El 23 de mayo de 1975 se anunció el abandono del Sáhara, lo que generó un conflicto jurídico y político. El territorio, convertido en provincia por razones económicas y políticas, planteaba ahora un dilema: cómo permitir su independencia sin quebrar la unidad nacional. Era necesario ‘desprovincializarlo’, aunque eso exigía una compleja maniobra legal.
Al día siguiente del anuncio del abandono se empezó a organizar la evacuación del territorio. Las primeras medidas se centraron en facilitar la evacuación de las familias del personal del Gobierno General, sobre todo mujeres y niños. Los empresarios canarios con negocios en el Sáhara expresaban su preocupación por la política del Gobierno, que consideraban favorable a los saharauis y a Fos Bucraa. Aunque rechazaban abandonar el territorio, pedían indemnizaciones y ayudas para repatriar bienes o reubicarse si el Gobierno ordenaba la salida.
La tensión en el territorio era cada vez mayor. Así, muchos empezaron a enviar a sus familiares a la Península o a Canarias, donde trataban de buscar trabajo. La zona de mercancías del puerto de El Aaiún guardaba todo tipo de enseres y muebles, de forma que los empleados no daban abasto, y los artículos de primera necesidad habían aumentado su precio, mientras que los alquileres de las casas bajaban. Eso sí, hubo gente, sobre todo mucha de la que vivía en Villa Cisneros, que hasta el último momento no sería consciente de la catástrofe que se avecinaba.
Comisión de recepción
El 18 de junio de 1975, la Junta de Jefes de Estado Mayor aprobó la Operación Golondrina, plan para evacuar del Sáhara al personal civil, militar y sus bienes, y transferir la administración y soberanía del territorio. La operación estaría bajo el mando del Capitán General de Canarias, responsable de planificar, coordinar y ejecutar la evacuación.
La Comisión encargada de estudiar la evacuación del Sáhara también debía elaborar un informe sobre el traslado de los muertos enterrados allí. Primero se recopilarían datos de los enterramientos, diferenciando entre ‘restos cadavéricos’ (anteriores a 1970) y ‘cadáveres’ (posteriores). Luego se contactaría con las familias y se redactaría el informe final. El 13 de octubre la prensa canaria informó que las autoridades españolas habían distribuido desde julio cuestionarios entre los civiles del Sáhara para preparar la evacuación. En ellos se pedían datos personales y familiares, el destino elegido en caso de partida antes de la transferencia de poderes, y el volumen del equipaje, mobiliario o material a trasladar. El presupuesto de la evacuación fue de 988 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Finalmente, los gastos de la descolonización del Sáhara ascendieron a 2.450 millones de pesetas (14,7 millones de euros).
Miles de evacuados llegaron a canarias sin trabajo ni vivienda, en medio de una crisis social y económica
La Operación Pelícano se concibió como complemento de la Operación Golondrina para resolver los problemas humanos tras la evacuación del Sáhara. Su objetivo era facilitar la reinstalación de los evacuados, prever conflictos y asegurar la continuidad administrativa, económica y social durante la transición. Entre las prioridades figuraban la vivienda, el empleo y la educación, procurando mantener unidas a las familias afectadas por el desplazamiento. Un estudio sobre 720 familias (2.394 personas) reveló que 238 cabezas de familia tenían empleo y 482 no, mientras 411 contaban con vivienda y 309 carecían de ella. De ellas, 473 familias planeaban quedarse en la provincia de Las Palmas: 344 en la capital, 30 en pueblos de Gran Canaria, 40 en Lanzarote y 59 en Fuerteventura. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 211 familias tenían vivienda y 133 no; 98 tenían trabajo y 256 estaban desempleadas, predominando entre estas últimas los conductores, marineros y albañiles.
Tras décadas de vacío informativo sobre esta colonia, las luchas, atentados, secuestros por parte del Frente Polisario, los intereses de los diferentes Estados y la evacuación del territorio se convirtieron en noticia diaria de la prensa insular. La evacuación aconsejada se divulgó desde el 23 de octubre, estableciendo Iberia dos vuelos especiales diarios con destino a Las Palmas y Madrid, pero, a fecha de 27 de octubre el DIARIO DE LAS PALMAS afirmaba que la evacuación todavía no estaba organizada. Numerosos peninsulares y canarios prefirieron emprender la retirada cuanto antes, obligados a desprenderse de sus establecimientos y de algunas propiedades.
Centros de recepción
El ambiente en las diferentes ciudades del Sáhara, sobre todo en El Aaiún, era cada vez más tenso y se estableció el toque de queda. Mientras, en los diarios empezaban a leerse los ecos de la preocupación por la avalancha de personas que se avecinaban a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en medio de una crisis económica y social generalizada.
El 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones por la enfermedad de Franco, visitó El Aaiún en su primera salida de la Península. Su objetivo fue tranquilizar al ejército ante la situación prebélica. Sus palabras transmitieron seguridad y confianza, lo que reforzó la resistencia a abandonar la colonia. El 10 de noviembre, Hassan II declaró que la Marcha Verde había cumplido sus objetivos sin entrar en guerra con España y anunció su retirada. Sin embargo, los combates sí se desataron entre Marruecos y el Frente Polisario, que luchaba por impedir la ocupación del nordeste del Sáhara, ya abandonado por las tropas españolas.
La Operación Golondrina comenzó oficialmente el 3 de noviembre de 1975. La primera fase de evacuación civil forzosa se desarrolló hasta el 20 de noviembre. Se habilitaron tres centros de información y recepción -en Protección Civil, el Gobierno Civil de Las Palmas, el puerto y el aeropuerto- encargados de registrar a los evacuados, ofrecer alojamiento, comida, asistencia sanitaria y social, y traslado a los alojamientos.
Los buques de la Compañía Transmediterránea trasladaban a diario personas y pertenencias, y en el puerto se organizó un dispositivo de recepción. Más tarde se sumaron barcazas de la Armada y vuelos de Iberia. Las autoridades españolas visitaban casa por casa y sancionaban con multas de cincuenta mil pesetas (300 euros) a aquellos que no estaban cumpliendo con la evacuación. Los abundantes bienes muebles e inmuebles de españoles fueron en ocasiones abandonados, pero en otros casos, vendidos a precios de ganga a la población saharaui. Entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre de 1975 fueron evacuadas 9.078 personas, quedando en el Sáhara 1.033.
El 12 de noviembre comenzaron en Madrid las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania, que culminaron el 14 con la firma de la Declaración de Principios. En ella, España ponía fin a su presencia en el Sáhara Occidental y transfería sus poderes a una administración temporal con participación de Marruecos, Mauritania y la Yemáa. Días después, la ONU aprobó resoluciones contradictorias: una defendía la autodeterminación saharaui y otra ‘tomó nota’ del Acuerdo de Madrid, lo que supuso la renuncia a la iniciativa española de impulsar la independencia del territorio, y dio lugar a un proceso lleno de ambigüedades.
El 24 de noviembre de 1975 se ordenó abandonar definitivamente el Sáhara antes del 28 de febrero de 1976. España mantendría la administración del territorio, junto a Marruecos y Mauritania, hasta su retirada total. En los meses siguientes aumentó la tensión: marroquíes y mauritanos ocuparon viviendas de evacuados y saharauis contrarios a Marruecos. Parte de la población saharaui huyó a Tinduf, mientras que muchos hombres se unieron a la guerra, dejando ciudades con mayoría femenina. El 12 de enero de 1976 salieron las últimas tropas españolas, y los combates se intensificaron. Bajo un halo de abandono y de guerra, se produjo un cambio en la composición social del territorio cuyas consecuencias llegan hasta hoy.
Tras la salida de los españoles en la Operación Golondrina, la situación en los principales núcleos urbanos del Sáhara fue desastrosa. En diciembre, El Aaiún había sido evacuado: los bancos cerraron, Iberia suspendió los vuelos, los edificios públicos -valorados en 14.000 millones de pesetas (84 millones de euros)- fueron abandonados y las instalaciones militares -de 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros)- entregadas al ejército ocupante marroquí. A finales de enero de 1976, la ciudad estaba fuera de control, con continuos robos y saqueos por parte de Marruecos.
La evacuación de La Güera fue tan rápida que tuvo un impacto devastador, dejando la zona en estado catastrófico. La localidad quedó incomunicada por tierra, mar, aire y también por Correos y Telégrafos. Surgieron dos graves problemas de salud pública: el abandono de numerosos animales, sacrificados ante el riesgo de rabia, y la descomposición de 20.000 kilos de pescado en la fábrica Osmar por falta de combustible, con peligro de epidemia. La situación en Villa Cisneros fue similar a la de La Güera. Quedaban solo 124 españoles y la ciudad estaba incomunicada. La población saharaui quedó abandonada y sin defensa. El control pasó a marroquíes y mauritanos, lo que provocó robos y trabas a la administración española. La ciudad estaba sucia, el ayuntamiento sin fondos y el alcantarillado roto. Los médicos pedían medidas para evitar epidemias y los medicamentos no llegaban.
El 26 de febrero de 1976 España dio por terminada su presencia en el Sáhara y declaró que dejaba de tener cualquier responsabilidad internacional sobre el futuro político del territorio, al finalizar su participación en la administración temporal. También afirmó que la descolonización solo se completaría cuando la población saharaui pudiera expresarse libremente, algo que nunca ocurrió. El 28 se arrió la última bandera española mientras se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Illustration about the Green March. / Adae Santana
Los problemas con los muertos
La repatriación de los restos de difuntos procedentes de la antigua colonia también dio lugar a una fuerte preocupación. Según datos de marzo de 1976, en total fueron exhumados y evacuados 703 cadáveres procedentes de los cementerios de El Aaiún, Villa Cisneros y La Güera. De estos, en marzo de 1976, sólo 181 habían sido enterrados en Canarias y la Península, 133 se encontraban en trámite para ser enterrados y 389 cadáveres no estaban reclamados, para lo que se procedió a realizar una truculenta campaña de publicidad, que a esas alturas aún no había dado resultado y no parecía que lo fuese a dar en el futuro. De los 389 cadáveres que no habían sido reclamados, había 49 que no identificados y además, no existían datos para que pudieran serlo, recomendándose que fueran reinhumados.
En esa fecha había doce reclamaciones, que no podían ser atendidas pues no aparecían los cadáveres. Y es que se dieron dos situaciones que contribuyeron al problema que se generó con los restos mortales. Primero, en el cementerio de El Aaiún se abrieron fosas de fallecidos identificados, cuyos cadáveres no estaban. Por otro lado, en los cementerios de La Güera y Villa Cisneros hubo tumbas que no aparecieron ya que la arena las había sepultado, pero es que además, de algunas tumbas no se pudieron extraer los cadáveres debido a que habían sido cubiertas con cemento y se había formado una gruesa capa de hormigón que no se pudo romper. En el cementerio de Villa Cisneros había un espacio adosado al cementerio católico para enterramiento de marineros japoneses, cuyas sepulturas durante la evacuación fueron cuidadas y mantenidas con ofrendas de los pesqueros de esta nacionalidad, pero no se menciona qué fue de ellas.