Hace 309 días que el Govern aprobó el régimen sancionador para quienes se salten los precios de los alquileres fijados por ley, pero no se ha impuesto ninguna multa pese a que hay incumplimientos detectados y 30 expedientes abiertos. Este es el recuento en el que han hurgado de nuevo los Comuns, aunque esta vez lo han hecho elevando el tono con el ejecutivo de Salvador Illa. Hasta tal punto, que han amenazado con no aprobar ningún presupuesto en toda la legislatura si esta situación se mantiene.
Están en tiempo de descuento: o hacen cumplir la ley de vivienda, o se quedarán sin presupuestos en 2026 y toda la legislatura
“Están en tiempo de descuento: o hacen cumplir la ley de vivienda, o se quedarán sin presupuestos en 2026 y toda la legislatura“, ha advertido el portavoz de los Comuns, David Cid, mirando a la bancada del Govern, a quien ha acusado de no actuar con diligencia ante empresas como Airbnb o Booking por la publicación de anuncios que no se ajustan a la norma. “Son pura mafia, no son muy difíciles de encontrar”, ha ironizado el dirigente. Un incremento de la presión que se suma con la que ya ejercieron este martes cuando advirtieron de que no piensan sentarse a negociar los presupuestos si no se mantienen las bonificaciones en los abonos de transporte público el año que viene.
Una cuestión de “credibilidad”
El encargado de la réplica ha sido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha hecho hincapié en que los socios deberían reconocer que este Govern es el “que más está haciendo en materia de vivienda” y que lo está haciendo pactando con ellos. Además de reafirmar su compromiso con situar el acceso a la vivienda como un “elemento central” del proyecto de la Generalitat, ha argumentado que cuando se imponga una sanción tiene que garantizarse que “no se puede dar marcha atrás”, en el sentido de que no haya posibilidad de que sea revocada. “Si se impulsan expedientes que no dan resultado, nuestra credibilidad caerá”, ha subrayado.
The Councilor of the Presidency, Albert Dalmau, with the Minister of Agriculture, Óscar Ordeig, this Wednesday in Parliament / ACN
Pero no satisfecho con esa primera respuesta, Cid ha insistido en que este es el Govern del “vuelva mañana” pese a prometer una reducción de la burocracia para agilizar procedimientos. Dalmau ha vuelto entonces a la carga poniendo el foco en que, por ejemplo, que un 18% de los 50.000 pisos protegidos hasta el año 2030 están ya en producción.
El Govern defiende su actuación
Justo después, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha recordado que se han adquirido 1.900 viviendas de alquiler de Inmocaixa para que no pierdan la protección, así como 1.333 por tanteo y retracto y, como aprobó el Consell Executiu este martes, 52 pisos más de cuatro edificios del Hospital Clínic. “Tener un parque público protegido de vivienda es el gran hito que tenemos como Govern”, ha concluido la consellera.
De hecho, este martes Paneque se comprometió a que habrá recursos para todo lo acordado en materia de vivienda, como para la incorporación de inspectores y la creación de la oficina antidesahucios, así como para la ley de barrios, aunque se tenga que pilotar 2026 con una nueva prórroga de las cuentas de 2023.
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