El Gobierno cerrará su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica entre finales de enero y principios de febrero. Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas durante la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El nuevo modelo se llevará a una próxima reunión de este órgano multilateral para posteriormente aprobarla en el Consejo de Ministros y posteriormente arrancar su tramitación en el Congreso. “Mi idea es que antes de que acabe la legislatura el modelo esté aprobado y, a ser posible, su entrada en vigor en 2027″, ha explicado respecto a los plazos aun reconociendo su pesimismo por su impresión de que “el PP quiere ni siquiera discutirlo”. Es más, desde las comunidades autónomas ya empiezan a revolverse con esta nueva situación y ven “privilegios” en favor de Cataluña.
Sin embargo, según ha avanzado la titular de Hacienda, “ninguna comunidad saldrá perjudicada” y todas contarán con “más recursos” para la financiación de servicios públicos. Su aplicación será general, pero esto no impedirá que “se respeten las singularidades o particularidades” de cada territorio, como se ha pactado con la Generalitat. Determinadas materias se negociarán así de forma general y otras de forma bilateral.
La vicepresidenta primera también ha apuntado que “recogerá la solidaridad interterritorial de forma explícita”, pero ha evitando aclarar si contemplará la ordinalidad que exige ERC. Algo a lo que incluso evitó oponerse. Por último, tendrá como base la corresponsabilidad fiscal y el despliegue de un nuevo modelo de “gestión en red del sistema tributario”, para que las comunidades pueda recaudar ciertos impuestos.
La intención de Hacienda respecto al modelo de financiación pasaba por tratarlo de forma genérica en este encuentro, sin aterrizar en la letra pequeña de la propuesta que prepara el Gobierno. Aunque está construido el esqueleto, apenas se ha trasladado durante el encuentro su arquitectura, como protestaron las comunidades del PP. “Es el cuento de la lechera”, protestaban desde la Región de Murcia porque “no se dice ni cuál va a ser la base ni los fondos ni cómo articularlo con las comunidades”. “Es un espejismo porque no ha concretado nada”, criticaba la consejera valenciana Ruth María Merino.
Sin concreciones, más allá del compromiso de aumentar los recursos de las comunidades infrafinanciadas. La propia consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ya se limitaba antes del encuentro valorar positivamente el hecho de que este asunto se fuese a poner sobre la mesa. Eso sí, recordando que este tipo de negociaciones son complejas y largas. Tras la reunión, Romero aseguró que “el sistema va a garantizar la singularidad de Catalunya y esas singularidades se van a tener que negociar de forma bilateral” y se mostró satisfecha porque encajará los criterios abordados en la última bilateral entre la Generalitat y el Estado. Concretamente, aspectos relativos a la lengua propia o a la inspección laboral. Un extremo al que se oponen en bloque las comunidades del PP.
Desde el PP insistían previamente en su rechazo, a modo de frente común, contra lo que denominan “cupo catalán”, en referencia al acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Por ejemplo, desde la Junta de Andalucía no han esperado a ver las cifras para expresar de nuevo su rechazo a la hoja de ruta planteada por la ministra de Hacienda para expresar su rechazo a la propuesta. Tras finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera andaluza Carolina España advirtió que el nuevo modelo viene precedido de “conversaciones bilaterales” con Cataluña y ha reiterado que el Gobierno autonómico “no aceptará ni la bilateralidad ni la singularidad”.
Línea similar mantenía el consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quién apostó por “la multilateralidad” en la negociación de la financiación autonómica y un rechazo a “la bilateralidad” que Montero que, a su jucio, quiere tener con algunas comunidades, a todas luces Cataluña. “Si hay algún punto en el que vamos a estar en contra es en que algunas comunidades tengan prevendas o tratamientos diferentes”, avanzó. Por Extremadura, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, demandó que el sistema “sea justo y que garantice los principios de autonomía financiera” a todos los territorios.
El Ejecutivo apuesta por una suerte de ‘café para todos’, pero también socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no esconden su temor a que derive en “privilegios” para Catalunya. El presidente socialista avisaba antes del encuentro que su gobierno no admitiría “bajo ningún concepto, ningún privilegio”.
“No hay financiaciones singulares, porque la sanidad, educación y prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegio”, defendía a modo preventivo antes de abordarse este asunto. La falta de consenso de la que se parte da cuenta de las dificultades para reformar el sistema, más si cabe a las puertas de un ciclo electoral de autonómicas que comenzará el 21 de diciembre en Extremadura y continuará con comicios previstos en el primer semestre del próximo año en Castilla y León y Andalucía. Con todo, el Ejecutivo no se resigna y apuesta por mover ficha.
Multilateralidad y bilateralidad
En el Ejecutivo ponen el foco en algunos de los principios del acuerdo sellado el pasado mes de julio con la Generalitat, como es el caso de la “suficiencia financiera”, para que sean todas las comunidades autónomas las reciban más recursos, o el equilibrio entre compaginar el marco bilateral con el multilateral.
Lo que pretendidamente se deja en el aire es al principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aportan no desciendan por debajo de su posición en el ranking de lo que reciben. Y es que se trata de una suerte de línea roja en una buena parte de las federaciones del PSOE. Un debate recurrente que ha confrontado al PSC con el resto de la organización desde la época de Pascual Maragall.
Frente a las críticas del agravio, el Gobierno se escuda en que su futura propuesta para reformar el modelo de financiación beneficiará a todas las comunidades. Se sigue así la estrategia utilizada con la condonación de la deuda, que fue pactada con ERC para Catalunya y posteriormente se encajó extendiéndola al resto de comunidades autónomas. Eso sí, acogiéndose o no de forma voluntaria.
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