El Gobierno sigue sin cerrar la reparación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia más de año y medio después de aprobar el plan en el Consejo de Ministros. Una carpeta que se le está atragantando al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para quien siempre fue una prioridad que las compensaciones se asumieran íntegramente por parte de la Iglesia. Entre la resistencia que mantiene la Conferencia Episcopal y el freno en las conversaciones con el Vaticano por la muerte del papa Francisco, los retrasos se han ido acumulando. Ahora se ha decidido lanzar un último intento para llegar a un acuerdo. La intención pasa por no demorar el proceso más allá de finales de año o principios del próximo. De lo contrario no se descarta la vía unilateral.
Para ello se ultima la creación de un órgano mixto con la Iglesia, al que se pretende dar independencia y dejar como una suerte de árbitro al Defensor del Pueblo. El objetivo es que cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia. Esta última tendría voz, pero no voto en dicho órgano. El paso adelante del Gobierno coincide con la investigación por pederastia al contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, tras recibir una denuncia que lo acusa de haber abusado sexualmente de un menor de forma continuada en los años noventa, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe. Se trata del primer caso conocido en España en el que un obispo es investigado canónicamente por pederastia.
El propio plan, que recoge precisamente las recomendaciones del Defensor Pueblo, deja la puerta abierta a la búsqueda de mecanismos legales en caso de desacuerdo. La alternativa sería aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, “pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las CCAA”. Para ello habría que desarrollar un mecanismo extrajudicial de compensación.
Bolaños, el encargado de las relaciones con la Iglesia, se desplazó al Vaticano hace tres semanas para tratar esta carpeta con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Lo hizo después de que el Congreso desbloquease la ley para que no prescriba la violencia sexual en los menores, poniendo fin al plazo de enmiendas y empujando su tramitación tras casi un año. Esta misma semana, el titular de Presidencia y Justicia se reunió con asociaciones de víctimas para trasladarles el estado de las conversaciones y la hoja de ruta del Ejecutivo. Según trasladaron desde su departamento, se reiteró el compromiso de que las reparaciones sean “a cargo de la Iglesia” y que se seguirá “dialogando con la Iglesia católica para alcanzar acuerdos”.
Las asociaciones basculan entre el escepticismo, y no solo por el papel de la Iglesia en este proceso, el hartazgo y la confianza “moderada” para dar pasos hacia la que es una demanda histórica. “Para la Iglesia esto no debería ser una opción, sino una obligación”, apunta Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada. Son muchos años y reuniones con diferentes presidentes de la Conferencia Episcopal, protesta, para concluir que “ya hemos visto suficiente”.
Los obispos criticaron desde el principio que el plan del Gobierno supone un “juicio condenatorio de toda la Iglesia” e incluso deslizaron su inconstitucionalidad por cuestionar “el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”. En estos meses han puesto en marcha de forma paralela su propio ‘Plan de Reparación Integral’, con propuestas de indemnización de entre 3.000 y 100.000 euros, que en el último año ha recibido cerca de un centenar de solicitudes.
La Iglesia se debe sentar “sí o sí”
Entre las asociaciones catalanas de víctimas hay cierto consenso sobre que la “línea roja” en este proceso debe ser que el Gobierno no pague la factura. Algo que temen si se opta por la vía unilateral, ante la falta de acuerdo. Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat, incide en su oposición a la utilización de fondos públicos. La alternativa que plantean, explican avanzando que así la defenderán en el Congreso, es que el Estado la asuma en un primer momento, pero luego se descuente de la asignación del IRPF a la Iglesia.
Para Manuel Barbero, uno de los presentes en la última reunión con el Gobierno y padre de una víctima que destapó el ‘Caso Maristas’, la prioridad debe ser que la Iglesia se siente “sí o sí”, cuestionando que se pueda acabar optando por el unilateralismo. “Tienen que estar en la mesa de negociación, no pueden esconder más la cabeza”, apunta porque de lo contrario no se estaría produciendo un reconocimiento a las víctimas. La reparación, añaden, tiene que venir no tanto del Estado, sino de la propia Iglesia, para concluir que “las víctimas no pueden más”.
El Estado y la Iglesia han logrado acuerdos relativos a las inmatriculaciones de bienes, a la modificación del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos y la resignificación de Cuelgamuros, cuyo proyecto ganador se dio a conocer el pasado martes, pero siguen chocando respecto al plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo por las víctimas de pederastia.
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