El Govern balear sigue la estela de la Comunidad de Madrid y ha puesto en marcha los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo decreto estatal que endurece los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades privadas. Una vez completada la fase técnica, la Abogacía de la Comunidad será la encargada de perfilar los argumentos jurídicos de la impugnación antes de su registro formal.
El movimiento del Ejecutivo autonómico llega apenas dos días después de que el PP registrara en el Parlament una proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por Adema, y solicitara su tramitación por la vía de urgencia. Los populares justifican esta aceleración en la necesidad de “atender cuanto antes las crecientes necesidades formativas de los estudiantes de Baleares”.
El Govern siempre ha defendido la necesidad de “no poner palos en las ruedas” a las universidades privadas que quieran instalarse en Baleares. El conseller de Educación, Antoni Vera, aseguró hace unas semanas que la implantación de este tipo de centros suponen un “avance” en la oferta de formación universitaria en Baleares, porque las titulaciones previstas responden a una alta demanda y una gran necesidad de profesionales en el archipiélago.
“Chiringuitos”
El decreto del Ministerio de Universidades, que el propio departamento defiende como un instrumento para contener la proliferación de las llamadas “universidades chiringuito”, fija condiciones más exigentes para garantizar estándares mínimos de calidad docente e investigadora. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha criticado reiteradamente que la norma se haya aprobado “de manera unilateral” y sin un proceso de negociación real con las comunidades autónomas, competentes en el desarrollo normativo universitario.
Entre los aspectos más controvertidos, el Govern subraya la exigencia de contar con al menos 4.500 estudiantes para autorizar una nueva universidad, un umbral idéntico para todas las autonomías “con independencia de su tamaño poblacional”, algo que el conseller considera que “no tiene sentido” en territorios insulares como Baleares.
El Ejecutivo balear argumenta que estas imposiciones cuantitativas, junto con los elevados requerimientos de inversión investigadora, resultan “desproporcionadas” para comunidades con menor masa demográfica. Añade, además, que la falta de consenso en la elaboración del decreto resta legitimidad al texto y que su aplicación podría consolidar barreras de entrada para nuevas iniciativas universitarias, limitando la diversidad de la oferta formativa y dificultando el acceso equitativo del alumnado en las Islas.
CEU San Pablo
Uno de los principales proyectos educativos es el CEU San Pablo, que desembarcará en Mallorca el curso 2026-27 en el antiguo Riskal. Esta misma semana, el vicepresidente del Gover, Antoni Costa, aseguraba que “no está bloqueado y sigue adelante” pese a que cayera el decreto de proyectos estratégicos en el Parlament. “Con la aprobación inicial del decreto ley por parte del Consell de Govern y el acuerdo específico posterior se cambió automáticamente el suelo a uso educativo. Por tanto, interpretamos jurídicamente que el proyecto podrá seguir adelante con total normalidad”, recalcaba el número dos de Marga Prohens.
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