El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha confirmado que uno de los motivos del retraso del Es Alert se debió a “cambios lingüísticos” en el mensaje en valenciano que comenzó a prepararse a las 18.15 horas pero no se envió hasta las 20.11 de la noche del 29 de octubre de 2024. Según la declaración de Suárez fueron la entonces consellera Salomé Pradas y Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, los que “nos hicieron cambiar cosas por tema lingúïstico, acentos y demás”. Los cambios introducidos se referían a suprimir el acento en “València” y sustituir “tipus” por “tipo” y “aquest” por “este”. La demora del envío de la alerta, que hubiera salvado vidas, también se debió, según la declaración del funcionario, por el debate que se suscitó entre los políticos sobre la petición de “permanezcan en sus domicilios” que planteó dudas jurídicas sobre si se asemejaba a un confinamiento como en la pandemia. Y porque se quiso avisar a los alcaldes de la ribera del río Magro.
El funcionario de más alto rango al frente de la dana, ha declarado que él mismo informó a las 17.15 y 17.38 que se podían enviar mensajes a la población, un Es Alert aunque no mencionó esta palabra, ante la situación que ya se vivía en Utiel desde las 13 horas y en la presa de Forata, en el río Magro, donde les acababan de alertar que empezaba a rebosar agua por el embalse. Una información que desmiente la información facilitada por la entonces consellera Salomé Pradas, quien asegura que el mensaje no se planteó en el Cecopi hasta las 19 horas.
Suárez también acaba de declarar que en ese escenario de Utiel aislada por la inundación y con la amenaza del desbordamiento de Forata también aconsejó a las 17.45 horas advertir en el mensaje que planteaba enviar que la población se refugiara o subiera a las zonas altas. Un consejo que se omitió en el primer Es Alert de las 20.11 pero sí se incluyó en el segundo remitido poco antes de las 21 horas del 29 de octubre.
En el relato de las horas críticas del Cecopi, el subdirector de Emergencias también ha confirmado que parte de la causa del retraso del Es Alert (cuyo primer borrador se escribió en un texto a las 18.15 horas) se debió al debate suscitado sobre la frasse “permanezcan en sus casas” que a algunos políticos les sonaba a confinar a la población, por lo que Pradas decidió consultarlo con “un jurídico”, según confirman fuentes conocedoras de la declaración de Suárez.
Otro debate suscitado que demoró la alerta la población antes de que fallecieran la mayoría de las 230 víctimas es que los políticos presentes en el Cecopi como Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Vicent Mompó y Alberto Moratilla, pidieron avisar a los alcaldes de la cuenca del Magro (alrededor de las 18 horas la atención se centraba en Utiel y aguas abajo de la presa de Forata) antes de enviar el Es Alert. De hecho Suárez ha añadido que se intentó una videoconferencia con los alcaldes ribereños al río Magro, pero nadie se conectó.
El funcionario ha confirmado que cuando la entonces consellera hablaba por teléfono, que se ausentaba de la reunión del cecopi para hablar, por lo que desconoce con quién contactaba durante esas horas críticas.
Suárez es uno de los funcionario clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024. El subdirector general de Emergencias de la Generalita comparece hoy como testigo en la causa de la dana. Suárez es junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos a quien todos los responsables políticos derivan la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas.
La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, incluso responsabiliza a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas y que la jueza de la dana considera “tardío y erróneo”. En su declaración como investigada, Pradas se escudó en su falta de experiencia para justificar las decisiones, o la falta de ellas, que se adoptaron en la gestión de la emergencia tras las intensas lluvias que afectaron a cinco comarcas de la provincia de Valencia. Además, la exconsellera apuntó que debido a su falta de experiencia ella se apoyaba en los técnicos. El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, el otro investigado en la causa, también apunta hacia Suárez y Basset. Al igual que testigos como el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o el asesor de Pradas, Marco Presa. La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), una de las acusaciones particulares personadas en la causa de la dana, también solicitó a la jueza de Catarroja que investigara al subdirector general de Emergencias al considerar que “su actuación, u omisión de funciones, podría derivar en responsabilidades penales”.
Por eso la comparecencia de Suárez es una de las más esperadas para esclarecer, desde el punto de vista técnico, los detalles de las decisiones que se debatieron y adoptaron en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, convocado a las 17 horas del 29 de octubre. Suárez acumula, además, treinta años de experiencia en las emergencias con todo tipo de gobiernos y crisis los graves incendios estivales, la dana de la Vega Baja de 2019 o la pandemia. Incluso estuvo en la incorporación del Es Alert, durante la etapa de la fiscal y exconsellera Gabriela Bravo.
Jorge Suárez, además, protagonizó un curioso episodio en los primeros compases de la investigación de toda la dana centralizada en Catarroja desde el 30 de enero. Jorge Suárez intentó personarse en la causa de la dana y pidió que se paralizaran los plazos procesales hasta que no accediera al sumario. En febrero el subdirector general de Emergencias presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción 9 de València (se desconoce por qué razón, ya que este juzgado no ha practicado diligencias sobre la dana), fechado el 17 de febrero. En la comunicación al juzgado, la procuradora y el abogado de Jorge Suárez, anunciaban formalmente que solicitaban “personarse en el procedimiento al margen referenciado en aras de ejercer la dirección letrada y procesal de mi representado, rogando que se entiendan con los profesionales que suscriben en las sucesivas comunicaciones. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española” (que protege el derecho a la tutela judicial efectiva). Curiosamente, la representación de Jorge Suárez no identificaba quién era su representado y por qué quería personarse en la causa de la dana, tal como adelantó Levante-EMV.
En el mismo escrito, incluido en el sumario de la dana al que tuvo acceso Levante-EMV, el abogado de Jorge Suárez solicitaba “la suspensión de todos los plazos procesales [de la causa de la dana]as long as we are not given the full and numbered copy of the records.” A request to paralyze the case in its entirety, which was not successful. The response from the Court of Instance 3 of Catarroja came in a ruling of February 24 in which the magistrate reported the reception of the writing. Although the magistrate mistakenly thought that Jorge Suárez was a relative of one of the 229 victims of the dana. “The previous writing was presented in name and representation of Jorge Suárez Torres, join the records of your reason and, given its content, prior to having him as a person, you are required to provide the data of the deceased and, with its result, it will be agreed.”
A partir de esta respuesta de la magistrada, se produjo un silencio sepulcral por parte de Jorge Suárez, que aparecía representado en estos escritos por el bufete de Madrid Ospina Abogados, que consiguió notoriedad mediática al representar a la familia de Edwin Arrieta, el médico asesinado y descuartizado en Tailandia, por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho.
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