La denuncia presentada por el PSOE de Algeciras ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde y senador José Ignacio Landaluce, que ya ha tenido como resultado que el veterano barón del PP abandone todos sus cargos orgánicos y se dé de baja temporalmente como militante, abre distintos escenarios jurídicos, determinados fundamentalmente por su condición de aforado y por la valoración que el Ministerio Público realice de los hechos relatados. Al ser senador, cualquier investigación penal contra él corresponde exclusivamente al Alto Tribunal. El procedimiento se inicia con un examen preliminar, un filtro clave en el que la Fiscalía determina si es competente y si los hechos descritos presentan apariencia delictiva. A partir de aquí, se abren varios caminos posibles. Este es un resumen de los escenarios que Landaluce y su defensa tiene por delante en los próximos meses:
Primer escenario: archivo inmediato
La Fiscalía puede archivar la denuncia sin abrir diligencias si considera que los hechos no son penalmente relevantes, que el relato no aporta indicios suficientes o que el contenido es insuficiente para activar un proceso. También podría archivarla si entiende que los hechos, aun siendo irregulares, no constituyen delito. En este escenario, el recorrido de la denuncia que ha presentado el PSOE de Algeciras, en concreto por Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, secretaria general y vicesecretaria de Acción Política del PSOE de Algeciras, respectivamente, terminaría en este punto y solo podría reactivarse si el PSOE presenta una querella formal directamente ante el Supremo.
Segundo escenario: apertura de diligencias de investigación
Si la Fiscalía percibe elementos que justifican un análisis preliminar puede abrir diligencias de investigación. Esta fase no implica imputación; es un mecanismo técnico para verificar si existe base penal.
Durante estas diligencias, la Fiscalía puede solicitar documentos, pedir informes policiales, requerir datos a administraciones u organismos y verificar la autenticidad y relevancia de los materiales aportados. El plazo inicial es de seis meses, pero aquí surge un elemento esencial: la posibilidad de prórroga.
En este supuesto, el fiscal que se haga cargo del asunto podrá, si lo estima, llamar a los testigos que propone el denunciante. Además de solicitar que tome declaración, en calidad de investigado, a José Ignacio Landaluce, el PSOE de Algeciras propone que se tome declaración como testigos a Laura Ruiz y María Inés Cortés, contratadas tras las elecciones como personal eventual, a Luis Ángel Fernández, ex número 2 del Ayuntamiento de Algeciras y una de las personas más influyentes en los primeros mandatos de Landaluce como alcalde.
El PSOE propone a la Fiscalía que llame a declarar en calidad de testigo a Luis Ángel Fernández, ex número 2 del Ayuntamiento de Algeciras y una de las personas más influyentes en los primeros mandatos de Landaluce como alcalde
Además, el PSOE llama a declarar, entre otros, a Loles López, consejera de Igualdad, como máxima responsable de los conciertos en las residencias de mayores de Andalucía. Los socialistas también proponen que se llame a Alvise Pérez, eurodiputado del partido ultra Se acabó la Fiesta, el primero que publicó en su canal de Telegram una serie de pantallazos -entre dirigentes del PP y un grupo de whatsapp de concejalas subordinadas de Landaluce- que, a la postre, sirvieron de detonante para poner en el foco a este alcalde.
La prórroga de diligencias: un escenario relevante
La Ley permite que la Fiscalía solicite una prórroga del plazo de investigación si considera que necesita más tiempo para completar las actuaciones. Esto ocurre en casos con abundante documentación, declaraciones pendientes, análisis técnicos o indicios que requieren contraste.
La prórroga no significa que existan delitos, sino que la Fiscalía considera que no puede cerrar la investigación sin agotar ciertas verificaciones. Esta prórroga puede alargar el procedimiento varios meses más. Una vez concluida, la Fiscalía deberá decidir entre archivar, si no aprecia indicios suficientes, o acusar a quien estime responsable de los ilícitos que estime que se han cometido.
Tercer escenario: la Fiscalía formula querella ante el Supremo
Es el escenario más serio para Landaluce. La Fiscalía solo presenta querella cuando considera que existen indicios sólidos que justifican abrir una causa penal contra un aforado. De hacerlo, la Sala de lo Penal del Supremo debe decidir si la admite.
Si la admite, se nombra un magistrado instructor que inicia un procedimiento judicial completo: declaración del investigado, testigos, periciales, documentación y todas las actuaciones propias de una causa penal.
La instrucción concluirá con un archivo si no se aprecia delito o con el procesamiento y eventual apertura de juicio, si existen indicios suficientes. Un proceso abierto puede prolongarse en el tiempo. Por tanto, el recorrido de la denuncia dependerá ahora del análisis de la Fiscalía en un momento de enorme sensibilidad social con un asunto que enfanga el debate público y que indigna a las mujeres.
Cabe recordar que el PSOE, que anunció que acudiría a la Fiscalía el pasado febrero, ha llevado este escrito ante el Ministerio Público en un momento de máxima tensión en sus filas por los distintos casos que se le acumulan en la mesa que tienen que ver con el comportamiento inadecuado y de presuntos abusos de distintos dirigentes: de Paco Salazar al presidente de la Diputación de Lugo o el ex secretario general del PSOE de Torremolinos. Fuentes socialistas trasladan, a preguntas de este medio, que no han podido “armar la denuncia” hasta ahora, “muy compleja”, porque el Ayuntamiento de Algeciras ha estado “obstruyendo la investigación sin facilitar datos relativos a las contrataciones del personal eventual”, donde el PSOE coloca el foco de posible comisión del delito de malversación de cargos públicos por parte de Landaluce. Según el PSOE, el 22 de mayo, la portavoz municipal, Rocío Arrabal, reclamó formalmente “información sobre estos contratos”, en concreto del de Laura Ruiz, ex concejala del Ayuntamiento, y de María Inés Cortés, abogada y ex mujer del ex número 2 del alcalde algecireño, ambas contratadas como personal eventual tras las elecciones municipales de mayo de 2023. “La respuesta fue el silencio por parte del Ayuntamiento por lo que el PSOE inició un recurso contencioso-administrativo del juzgado número 2, el Ayuntamiento nos ha falicitado información pero de manera parcial”, indican estas fuentes.