El fiscal general del Estado ha respondido con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, de si se considera “responsable” de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. De este modo, y tras la lectura de los hechos que se le imputan a García Ortiz por parte de la secretaria judicial, ha dado comienzo el juicio que por primera vez en democracia sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles, que sigue ostentando el cargo porque ni se ha apartado del cargo ni ha sido suspendido.
Según el auto de apertura de juicio oral que dictó el magistrado instructor de la causa, Ángel Hurtado, García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, protagonizó presuntamente “una actuación coordinada e impulsada personalmente” para revelar datos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Esta es la tesis acusatoria con la que concluyó la investigación que se inició hace ahora aproximadamente un año.
La ex abogada general del Estado, Consuelo Castro, en defensa del fiscal general, ha argumentado como cuestiones previas la nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz durante la instrucción. Aporta además nueva prueba documental, entre ella mensajes en la red X del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La sala de vistas se ha ordenado en el sentido contrario al habitual. La acusación que ejerce el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones populares ocupan los estrados situados a la izquierda del tribunal, mientras que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y los abogados defensores de García Ortiz, entre los que se encuentra la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, están a su derecha. El fiscal general se sienta a su lado con toga.
Origen de la causa
El origen de toda esta causa, que algunos califican de histórica, se originó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde acudió González Amador en marzo de 2024 tras conocer que datos confidenciales de las comunicaciones entre su abogado, Carlos Neira, y el fiscal al que había correspondido su caso por fraude habían sido utilizados en una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid. Apuntaba también al fiscal general por un delito de revelación de secretos como responsable último de la filtración del e-mail completo a determinados medios de comunicación.
El asunto acabó escalando al Tribunal Supremo por la condición de aforado de García Ortiz. La defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, mantiene otro relato bien diferente: los datos revelados no vulneraron ningún secreto, puesto que ya habían sido difundidos en la prensa antes de la nota de prensa, y además la publicación de este documento obedecía a un objetivo lícito, como era combatir un bulo que tenía su origen en el propio responsable del Gabinete de Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, actuando como “aparato institucional de la Comunidad de Madrid”, habría difundido que la propuesta de pacto partía de la propia Fiscalía y después se había retirado “por órdenes de arriba”, con el fin de presentar a González Amador como “víctima” del Gobierno, según reza el escrito de defensa del fiscal general.
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