Alcanzado el ecuador del juicio del fiscal general del Estado, las tres primeras jornadas han servido para dejar constancia ante el Tribunal Supremo -y a ante todo aquel que haya seguido las sesiones- de que el mail, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador reconocía que este había cometido dos delitos fiscales para evitar ser juzgado, habría estado a disposición de muchas más personas que el propio acusado, al menos como “pantallazo”. También han quedado claras las malas relaciones que existen en el seno del Ministerio Público, entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso, y hasta en la prensa.
Durante los tres días en los que se ha celebrado el juicio han declarado 20 testigos. En los otros que quedan lo harán 12 más, entre periodistas y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, otros dos guardias civiles comparecerán como peritos de los informes realizados en la causa en relación con los teléfonos y dispositivos de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -que en un principio estuvo imputada en el caso-, y del propio fiscal general, que procedió a su borrado.
Después de todos ellos, el miércoles día 12, declarará el acusado: Álvaro García Ortiz. Su declaración pondrá fin a esa fase del juicio y las partes elevarán a definitivas o modificarán sus peticiones de penas. Al día siguiente, todas ellas defenderán en sus informes su propuesta de prisión o de absolución. El novio de la presidenta madrileña solicita cuatro años y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), seis. En el estrado contrario, la fiscalía y los abogados del Estado que defienden al fiscal general, la libre absolución.
Hasta llegar a ese momento, el tribunal compuesto por siete magistrados y presidido por Andrés Martínez-Arrieta, ha tenido la oportunidad de escuchar cómo el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió su propuesta para alcanzar una conformidad que pasaba por admitir la comisión de dos delitos fiscales a la dirección compartida de correo de la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que se envían estos intentos de acercamiento y a la que tienen acceso cerca de medio centenar de personas. También se lo envió a un abogado del Estado, con el que ya estaba en conversaciones semejantes en otros casos.
Los fiscales
En la primera jornada del juicio, que fue el día de los fiscales, el que firmaba la denuncia, Julián Salto, aseguró que se trataba de un caso sin “enjundia” y que supo por sus superiores, Rodríguez, y la fiscal jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, que el administrador de la empresa Maxwell Cremona, era la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lastra señaló que el mismo 12 de marzo, cuando elDiario.es publicó la denuncia fiscal, Salto, en conversación informal, le señaló como probable que acabar en conformidad.
Rodríguez, por su parte, reprodujo ante la Sala el que calificó de “despectivo” comentario que le hizo Lastra al conocerse la denuncia: “Esos lo han filtrado”. La testigo entendió que se dirigía así contra la Fiscalía General del Estado, extremo ratificado por el número dos de la Secretaría General, Diego Villafañe, que atribuyó a la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior sentía hacia la Fiscalía General el malestar que mostró porque trascendiera la denuncia de González Amador.
Los periodistas
Durante las testificales, dos periodistas, José Precedo, de elDiario.es, y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, declararon que disponían del mail que dio pie a que se llamara “delincuente confeso” a González Amador antes de que lo tuviera el fiscal general, al que le llegó a las 21.59 y, junto a todos los cruzados entre el abogado y el fiscal del caso, a las 23.44, después de que Pilar Rodríguez insistiera al fiscal del caso para tenerlos, aunque para ello tuviera que abandonar el partido que estaba viendo.
Precedo aseguró que tuvo un “pantallazo” del mail, de cuya revelación se acusa al fiscal general, el 6 de marzo, junto con el expediente tributario y la denuncia. Ese día, dijo, llamó a Fiscalía General para tantear, si tenía tiempo para publicar la información con la que contaba en distintos días. Cuando terminó su testimonio planteó al tribunal “un dilema moral”.“Tengo un dilema porque sé quién es la fuente, pero no lo puedo decir, pero se está pidiendo cárcel a una persona inocente”, afirmó. Martínez Arrieta le respondió con una media sonrisa: “Una cosa es que no nos lo diga y otra que nos amenace con que la sabe”.
Por su parte, Pérez Medina explicó que disponía del contenido del mail desde las 21.54 -aunque no quiso precisar en qué formato para salvaguardar sus fuentes-, y que consultó con tres de ellas para asegurarse de que la propuesta de acuerdo, como siempre, partía de la defensa, al contrario de lo que había publicado El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo. Esta noticia provocó la movilización de la fiscalía para conseguir los mails intercambiados entre abogado y fiscal.
Para cuando llegó el turno de los periodistas ya había declarado en el Supremo el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que admitió haber enviado a un grupo de medios el pantallazo que González Amador le había enviado la víspera de un mail de su abogado. Se trataba del correo en el que el mismo 12 de marzo, tras hacerse pública la denuncia, el fiscal le hacía ver que la propuesta de conformidad “seguía en pie” y que el que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo. El político del PP aseguró que dedujo que si el acuerdo no se había cerrado ya era porque lo habían impedido los fiscales superiores y así se lo transmitió a medios próximos.
Moncloa
Por su parte, a las 8.29 horas del 14 de marzo, la entonces cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera envió un pantallazo del mail del 2 de febrero, en el que González Amador admitía haber cometido dos delitos fiscales, al que en ese momento era líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid y desmintiera a la presidenta madrileña, que la víspera había ofrecido una rueda de prensa para defender a su pareja, acusando a Hacienda de deberle a él 600.000 euros. Lobato le preguntó por el origen, porque entendía que si no lo había publicado ningún medio, se pensaría que se lo había facilitado Fiscalía.
La ahora número dos del PSOE madrileño le respondió lacónica: “Porque llega, la tienen los medios“. A continuación añadió varios mensajes para transmitirle tranquilidad: “Vamos a verlo”; “Para que estés más respaldado”; “Si es así. Te lo digo”; “Si no. La tienes en retaguardia”. El correo completo lo publicó El Plural, que fue la imagen que al final mostró el ahora senador socialista.
Cuando en octubre de 2024, el juez Ángel Hurtado ordenó el registro del despacho del fiscal general, Lobato fue a un notario a dejar constancia de cómo le había llegado el mail. Que se conociera el movimiento le costó el liderazgo de los socialistas madrileños, que asumió Óscar López, cuya número dos es la propia Sánchez Acera.
Subscribe to continue reading