En el último año ha ido aflorando la cascada de errores que condujeron el día de la dana de Valencia, hace ahora un año, a un escenario catastrófico con 229 fallecidos. Reconstrucciones, informes, testimonios, revelaciones periodísticas y la instrucción judicial han arrojado luz. Los agujeros en la gestión de las horas críticas de la dana pueden resumirse en cinco ejes.
1. Anticipación: una dana infravolorada
Los boletines de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaban de la llegada de un episodio complejo. En la autonomía recaen las competencias en protección civil, y el 24 de octubre de 2024 Emergencias de la Generalitat activa el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Aquel movimiento, sin embargo, no desencadenó ninguna actuación de coordinación entre administraciones o entre las propias conselleries de la Generalitat. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, sí lo hizo, cuatro días antes, ante unas previsiones de Aemet todavía difusas para la cuenca mediterránea.
Ese año, a diferencia de los anteriores, tampoco se dio un encuentro previo en septiembre, al inicio de la campaña de lluvias intensas, con todas las agencias de todas las administraciones implicadas en las emergencias. Este año 2025, tras la dana, sí ha vuelto a realizarse.
Era el primer otoño de Salomé Pradas como consellera, junto a su número dos, Emilio Argüeso. Carlos Mazón la escogió tras la salida de Vox del Gobierno regional, a quien había entregado las emergencias. Ante la jueza, Pradas reconocería su falta de preparación, más allá de la complejidad evidente de un episodio meteorológico inaudito y con varios escenarios que desbordó el músculo operativo de la Generalitat, tal como lo definió un técnico.
La víspera del 29-O, el número dos de Emergencias se sorprende de que algunos alcaldes suspendan clases. A las 21.41 de la noche escribe a la funcionaria de mayor rango en ese momento: “¿De esto sabemos algo? Es que la información que nos llega del 112 no es tan grave”.
En la mañana de la tragedia, tampoco parece que se observaran los acontecimientos con gran ansiedad. Mazón, cuyo núcleo duro se marchó ese día de la ciudad, incluso ironizaba a las 13.45 horas con la suspensión de clases en la Universitat de Valencia, según asistentes a una reunión con los agentes sociales que celebró en el Palau, antes de la comida con una periodista en El Ventorro. Con Pradas, con quien coincide a las 9.00 horas en el pleno del Gobierno valenciano, Mazón no hablará hasta las 17.37 horas, con Utiel devastada y Chiva inundándose.
La nula anticipación, sobre todo, se observa en el retraso de la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Tras el pleno del Ejecutivo regional de esa mañana, con casi toda la provincia de València en aviso rojo (9.41 horas), Pradas aparece por el centro de emergencias a las 12.30, aproximadamente. La ponen al día. El teatro de operaciones de aquella tragedia ya está dibujado a esa hora: dos alertas hidrológicas, en el Magro y el Poyo, y los bomberos movilizados para vigilar cauces, anota Pradas. A las 13.59 la exconsellera todavía está el Cecopi frente a unas pantallas que ya muestran casi 6.000 llamadas.
La consellera se fue a Carlet con Argüeso, en una comarca (Ribera) donde la dana golpeaba con fuerza desde la madrugada. Allí vieron “barrancos a punto de colapsar”, como narró Argüeso en un grupo de whatsapp. Eso, más las noticias que llegan de Utiel, hace tomar conciencia a la consellera. Desde el despacho de la alcaldesa de Carlet, a las 15 horas Pradas eleva el nivel de emergencia para la comarca de Utiel Requena, moviliza a la UME, y convoca el Cecopi que facilitará la coordinación por primera vez con todos los órganos competentes. Para las 17 horas. Diez horas después del primer aviso rojo.
Para esa hora, casi todo está perdido. Comenzará una gestión a remolque, por detrás de la dana. A las 17 horas, en Utiel ya solo un helicóptero puede volar, los accesos están cortados, hay ciudadanos en los tejados y se teme el riesgo de hipotermia. A esas mismas 17 horas, en el otro frente, en las cabeceras de los barrancos que desembocan en l’Horta Sud, cae un diluvio bíblico. Chiva comienza a inundarse.
Con todo, instituciones como la Diputación, la Universitat de València o algunos ayuntamientos sí suspendieron clases, adelantaron el fin de la jornada o dieron recomendaciones de autoprotección, como Carlet, de subir a plantas altas, o pedir a las empresas que adelantaran el cierre esa jornada, como Riba-roja.
2. Coordinación: ‘apagón’ entre administraciones
El aviso rojo de Aemet desencadenó una reunión de urgencia esa mañana de la Delegación del Gobierno con las agencias estatales y los cuerpos de seguridad. Pero aquella mañana hubo poca comunicación entre la consellera Pradas, ‘mando único’ desde que se decreta el nivel 2, y la delegada del Gobierno. Se cruzaron algunas llamadas. Pilar Bernabé ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 12.23 horas. Pradas no la pidió hasta dos horas y media después.
Miguel Polo (CHJ), at the state coordination meeting that morning. / Levante-EMV
Tampoco facilitó la comunicación que varios representantes del Estado, como la delegación, Aemet o la CHJ, siguieran la reunión del Cecopi por videoconferencia, dada la premura de la convocatoria, en algunos casos. Además, hubo varios ‘apagones’ en este órgano. “Periodo de trabajo exclusivamente presencial”, justifica el Gobierno de Mazón, que niega los recesos.
La parada clave fue de 18 a 19 horas, cuando comienza a gestarse el Es Alert. “Aquí seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión”, informa por whatsapp a las 18.58 horas José Ángel Núñez, de Aemet, a otro compañero. Tanto la Generalitat como la defensa de los dos investigados han insistido en la idea de una dirección compartida y la corresponsabilidad de las decisiones del Gobierno.
3. Vigilancia: ¿quién observa el Poyo?
Dada la mortalidad en l’Horta Sud (202 víctimas), la falta de atención a los barrancos del Poyo, Horteta o Gallego se convierte en el gran agujero negro de la tragedia. Esa mañana, un aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) motivó que se activara una alerta hidrológica a las 12.20 en el barranco del Poyo. A las 13.48 horas, el helicóptero del Consorcio ya participa en el salvamento a un conductor atrapado en la rambla, a la altura de un polígono industrial de la zona de Quart de Poblet.
Note in Coordcom, at 12:48 p.m. on October 29 / Levante-EMV
A petición de Emergencias, el Consorcio de Bomberos activó una vigilancia presencial de los forestales en el Poyo, pero fue retirada a las 14.43 horas tras constatar una bajada de caudal a la altura de Riba-roja. Ni se mantuvo la observación, ni se volvió a enviar efectivos aunque la alerta hidrológica seguía activa. Un técnico de Emergencias aseguró a la jueza que tras esa retirada se quedaron “a ciegas”. Según parece, no se informó de que había sido retirada ni se registró en el CoordCom (el sistema que recoge toda la información de las emergencias para que todas las agencias estén al tanto).
La información que facilitó o no facilitó esa tarde la CHJ, que estuvo centrada en la crisis del embalse de Forata, se ha convertido en el centro de una batalla de relatos. La defensa de Pradas y el Ejecutivo de Mazón sitúan la cuestión “nuclear” en los correos que no envió la CHJ hasta las 18.43 horas, cuando se avisa de que el caudal del Poyo se ha disparado hasta los 1.680 m³/s.
La jueza, no obstante, tiene claro el escenario: era la Generalitat la responsable de activar la vigilancia presencial por diferentes medios; de observar los datos en tiempo real de la CHJ; de interpretar los múltiples correos que llegaron en las horas críticas sobre la intensa lluvia en la cabecera del Poyo (seis avisos entre las 16.36 y las 18.34 horas, según reconoce un informe de Emergencias), o de reaccionar ante las llamadas de socorro que llegaban desde antes de las 17 horas en Chiva, dos horas antes de la gran barrancada en l’Horta Sud. A las 16.40, un vecino de ese municipio llama al 112: “El agua está empezando a entrar en la vivienda”. Desde las 17 horas, la centralitat vive una avalancha solo desde Chiva. “No se entiende que el día 29 de octubre, no se movilizara recurso humano alguno”, ha escrito la jueza.
Diversos vídeos e informes constatan que la Generalitat asumía la vigilancia de los cauces. Las anotaciones que tomaba la consellera a las 12.38 horas; las explicaciones que le dan los técnicos antes de las 14 horas sobre el riesgo de las escorrentías (“No es la lluvia en sí, sino lo que lleva el barranco. Eso es lo que nos está preocupando”); o las declaraciones, pasadas las 15 horas en À Punt, del subdirector general de Emergencias, Jorge Suarez, explicando que estaban pendientes del Poyo.
Emergencias, además, pidió a la Conselleria de Medio Ambiente en la víspera de la catástrofe (el 28 de octubre) que se movilizaran los agentes medioambientales. Fue denegado. Con todo, el mismo día 29, fue Medio Ambiente quien los ofreció, aunque no se les movilizó desde el 112 y muchos de los efectivos se desplegaron por su cuenta. Emergencias activó a los citados bomberos en la mañana del 29-O, e incluso se les pidió específicamente que prestaran atención al barranco en Paiporta. Pero fueron retirados antes de las 15 horas. Ese día parece que no había debate sobre las competencias.
4. Indecisión: el Cecopi como “una burbuja aislada”
En un demoledor auto de abril de 2025, la jueza dibuja la escena como una “burbuja aislada del mundo exterior”: “Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi. Un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València”.
Parece que el Cecopi ni coordinaba, ni fue operativo, ni estaba integrado. Diversos testimonios han coincidido en esa falta de diligencia a la hora de las decisiones. “Veías pasar el tiempo y que no funcionaba”, señalaba un técnico. “Enviad la alerta de una puta”, levantó la voz Vicent Mompó, pesidente de la diputación, ante la dilación en lanzar el Es Alert. Miguel Polo, presidente de la CHJ, dijo a la juez: “Se estaba improvisando qué hacer”; “cuanto menos hablaras era mejor porque en todo se liaban ellos mismos“. Se sorprendía de la “parsimonia” que veía porque en la CHJ “estaban todos atacados”. “Nuestra sorpresa fue que a las 19 horas no se había enviado ningún mensaje, en la CHJ gritamos para que lo envíen”, contó Polo.
Sorprende, también, el relato de los investigados que señala que la información de las miles de llamadas al 112 no llegaba al Cecopi. “Es imposible que no se traslade la información que los trabajadores del teléfono del 112 recabamos. Es imposible que no llegue a los organismos que están dentro de los protocolos porque todos utilizamos el mismo sistema de comunicaciones”, contradijo una trabajadora del servicio. Los ciudadanos, de hecho, llamaban desesperados a los medios en esos minutos críticos.
5. El Esalert, “tardío y erróneo”
Es el núcleo de la investigación de la jueza por homicidio imprudente, la falta de avisos a la población para que tomara medidas de autoprotección. “Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí“, dijo en un auto.
Pradas, en el ojo del huracán tras la dana, se puso delante de las cámaras de À Punt para decir que supo de la existencia del Es Alert a las 20 horas. La afirmación ha quedado ampliamente desacreditada. El sistema ya había sido ensayado, los técnicos habían recibido cursos y hasta se había creado una biblioteca con modelos de avisos. Pero había muchas reservas sobre el uso de una herramienta nunca utilizada en una emergencia real, opiniones contradictorias entre los técnicos, según Pradas.
Al inicio del Cecopi, pasadas las 17 horas, el funcionario Jorge Suárez avisa de la existencia del sistema y la posibilidad de enviarlo dado el panorama en Utiel. Polo, de la CHJ, también sugirió un aviso masivo a la población, se entiende que a la comarca de la Ribera Alta, por la situación del embalse de Forata.
La consellera parece convencida del Es Alert porque hay un ‘fundido a negro’ a las agencias, supuestamente para prepararlo. A las 18.36 horas, el técnico de Emergencias que validó el mensaje recibe la primera notificación para su envío. Pero todo avanza despacio. A las 19 horas, Suárez lee un mensaje a los presentes, un borrador que finalmente no se envió. Pradas da órdenes para que se incluyan algunas referencias en el texto. Siguen las deliberaciones. Pasarán 70 minutos hasta su envío, a las 20.11, a una hora en que ya era tarde, y con un contenido que resultaba inútil: “Se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia”.
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