El Estatut de Municipis Rurals fue la primera ley que el Govern de Salvador Illa ordenó que empezara a tramitarse en el Parlament en esta legislatura. Era noviembre de 2024, solo tres meses y medio después de alcanzar la Generalitat, y fue toda una declaración de intenciones de un president que recuerda a menudo cómo se curtió en la política como alcalde de La Roca del Vallès. Ahora, ha llegado el momento de que se aplique un marco normativo que, por primera vez, atiende a la singularidad de los pequeños municipios. Illa presidirá una cumbre con alcaldes el 15 de noviembre en el monasterio del Món Sant Benet para dar el pistoletazo de salida.
Pero antes, las entidades municipalistas se han reunido con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, este miércoles en el Palau de la Generalitat para hacer llegar sus peticiones. De los 947 municipios que hay en Catalunya, 608 son rurales, pero dentro de esta categoría hay muchas idiosincrasias distintas. Con el nuevo estatut se pretende atender sus particularidades para garantizar su viabilidad, que pasa por más vías de financiación, simplificación administrativa y refuerzo de servicios públicos. El objetivo es fomentar que vivir en estos municipios no suponga contar con menos servicios ni reste oportunidades, algo clave para combatir la despoblación.
Albert Dalmau, gathered with the municipal entities / ACN
La norma establece, por ejemplo, un sistema de financiación propio, con fondos incondicionados e inversiones finalistas, define también qué es un “municipio rural” y cuáles deben considerarse de “atención especial” por tener menos de 500 habitantes, tener una población altamente envejecida o estar en situación de pérdida demográfica-. También prevé bonificaciones fiscales y apoyo normativo para los ayuntamientos con menos recursos. El estatut prevé que los pueblos pequeños tengan voz en el diseño y la evaluación delas políticas que les afectan, y en esa vocación se enmarca la jornada de trabajo celebrada en el Palau.
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