La operación de la Policía Nacional que ha supuesto la detención del presidente y del CEO de la aerolínea española Plus Ultra tiene su origen en unos registros domiciliarios que se produjeron en 2024 en Tenerife, Madrid y Mallorca tras unas alertas recibidas por la Fiscalía Anticorrupción procedentes de Suiza y Francia, debido a movimientos bancarios sospechosos procedentes de una red de blanqueo de capitales vinculada al régimen chavista de Venezuela. Las autoridades francesas solicitaron la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, mientras las suizas pidieron que se registrara un domicilio de Mallorca. En todos los casos se trataba de inmuebles vinculados a socios que dirigían o colaboraban con la red de blanqueo investigada, vinculada a la aerolínea Plus Ultra.
Con el registro de estos domicilios, la Fiscalía Anticorrupción se puso tras la pista de la compañía Plus Ultra para investigar si desvió fondos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le inyectó tras la pandemia y los utilizó para blanquear capitales venezolanos a través de Francia, Suiza y España. La vinculación de la aerolínea a Canarias se remonta a la crisis sanitaria de la pandemia del Covid, cuando el Gobierno canario adjudicó sin concurso dos vuelos directos a China para traer mascarillas y que fueron operados por aviones de Plus Ultra subcontratados por la empresa One Airways.
La denuncia de la Fiscalía fue interpuesta en la Audiencia Nacional, pero tras recharzarla este órgano judicial por falta de competencia, la Fiscalía se dirigió al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que ya había abierto una causa por este rescate, aunque se archivó en su momento. Fue este Juzgado el que finalmente ordenó registrar la sede de la aerolínea y detener a sus directivos.
Las pesquisas de las fiscalías de Francia y Suiza llevaron a solicitar la cooperación de España por la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que operaba en territorio español, con una actividad que suponía presuntos delitos de malversación en Venezuela y de uso privilegiado de información en Francia. La investigación sobre las actividades de Plus Ultra está aún abierta y bajo secreto de sumario, por lo que aún no ha trascendido la identidad de las personas titulares de los inmuebles registrados; entre ellos, el de Tenerife, y su participación en la trama de blanqueo que se investiga tanto en España como en otros países.
Cronología
El origen cronológico de las investigaciones se remonta a 2021 con una alerta de movimientos bancarios sospechosos detectados por la oficina de información sobre blanqueo de capitales de Suiza, que se repiten en 2023. También en 2021 las autoridades financieras de Francia (Parquet National Financier) abren su propia investigación, mientras que la Fiscalía de Ginebra dirige sus pesquisas hacia cuatro sospechosos y una empresa radicada en el paraíso fiscal de Islas Mauricio con cuentas cuyos beneficiarios tienen «sanciones internacionales». Las autoridades francesas y suizas se dirigen a la Fiscalía Anticorrupción de España para que realicen una serie de registros en inmuebles en Tenerife, Mallorca y Madrid. Tras analizar la información recabada en los mismos, es cuando la Fiscalía denuncia a Plus Ultra por utilizar el rescate del Gobierno en la trama de blanqueo y la pasa a la Audiencia Nacional, que se inhibe por estar fuera de su jurisdicción. Anticorrupción continúa pasando el expediente al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Las sospechas recaen sobre funcionarios del régimen chavista relacionados con los programas de alimentos básicos estatales, llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y ventas de oro del Banco de Venezuela. En el auto de la Audiencia Nacional se recoge que en esta presunta organización criminal operan personas extranjeras nacionalizadas españolas y, al menos, un abogado español. La investigación de estos fondos ilícitos deriva en la denuncia realizada por Anticorrupción por el presunto uso indebido de ayudas públicas españolas; concretamente, los 53 millones de euros recibidos por la compañía aérea Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021. La aerolínea figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en la venta de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad Plus Ultra en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal.
Las ramificaciones que se incluyen en la denuncia de la Fiscalía son varias, ya que también se refieren a la venta de oro por importe de 30 millones de euros a una sociedad en Emiratos Árabes y la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá. Algunos de los clientes de esta red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales tienen antecedentes policiales y judiciales en España. Asimismo, para esta actividad ilícita también se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo.
La Fiscalía considera un fraude al Estado que Plus Ultra desviara parte de las ayudas públicas recibidas a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal investigada.
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