El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el patrimonio de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para determinar si cobraron de adjudicaciones de obra, fue determinante para que el PP citara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El objetivo pasa porque, como máximo responsable del partido socialista, aclare cómo se hacían los pagos, quién podía recibir efectivo y si, para ello, la formación política disponía de una supuesta caja B.
Estas son las principales dudas por las que se le preguntará:
El informe de la UCO no lo menciona en ningún momento, pero la distribución de dinero en efectivo entre el entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García, ha hecho que se dispararan las sospechas de una financiación ilegal del PSOE, a través de una caja B, similar a la que sirvió en su día para que el PP pagara las obras de su sede central en la madrileña calle de Génova. Desmentir cualquier irregularidad en este sentido será uno de los ejes centrales de la declaración que ofrecerá el presidente del Gobierno.
Durante su comparecencia ante el juez Puente, el exgerente del PSOE Mariano Moreno aseguró que el efectivo salía de “una cuenta de funcionamiento”, no de la de donaciones, porque estas tienen “un control especial por el Tribunal de Cuentas”. Él solicitaba dinero al banco y “una empresa de seguridad” lo “trasladaba a Ferraz” para reintegrar el dinero adelantado por los trabajadores del partido.
En su informe, la UCO cifra en casi 95.000 euros el dinero de origen desconocido que se repartieron Ábalos y Koldo, así como los familiares de ambos, pero, además, se aprecia cómo este último y la que era su mujer, Patricia Úriz, se ocupan de la administración del dinero del primero hasta el punto de que el asesor la regañaba por intentar ahorrar dinero, como si fuera suyo y no “del jefe”, motivo por el que él pensaba que ella había entregado menos de lo acordado a Tatiana, la hija del exministro. Además, según uno de los mensajes intervenidos en el procedimiento a Koldo al menos en una ocasión, fue ella la que se desplazó a la sede del PSOE a recoger uno de los sobres con dinero en efectivo. Como aparecían sobres con efectivo, Pedro Sánchez será interrogado sobre si él mismo también cobró a través de esta vía. El jefe del Ejecutivo, en una reciente entrevista reconoció haber recibido pagos en efectivo del PSOE en “alguna ocasión”.
Según explicó ante el juez Puente este miércoles la trabajadora del partido Celia Rodríguez, como testigo, ella dejaba preparado el dinero correspondiente a las liquidaciones de gasto que se presentaban en nombre de la Secretaría de Organización. De esta forma, lo podía recoger la persona que determinaran, incluido, un mensajero o motorista. En varios momentos del interrogatorio a Rodríguez o al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, el juez deja patente sus dudas sobre el “control” que se ejercía sobre la liquidación de gastos presentada, al no comprobarse si realmente se había hecho el pago por la persona que los pasaba.
En la documentación que el PSOE entregó al Supremo se señala que entre 2017 y 2024 sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo destinados a la Comisión Ejecutiva Federal, “sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja B o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe”, especifica. De esa suma, 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezó José Luis Ábalos hasta su destitución en julio de 2021. Otros 30.797 euros se destinaron a reembolsar gastos de Santos Cerdán; 19.638 euros de Ábalos, y 11.291 euros de Koldo García.
De esta forma, los socialistas tratan de justificar las dudas que plantea la UCO sobre las liquidaciones en metálico reflejadas en los mensajes interceptados en los teléfonos de Koldo y Ábalos que no aparecían en la documentación que fue entregada por el partido con anterioridad. El representante legal del PSOE, el abogado Alberto Cachinero, considera que “pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información”, en alusión a Ábalos, Cerdán y García.
Gran parte del interrogatorio realizado la víspera de la declaración de Sánchez en el Supremo versó sobre por qué se cambió el sistema de pago. El entonces gerente lo relaciona con la recomendación del Tribunal de Cuentas en ese sentido, pero es uno de los extremos en los que sus explicaciones no parecen convencer al juez, que le pregunta incluso por los recelos que en 2020 produce el efectivo por la pandemia de covid.
Moreno admite que entonces “todo el flujo de caja disminuyó muchísimo, lógicamente”, pero recuerda que ese año hubo dos elecciones autonómicas. Señala que justo antes se empezó a elaborar “una instrucción técnica para los pagos en efectivo” que fue aprobada “en el último trimestre” del año, momento en que se fija en 1.000 euros “el límite” para los pagos en efectivo; a partir de esa cantidad debían hacerse por transferencia.
Aunque la citación de Sánchez solo obedece al caso Koldo, se antoja muy improbable que los senadores, especialmente los del Partido Popular, no aprovechen su comparecencia para sacar a relucir las causas judiciales que afectan a su círculo más cercano: su esposa, Begoña Gómez, por la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, y su hermano, David Sánchez, por su designación como director de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, hecho por los que la jueza ya ha abierto juicio oral contra él.
A ello se suma que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, comenzará a ser juzgado la próxima semana como presunto autor de un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la difusión del correo en el que el empresario Alberto González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales para evitar ir al juicio.
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