionando para impulsar sus propuestas. Aunque ya hay negociaciones, el ala minoritaria lamenta las reticencias de los socialistas para dar este paso.
El plan en Sumar es que pueda aprobarse antes de final de año, para evitar el vencimiento de los contratos de alquiler. Fuentes de vicepresidenta apuntan a que llevarán esta medida a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano económico previo al Consejo de Ministros. Un paso que llevará la pugna política al seno del Gobierno de coalición y obligará al PSOE a tomar posiciones sobre el asunto.
Las ayudas
Las ayudas aprobadas en Consejo de Ministros ya se contemplaban en el artículo 75 del decreto ley 1/2025, de 28 de enero, de ayudas al transporte [PDF]which established that the regulations for this line of guarantees, transferred to the autonomous communities, had to be approved within a maximum period of six months, a period that has been about to double.
Inicialmente, estaba previsto que las ayudas se incluyeran en la sección 61 del Plan de Vivienda 2026-2030 –en audiencia pública– que el Gobierno prevé aprobar el próximo año, pero finalmente la iniciativa se ha desgajado en una norma propia para adelantarla, como guiño a Junts, y para garantizar su aprobación.
Las ayudas aprobadas por el Gobierno cubrirán impagos en contratos vigentes en 30 de enero de 2025 y en adelante, puesto que fue a finales de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó las bases de este seguro público, cuyo reglamento de desarrollo llevaba pendiente desde finales de julio.
Para contar con esta cobertura, los arrendadores deberán cumplir con varios requisitos. El primero de ellos es firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada comunidad), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia y depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, además de suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler.
Junto con estas condiciones, las comunidades autónomas podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, dado que serán ellas las que gestionen estos avales. Pese a que se ha aprobado al norma, el Gobierno todavía debe aprobar los fondos con los que se financiará el aval. Desde el departamento dirigido por Isabel Rodríguez aseguran que “en próximas fechas” se habilitará una línea presupuestaria a tal efecto.
El decreto decreto ley 1/2025, de 28 de enero, donde figuraban estas ayudas, establecía que la solicitud para el cobro de las cantidades “se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento, ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión”.
Subscribe to continue reading