Pedro Sánchez se ha desvinculado de la reunión que situaría al por entonces director adjunto de su Gabinete y hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, con la conocida como ‘fontanera de Ferraz,’ Leire Díez, investigada por integrar junto al empresario Javier Pérez Dolset una trama que pretendía presuntamente sabotear la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las causas relacionadas con el Gobierno del PSOE, y otras personas como el exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Con un escueto pero tajante “la respuesta es no”, el jefe del Ejecutivo ha negado haber sido informado por Hernando de dicho encuentro, a preguntas de la prensa en su comparecencia en Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Tanto la exmilitante del PSOE como el empresario Pérez Dolset han declarado ante el juez la presencia de Hernando, actualmente vocal en la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, en dicho encuentro. En Moncloa no ponen en duda que se haya producido y explican la presencia de Hernando por el hecho de que era portavoz del PSOE cuando saltó el caso Villarejo, el presunto objeto de la reunión. Los socialistas están personados en algunas piezas del caso Tándem, como es la operación Kitchen.
Sobre el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad atribuye en casi la mitad al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada, el Ejecutivo del Ejecutivo ha evitado pronunciarse. Sánchez se limitó a defender que el Gobierno y el PSOE actuaron con contundencia y que ahora “es el tiempo de la justicia”. “Hemos asumido responsabilidades y actuado de manera contundente”, reiteró para señalar que ahora debe esperarse al “desarrollo de esas investigaciones judiciales”.
El informe explica que en relación con las obras de cuya adjudicación se sospecha que “se habrían derivado presuntos pagos” al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García que “habrían sido gestionados por Santos” Cerdán. Ello era fruto de la existencia de “una operativa común mediante la cual Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento ante el inicio del expediente” de estas obras en concreto, por el que rubricaban “un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación”.
Los agentes de la Guardia Civil han reclamado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore la obra de los “túneles de Belate” (Navarra) al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en el caso Cerdán-Ábalos, según especifica el informe de 11 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico. La UCO hace esta petición “atendiendo a los intervinientes” en una reunión, celebrada en 2019, en la que participaron, entre otros, el ex director de Carreteras Javier Herrero y el propio Santos Cerdán.
El informe, asimismo, detalla que el PNV reclamó a través de Santos Cerdán situar a dos altos cargos en las empresas públicas ADIF y SEPE y la permanencia de otro en un ministerio tras la moción de censura de 2018. Este último sería Javier Chacón, para mantenerlo en la dirección de evevaluación ambiental del ministerio de Medio Ambiente. “Fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional”, se indica por parte de quien por entonces era secretario de coordinación territorial del PSOE y número dos en Ferraz de José Luis Ábalos.
El mismo informe señala que el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental fue el responsable de conceder el informe favorable del proyecto ‘Mina Muga’, sobre el que hizo gestiones el empresario vasco Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y “escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública”. La aprobación de la concesión minera estaba supeditada a la Declaración de Impacto Ambiental favorable, que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. “A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019 -momento en el que Ábalos ya formaba parte del Gobierno- cuando el proyecto minero obtendría la DIA favorable por parte del Ministerio”, destaca la Guardia Civil.
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