El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ultima la reforma de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que tipifica por primera vez a nivel estatal el delito de violencia institucional. La norma está en la fase final de elaboración y el departamento de Sumar negocia el texto con el Ministerio de Justicia, de Félix Bolaños, para acordar el texto del anteproyecto, que implicaría reformas del Código Penal, Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
El anteproyecto de ley prevé aprobarse en primera vuelta del Consejo de Ministros en las próximas semanas y su objetivo es ampliar la protección de los menores de edad al ámbito judicial, también en procesos de divorcio de sus progenitores, en casos de violencia sexual o vicaria o en situaciones de acoso escolar. En todos estos casos, la reforma propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia persigue dotar de garantías jurídicas a los menores.
La primera línea de la norma pasa por suprimir la barrera de edad a la hora de que los jueces tengan que escuchar el testimonio de los menores de edad, algo que ahora es obligatorio únicamente a partir de los 12 años. El plan del ministerio conlleva que en los procesos judiciales, los niños sean siempre escuchados antes de decidir sobre su custodia, y también en situaciones de violencia de género. Así, tendrán que aplicarse ciertas garantías a los menores, como confidencialidad, prevención de contacto con la persona agresora o posibilidad de elegir el sexo de la persona que le entrevistará.
El segundo de los ejes es la tipificación legal del concepto de “violencia institucional”, un planteamiento que surgió a raíz del caso de Juana Rivas, tras la situación vivida por su hijo menor de edad, en las entregas a su padre, Francesco Arcuri. El departamento de Rego, en su anteproyecto de reforma, aspira también a que los niños no estén obligados a mantener contacto o verse con sus progenitores. Además, el ministerio apuesta por suspender la patria potestad de uno de los progenitores cuando recaiga sobre él una sentencia condenatoria por casos de violencia de género, sexual o vicaria.
Otro de los puntos que contempla la norma es la supresión del síndrome de alienación parental (SAP), un concepto que describe la manipulación de una de las partes sobre el menor. Se quiere prohibir esta consideración en la ley para que su empleo sea objeto de sanción administrativa.
En el ámbito judicial, aspecto que afecta al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, la reforma que propone Juventud plantea sustituir la figura del defensor judicial del menor por una nueva abogacía de infancia, con formación específica en derechos de infancia y respetuosa con los menores. Además, el plan es regular que los menores tengan derecho a un letrado independiente de la defensa de sus padres.
La reforma de la LOPIVI también quiere mejorar la protección de la infancia en el ámbito escolar y contempla ampliar el listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones como la de profesor, que implican contacto habitual con personas menores.
Las otras leyes: ley del Sharenting
La LOPIVI, ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en España en junio de 2021, es una de las principales líneas del Ministerio de Juventud, que en las últimas semanas también ha dado impulso a otra norma, la llamada ley del sharenting, un concepto que se refiere a la publicación de imágenes de familiares menores en redes sociales y su monetización. El departamento de Rego ha abierto un trámite de consulta pública previa para recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones, antes de elaborar la futura norma sobre el derecho a la identidad digital de la infancia y la adolescencia, para garantizar la protección de su imagen, intimidad y bienestar psicológico en el entorno digital.
La norma va encaminada a regular una situación sobrevenida en los últimos años, con el uso de las redes sociales y el intercambio de contenido audiovisual, propiciando una exposición pública de la vida privada de menores, tanto de forma voluntaria por parte de los adolescentes como a través de las publicaciones de sus padres. Una práctica de la que no siempre hay plena conciencia de los riesgos y que puede implicar la difusión masiva de imágenes personales susceptibles de usos indebidos.
Esta norma busca cubrir el vacío legal existente en esta materia para dotar de garantías a los menores de edad y abre un debate social que atraviesa las distintas ideologías. El plan del Ministerio de Juventud pasa ahora por lograr una norma que cuente con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario, incluido el PP.
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