Los Colegios de Pedagogos y de Educadores y Trabajadores Sociales han reclamado este lunes en el Parlament más supervisión en el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes de Catalunya y que deje de estar “gestionado desde la emergencia”. Es una de las principales demandas de estos tres grupos de profesionales, que han comparecido durante la primera sesión operativa de la Comisión de Investigación sobre la actividad entre 2011 y 2025 de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
Además, la representante del Col·legi Oficial de Treball Social, Eva Giralt, ha denunciado que en el sistema de protección de menores catalán “se ha generado un doble sistema ‘de facto’ con los menores inmigrantes”, que a menudo siguen “un circuito diferenciado” y con “menos oportunidades de acogida familiar”. “La integración en los recursos ordinarios es una asignatura pendiente”, ha destacado Giralt.
Eva Giralt denuncia “un doble sistema ‘de facto’ con los menores migrantes”, que siguen “un circuito diferenciado”
La representante de los trabajadores sociales también ha advertido de que la DGPPIA –el remplazo de la DGAIA– no cuenta con una unidad de atención ni detección específica para menores víctimas de tráfico de seres humanos. Giralt ha hablado de “un colectivo especialmente invisible”. “Estamos atendiendo a víctimas de esclavitud moderna con recursos ordinarios, sin la protección especializada que requiere y que no existe”, ha lamentado la trabajadora social.
La transformación de la DGAIA en la Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), y la celebración misma de la comisión de investigación, son consecuencia directa del escándalo del pasado mes de mayo, cuando se descubrió que una niña de 12 años fue violada y prostituida mientras estaba bajo custodia de la Administración catalana. Pocos días después de que trascendiera el caso, la consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, anunció el desmantelamiento de la DGAIA y su reconversión en la actual DGGPIA.
Más concreción
Los comparecientes, entre otras propuestas, han pedido que aumenten las familias acogedoras, de manera que puedan reducirse las plazas de los centros de acogida hasta un máximo de 20. Se trata de una cifra orientativa que permitiría que los niños, niñas y adolescentes recibieran una “atención de calidad”, ha asegurado el representante del Colegio de Educadores Sociales, Damàs Vidal. El portavoz de los educadores ha afrimado que la reestructuración de la DGAIA en DGPPIA va “en la línea correcta, pero debe traducirse en medidas concretas”.
El representante del Colegio de Educadores Sociales, Damàs Vidal, pide que las plazas en los centros de acogida se reduzca a un máximo de 20 para garantizar la atención a los menores
En los mismos términos se ha expresado Pilar Morral, del Col·legi Oficial de Pedagogia, que ha pedido una “evaluación previa adecuada” antes de los cambios en el sistema de protección de menores para no acabar “haciendo lo mismo de siempre”.
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