David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido su absolución en la causa que se sigue contra él, el expresidente de la Diputación y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados más, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz en 2017.
Así lo solicita en su escrito de defensa que, su abogado, Emilio Cortés, ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. David Sánchez niega los hechos que les imputan las acusaciones populares, que le atribuyen los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios, su posterior nombramiento como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas y la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero, como jefe de sección de coordinación de Centros y Programas Actividades Transfronterizas del Área de Cultura de la institución provincial.
La defensa del hermano del presidente del Gobierno alega que los procesos administrativos que atañen a la adjudicación de las plazas se compadecen estrictamente con la legalidad vigente, “sin que se haya acreditado -ni siquiera indiciariamente- influencia con sesgo delictivo ni en su creación ni concesión, “y, menos, imputable a la persona de nuestro defendido”, sostiene.
Así, considera que los hechos no son constitutivos de delito alguno y, por lo tanto, no procede ningún reproche penal, sino la libre absolución.
Esta parte propone para el juicio oral, pendiente aún de fecha y que se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz, un listado de testigos y peritos, que ya declararon en la fase de instrucción, y solicita que se excluyan como pruebas los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO), al entender que la “pretendida” autorización judicial que ordenó su incautación “lesiona los derechos fundamentales de los investigados”.
El caso
El conocido como ‘caso David Sánchez’ arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo -que después se convertía en secretario general del PSOE extremeño- por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial 7 años antes.
Una vez culminada la instrucción, la jueza acordó procesar a los 11 investigados (Sánchez, Gallardo y a otros nueve cargos y trabajadores de la diputación, entre ellos el exasesor de Moncloa Luis Carrero) por prevaricación y tráfico de influencias al considerar que existían indicios de criminalidad. La denuncia por fraude a la Hacienda Pública contra el primero se archivó.
Las defensas de todos ellos recurrieron ante la Audiencia Provincial y la fiscalía hizo lo mismo, solicitando el archivo de la causa, al entender que esta se sostenía sobre «conjeturas» y no sobre indicios «racionales» de criminalidad. Antes de que este órgano judicial resolviera, Biedma acordó la apertura de juicio oral. Fue solo un día después del aforamiento ‘exprés’ de Gallardo al entrar como diputado en la Asamblea extremeña.
Pese a su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) rechazó asumir la causa al considerar que se había realizado en «fraude de ley», dando la razón a la titular del Juzgado de Instrucción número 3. Ni la fiscalía ni la defensa de Gallardo recurrieron esta decisión, por lo que el procedimiento volvió al punto en el que estaba antes de llegar al TSJEx, pendiente de que la Audiencia resolviera los recursos.
El pasado 23 de septiembre lo hizo y confirmó la resolución de Biedma, lo que significaba que los 11 investigados se sentarán en el banquillo. Los magistrados entienden que existen “indicios suficientes” sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento”.
Escritos
Biedma había solicitado a los abogados de los 11 investigados sus escritos de defensa horas antes de que se conocieran la decisión de la Audiencia desestimando los recursos presentados por el ministerio público y los imputados solicitando el archivo de la causa. La jueza daba un plazo de 10 días a las partes para presentar los escritos con las calificaciones provisionales.
Esto generó “malestar” entre algunos de los abogados, que consideran que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 había vuelto a ‘jugar’ con los tiempos, como ya hizo cuando dictó la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre los recursos contra su auto de transformación del procedimiento en diligencias abreviadas.
No obstante, según explicaron entonces fuentes judiciales, los recursos de apelación no tienen efectos suspensivos, por lo que la apertura de juicio oral continuaba su curso y Biedma solo se había limitado al solicitar los escritos de defensa a seguir con los trámites ordinarios como en cualquier otro procedimiento judicial.
En el caso de la fiscalía no habrá escrito de acusación, pues solicitaba el archivo de la causa al no apreciar delitos en los investigados.
Las acusaciones populares -a Manos Limpias se unieron Iustitia Europa, Liberum, Abogados Cristianos, Vox y el PP- piden 3 años de prisión para David Sánchez y Gallardo, a quien también reclaman que se inhabilite para ejercer cargo público durante 15 años.
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