El Gobierno no solo presentará los Presupuestos pese al rechazado anunciado por Junts, sino que también tratará de desatascar algunas de las normas del plan anual normativo para 2025 pendientes de llevar al Consejo de Ministros. Entre ellas, destacan la reforma de la ley de publicidad institucional, la reforma de la ley de financiación de partidos, la ley de democracia en la empresa o la ley de juventud, que evitarán ponerse en cuarentena. El plan anual normativo “no se revisará” ante la nueva coyuntura abierta tras la decisión de los posconvergentes de romper con el Gobierno, trasladan fuentes del Ejecutivo. En Moncloa reconocen que los de Carles Puigdemont están cerrados a negociar, pero apuntan que eso “no quiere decir que votarán en contra de todo”.
Para mantener su hoja de ruta, los socialistas se agarran a que los de Carles Puigdemont no han anunciado un “veto total” ni tampoco puesto sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura, para lo que necesitarían sumar sus votos a PP y Vox. Tampoco han instado a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, incluso, convocar elecciones. “Nosotros seguiremos nuestra hoja de ruta”, señalan para diferenciar entre el Ejecutivo, que no dejará de llevar proyectos al Consejo de Ministros, y el legislativo, donde avisan que el mandato salido de las urnas “es entendernos”.
El jefe del Ejecutivo deberá dar cuenta en su comparecencia de este miércoles en el Congreso de las últimas cumbres internacionales, la situación de los servicios públicos y la corrupción, pero también del “bloqueo legislativo” tras el último paso anunciado por Junts de rechazar hasta una cincuentena de normas en tramitación o pendientes de debatir. Un nuevo asunto que logró incluir el PP a última hora con el apoyo unánime de la Junta de Portavoces.
Pedro Sánchez ya rebajó el pasado viernes las consecuencias del nuevo paso de Junts al asegurar que “el Gobierno continuará su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027″. “Con nuevos presupuestos o sin presupuestos”, defendió para apuntalar su convicción y esquivar el foco de la responsabilidad que algunos de sus socios le colocan ante la amenaza de impasse de la legislatura. Si bien concedió que “me tomo muy en serio lo que dicen los grupos”, acto seguido defendió que “el esfuerzo merece la pena” para dibujar un contexto de crecimiento económico y paz social y territorial.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, volvía a recurrir este martes a la fórmula de que “muy próximamente” se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), paso previo a la aprobación de la senda fiscal sobre la que elaborar el proyecto de Presupuestos. Sin concretar fechas ni explicar el retraso acumulado sobre el mandato constitucional de presentar las cuentas antes de que remate el mes de septiembre. Asimismo, ponía como ejemplo los “imputs positivos” respecto al anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros para reducir las ratios de alumnos en primaria y secundaria y las horas lectivas del profesorado para mostrarse confianza de que seguirán saliendo adelante sus iniciativas.
Misma línea defendió el ministro Óscar López en un acto organizado por siglo XXI en el que insistió en que el Ejecutivo “mantiene su capacidad de diálogo” y que, pese a los deseos de la oposición, “este Gobierno no acaba de caer” y es el más estable en el contexto europeo. Es más, ahondó en la idea de que es “volundad” del Ejecutivo “presentar” los Presupuestos y negociar para su aprobación.
Sin prisas para los Presupuestos
Desde el Ejecutivo tratan de demostrar que cumplen sus acuerdos, al contrario de lo manifestado por Junts, y para ello no cesan en lanzar guiños. Si tras el anuncio de ruptura de Carles Puigdemont se puso sobre la mesa un principio de acuerdo con Alemania para abordar la oficialidad del catalán en la UE, el pasado jueves se movió ficha para desbloquear la ley de Junts sobre multirreincidencia.
Una de las medidas que Carles Puigdemont mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Con el foco puesto en la inseguridad ciudadana, esta iniciativa es crucial para Junts en un contexto de avance en las encuestas de su nuevo competidor electoral Aliança Catalana.
El Gobierno gana tiempo, sin prisas para llevar a votación las cuentas públicas, mientras se acerca un ciclo electoral de comicios autonómicos que habitualmente ya interfiere en la agenda legislativa. A las elecciones extremeñas adelantadas para el próximo 21 de diciembre le seguirán las de Castilla y León y Andalucía, previstas para los meses de marzo y junio, respectivamente. Un escenario por el que Moncloa ya ha decidido posponer la Conferencia de Presidentes que se iba a celebrar a final de año en Asturias.
La imagen de tranquilidad que desde el Gobierno tratan de transmitir choca con los reiterados avisos de Junts. Si en público insisten en el bloqueo, con la presentación de enmiendas a totalidad a las leyes de PSOE y Sumar, en privado fuentes parlamentarias de Junts aseguran que no ven margen para reconducir la relación y concluyen que “se ha acabado” y que “la ruptura es absoluta”.
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