Los 946 millones del Fondo de Solidaridad que llegarán desde la Unión Europea para compensar los daños de la dana, una vez reciban el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo, no llegarán como un simple ingreso económico sino que tendrán en su propia aprobación un señalamiento a las “responsabilidades políticas” que, remarca, ha habido, tanto en la “gestión como en la prevención” de la dana ocurrida hace más de un año y que provocó 229 muertos en la provincia de Valencia.
Así constará en el dictamen que permite movilizar esta cuantía del Fondo de Solidaridad después de la enmienda propuesta por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, que se aprobó en la Comisión de Presupuestos, el penúltimo paso antes de recibir el aval de la eurocámara. En concreto, en esta enmienda incorporada al informe que recibió 31 votos a favor y una abstención, se reconoce que existen “responsabilidades políticas directas en la prevención y la gestión de desastres naturales” en todos los niveles administrativos.
“La Unión acoge con satisfacción la decisión como una forma tangible y visible de su solidaridad con sus ciudadanos y las regiones de las zonas afectadas. Si bien estas medidas no pueden sustituir la responsabilidad directa de las autoridades locales, regionales y nacionales en la prevención y gestión de los impactos climáticos”, señala el texto que figurará en el dictamen que se votará la próxima semana en Bruselas.
“Muchas de las muertes que lamentamos el 29 de octubre eran evitables. En el País Valenciano tenemos claro que el que vivimos con la DANA no fue una crisis que se podía haber previsto, y queremos que Bruselas ponga sobre la mesa esta responsabilidad a todos los niveles, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos autonómicos y estatales”, ha señalado por su parte Marzà, autor de la enmienda incorporada a un dictamen que, por otra parte, se encargó de elaborar la ponencia Sandra Gómez, eurodiputada socialista.
Vicent Marzà intervenes in the European Parliament. / Alain Rolland/Parlamento Europeo
El dictamen de la comisión también incorpora el principio de reconstrucción resiliente, conocido como “build back better”, a propuesta del eurodiputado valencianista. Se trata, según señala Marzà, de “reconstruir mejor, de reparar los daños sin repetir los errores del pasado y con infraestructuras más seguras” porque, agrega, “de nada sirve reconstruir en zonas inundables; si no cambiamos la manera como actuamos, volveremos a ver los mismos desastres”.
Además, el texto aprobado destaca la necesidad de incrementar con urgencia las inversiones en adaptación y mitigación climática, así como en preparación ante emergencias, de forma que los fondos europeos no solo reparan los daños sino que ayudan a prevenirlos. Para Marzà, que todas estas aportaciones hayan quedado recogidas al dictamen “marca un posicionamiento europeo claro y refuerza la necesidad de trabajar por un territorio más seguro y resiliente, con responsabilidad política y mirada de futuro”.
18.800 millones en daños
En este informe se indica que entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, “una tormenta que provocó fuertes lluvias golpeó toda la Comunidad Valenciana, lo que provocó graves inundaciones”, unos daños que, indica, afectó a 2.600 viviendas y una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados; “miles de hogares quedaron sin electricidad, agua potable ni servicio telefónico, y se produjeron daños significativos en las infraestructuras y los bienes públicos”, recuerda que más de 170 centros educativos y más de 50 centros sanitarios se vieron afectados y que murieron 229 personas.
Con todo ello, el informe expresa que la Comisión Europea “estima los daños directos totales causados por la catástrofe en 18.080 millones de euros”. “Este importe supera el umbral de “catástrofe natural grave” para España del 0,6% de su renta nacional bruta, que ascendía a 3.960 millones euros en 2025. Por lo tanto, la catástrofe puede considerarse una “catástrofe natural grave” con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento FSUE”.
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