La acusación popular unificada en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el caso Koldo ha solicitado que se expulse del procedimiento al PSOE, que se encuentra integrado entre los partidos y organismos que ejercen este papel, después de que este jueves el juez Ismael Moreno abriera una pieza separada que indaga en los pagos en efectivo que desde la caja de Ferraz se entregaron a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes.
Según señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 parte de una investigación de pagos en efectivo “que no estarían reflejados en la información oficial facilitada por el partido”, y a juicio de las acusaciones –cuya dirección letrada ejerce el PP– la situación en la que se encuentra ahora la formación liderada por Pedro Sánchez hace “incompatible” que siga ejerciendo la acción popular en este procedimiento.
“Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal”, asegura el escrito. Agrega que aunque la acusación popular no exige un interés directo y personal, “sí debe existir un interés legítimo en la defensa de la legalidad y del interés público”.
Presunto “blanqueo” de mordidas
El juez Moreno abrió la pieza separada que afecta al PSOE siguiendo indicaciones del instructor de este asunto en el Tribunal Supremo, que considera que la falta de control por parte del PSOE sobre esos pagos en metálico podría haber favorecido que Ábalos y Koldo blanquearan el dinero procedente de sus presuntas actividades ilícitas. De hecho, las pesquisas en el Supremo destaparon que algunos de los pagos en efectivo que recibieron estaban justificados como liquidaciones por gastos anticipados en la documentación aportada por el PSOE a la causa, pero otros no.
Photograph of an envelope with money sent by Patricia Úriz to her ex-husband Koldo García / EL PERIÓDICO
Tras ello, Puente tomó declaración como testigos al ex gerente Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, la trabajadora del PSOE encargada de efectuar los pagos, cuyos testimonios evidenciaron que se pagaba con la mera aportación de tickets y facturas, sin hacer las comprobaciones necesarias. Señalaba expresamente en su auto que “no quedó explicado, de manera suficiente, quien era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes, en su ámbito de actuación vinculada al partido, obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones”.
Igualmente, fue remitido a la Audiencia Nacional el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado hasta 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz por orden del comisionista Víctor de Aldama.
Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación, para que informen lo que consideren oportuno.
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