La pregunta sigue sin respuesta. Centenares, miles, de expedientes y correos; de mensajes y audios; de carpetas con documentos, archivos y certificados; de testimonios voluntarios o forzados por mandato judicial; de conversaciones e interrogatorios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o de declaraciones ante jueces de instrucción o magistrados de la Audiencia Nacional. Nada. No aparece la identidad del enlace. Ni rastro. Hasta ahora un desconocido. Un secreto por desvelar. ¿A quién llamó por primera vez Koldo García para ofrecer en Canarias los servicios de –el nombre comercial ya es como para desconfiar– Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas? Un primer telefonazo, más que bienintencionado malicioso, para ofertar esos millones de mascarillas –un buen lote de ellos defectuosos– con las que la trama dio su primer gran golpe en las Islas: 12 millones de euros.
Tres años y ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara las indagaciones sobre el caso Koldo los investigadores están ante este desconocido como Churchill ante Rusia: «Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma». Una pregunta, en principio banal y anecdótica, no lo es tanto: ¿quién fue?. A partir de ese primer contacto se desencadena la tormenta.
El expresidente del Gobierno de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el número uno en la lista de sospechosos, niega que sea él. A Torres, Koldo no le llamó en primera instancia. Lo ha mantenido cada vez que se le ha preguntado. Varias veces. Lo ha reiterado a quien quiera escucharle: “A mí no me llamó”. La presunción de inocencia le ampara, aunque hablar por primera vez con Koldo sobre la compra de tapabocas no fuera entonces un delito. Otra cosa es lo que pasara después si decides hacer tratos con alguien tan bocazas, imprudente y fanfarrón como el entonces asesor del ministro José Luis Ábalos.
Torres lo ha negado sin ambigüedades. “A mí no me llamó ni el ministro, ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa… Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni orden de mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia”, declaró durante su comparecencia en el Senado hace un año. Ninguna pesquisa de la Guardia Civil, ni de la Fiscalía, ni del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que más tiempo, medios y empeño ha dedicado para desenmarañar la organización criminal liderada por el empresario Víctor de Aldama, ha podido desmontar la versión de Torres.
Otra cosa es que con más o menos elegancia, oportunidad y decencia, el entonces presidente y ahora ministro intercediera, presionara o mediara –el diccionario ofrece varios pesos de carga según se quiera aplastar la gestión de Torres durante la pandemia– para que se libraran cuanto antes los abonos millonarios a Soluciones de Gestión, que es como al final ha quedado abreviado el nombre de la empresa de la trama corrupta para alivio de periodistas, fiscales, abogados y políticos. Entonces, ¿cuál fue el número de teléfono que marcó Koldo para la primera gestión de la trama en las Islas? ¿Fue a un miembro del Gobierno de Canarias o a un dirigente del Partido Socialista en las islas? En aquellos tiempos era difícil que un cargo del PSOE no ocupara un puesto en la Administración canaria, dada la descompensada tensión no resuelta entre la gran demanda de puestos a ocupar y la escasa oferta de aspirantes a cubrir la vacante. Sin embargo, alguno quedaba.
Mientras se despeja esa incógnita, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor se ha empeñado desde el viernes en desbrozar la maleza para ver si con Koldo en la sala de operaciones y Aldama en el puente de mando de la organización criminal se vislumbra un tráfico de influencias en las “contrataciones formalizadas por parte de la comunidad autónoma de Canarias” con Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab, la sociedad a la que el Gobierno regional encomendó en exclusiva los test PCR en las Navidades de 2020. Las pruebas eran gratuitas para los miles de canarios residentes en la Península que acudieron a los 63 laboratorios de la firma para poder pasar esas fechas en casa. No así para las arcas públicas canarias: 5,4 millones se pagó a Eurofins Megalab por los servicios prestados, que se extendieron hasta el verano de 2021.
Luis Pastor, que por la petición trasladada el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, se muestra como un fiscal anticorrupción perspicaz, tenaz y puntilloso, encuentra fisuras por las cuales colarse para que el caso no decaiga ni en interés ni tensión; al igual que en una telenovela, donde agotados los protagonistas y exprimidas todas tramas, que no dan más de sí, un giro de guion inesperado despierta la atención.
Al fiscal Anticorrupción le mosquea que el caso de la trama corrupta se trate de cerrar con la incoación de un procedimiento abreviado, firmado el lunes, por el magistrado del Tribunal Supremo por el que se propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por cohecho y tráfico de influencias por los contratos firmados por el Ministerio de Transportes con la organización criminal. Y ya está. No, no y no. Luis Pastor, tenaz y obstinado, está empeñado en husmear en la ramificación canaria y balear de la trama. La compra en el Ministerio de Transportes, con ser grave, solo atañe a los contratos de adquisición de mascarillas para Puertos del Estado y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Y ¿qué pasa con los contratos de suministro sanitario de la organización criminal con Canarias y Baleares? ¿Y las adjudicaciones del Gobierno de Canarias a Eurofins Megalab?
La Fiscalía Especial contra la Corrupción no quiere dejar escapar la presa una vez leído al detalle, con esmero y meticulosidad, el último informe de la UCO. El mismo que supuso un alivio para Ángel Víctor Torres. Un detallado catálogo de irregularidades, favores y chapuzas administrativas para satisfacer a la red corrupta de Koldo pero sin ninguna prueba consistente para procesar al ministro. Un respiro para quien esos años ocupaba la presidencia del Gobierno de Canarias. Ni prostitutas, ni mordidas, ni encuentros con narcotraficantes, ni negocios de hidrocarburos para instalar una refinería promovida por Aldama en lasislas. “Un día feliz”, proclamó Torres una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones de la Guardia Civil.
Cuando lo dijo fue el martes. El asunto, en principio, no tenía más recorrido. Cielo despejado. El incómodo malestar, esa desazón puñetera, crónica, leve en sus síntomas, pero prolongada y fastidiosa que le acompaña desde que salieron las primeras noticias sobre el caso Koldo, se estaba mitigando. Tres días más tarde, el viernes, volvieron a surgir los pinchazos. Torres está, por el momento, a salvo. Es obvio, conviene no olvidarlo, que el ministro no aparece en el escrito de la fiscalía Anticorrupción por el que la Audiencia Nacional mantiene viva la trama de Koldo en las islas. No pueden sentirse tan tranquilos y seguros otros altos cargos de la Administración canaria que contactaron con los desvergonzados y aprovechados que se enriquecieron con el material sanitario contra el virus a costa de la desgracia y tragedia ajena.
“La finalidad [de la investigación fiscal]”, Luis Pastor explains in his writing before the National Court, “is to delve again into the existing relationships between the members of the alleged criminal organization that is being investigated, where Koldo, thanks to the monthly cash remuneration that he received from Víctor de Aldama [10.000 euros] “He assumed his interests as his own to pursue his various businesses.” Specifically, regarding those businesses, the prosecutor is now interested in the contracting of emergency medical supplies for the Government of the Canary Islands.
Más que de sobra para que mantenga que por lo leído y aportado por la UCO –correos electrónicos, mensajes, audios, contratos y expedientes– se vislumbre un tráfico de influencias en el Archipiélago. Por el momento el fiscal ha pedido que Aldama y Koldo vayan de nuevo a declarar el 27 y 28 de noviembre ante la Audiencia Nacional por sus negocios en Canarias. Para que se tipifique esta práctica como ilícita –lo que se busca con la persecución de estas actividades es proteger la objetividad e imparcialidad de los funcionarios y autoridades en el ejercicio de su cargo– se requieren complicidades. Por un lado, está quien corrompe y, por otro, quien se deja corromper.
Ahora la fiscalía se ha fijado en los dos más conocidos: Aldama y Koldo. Una pareja de golfos. Queda por aclarar quién o quiénes de la Administración canaria se prestaron a los compadreos de esta pareja de sinvergüenzas con comportamientos tan graves que han derivado en que ambos sean investigados por un presunto tráfico de influencias.
Hasta ahora nadie del Gobierno de Torres ha sido señalado por el fiscal Anticorrupción. Tampoco por la Guardia Civil, aunque a la UCO no le compete la tipificación de los delitos de los indicios obtenidos tras sus investigaciones. Pistas, al menos, deja en sus informes. Huellas que el fiscal quiere seguir.
De las 348 páginas del último y extenso informe entregado por los investigadores de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, texto en el que se basa el fiscal Anticorrupción para abrir una investigación por presunto tráfico de influencias en Canarias, se escoge una, la página 28, en la que se escribe esta conclusión: “A través de todas las conversaciones expuestas en este apartado [fase de negociación y adjudicación del contrato] It could be inferred that the proposal to hire the company Soluciones de Gestión by the Government of the Canary Islands would have come from the Ministry of Transport through the vice-counselor of the Presidency of the Canary Islands, Antonio Olivera, in contrast to the emails maintained between the general director of Economic Resources [del Servicio Canario de la Salud] Ana María Pérez and María Salomé Ballesteros [jefa de contratación] “which expressed doubts about the convenience of the contract, since the price of the masks, according to her, would be outside the market, adding that there would be enough reserve in the Canarian Administration for a few months with the purchases made so far.”
Suficiente para que la Fiscalía Anticorrupción intervenga
En esa fase de negociación y adjudicación del contrato de Canarias a Soluciones de Gestión la primera referencia que la UCO encuentra, “entre las evidencias analizadas”, está la fechada el 21 de abril de 2020. Para entonces ya hacía semanas que Koldo había llamado a su hasta ahora misterioso contacto en las Islas y arrancado en la Administración canaria esa oficina del poder tan pesada, lenta y exigente y ahora tan ágil, rápida y laxa puesta a su servicio llamada burocracia. Ese día, el 21 de abril, un martes de esa primavera pandémica con todo el país confinado, Aldama envía a las 17.28 horas a Íñigo Rotaeche, un chico para todo en Soluciones de Gestión –a efectos de registro mercantil un apoderado– un contacto, es decir, un número de teléfono, el de Antonio Olivera, que con anterioridad le había facilitado Koldo. “Llámame”, le emplaza Aldama a Rotaeche.
A las 17.49, 21 minutos después, Olivera, por entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y director en funciones del Servicio Canario de Salud, contacta con Koldo, a quien informa de que ya ha hablado con Rotaeche: “Buenas tardes Koldo. Hablado con Íñigo [Rotaeche] I only have to close the shipping amount. It is possible that we will be left with two million units this time. [de mascarillas] or the maximum amount that fits on the flight. Is that okay with you?”
A quien no les parece bien, y esto es muy importante para los tradicionales quejicas sobre la displicencia y holgazanería en el personal funcionario, es a la jefa de contratación del Servicio Canario de la Salud, quien, según un correo electrónico incorporado al informe de la UCO, expone sin rubor sus reparos a la directora general de Recursos Económicos. No le cuadra la rápida e imperiosa orden dada para adquirir el material a Soluciones de Gestión.
El intercambio de mensajes entre ambas se produce antes de que se formalice el contrato, horas después del pacto entre Olivera y Koldo y de que el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias informara con claridad a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud del encargo especial: “Esta oferta me la traslada el Ministerio de Fomento y Transporte”. “Hay que aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido”.
Estos son los comentarios que las dos altos cargos de Sanidad se cruzan por correo electrónico:
–Jefa de Contratación del Servicio Canario de la Salud: “¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? Son 12 millones de euros. Hemos comprado mascarillas más baratas. ¿Sigo adelante y te paso el pedido?”.
–Directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud: “Seguimos adelante. Seguro que te diste cuenta de dónde procede la propuesta. Gracias”.
–Jefa de Contratación: “Estamos cubiertos durante dos meses con los pedidos realizados. Está fuera de mercado. A mi me da igual de dónde venga. Soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos y ni siquiera estoy segura de que podamos hacer una compra de 12 millones sin pasar por el Gobierno. Habrá que convalidarlo ¿y lo hacemos con un correo?”.
Siete horas después de este intercambio de mensajes, la directora general de Recursos Económicos informa a la jefa de contratación de que ya se ha formalizado el pedido de mascarillas a Soluciones de Gestión.
La organización corrupta de Koldo ha logrado su objetivo. La puerta de Canarias está abierta.
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