Junts aprieta, pero no ahoga. Los posconvergentes salvarán de su “bloqueo” algunas de las normas del Gobierno comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos millonarios del plan de recuperación. La principal es la ley de movilidad sostenible, de la que depende el próximo desembolso de 10.000 millones. Los independentistas catalanes tampoco vetarán la ley del cine, otra de las normas que forman parte de los hitos y objetivos que la Comisión Europea exige a España para mantener el flujo de los denominados Fondos Next Generation EU aprobados tras la pandemia. La ley de atención a la clientela, la de economía social y el real decreto de la ELA son otras de las normas que pasarán al filtro al tratarse de acuerdos ya cerrados con los posconvergentes.
Por el contrario, si Sánchez no mueve ficha en los acuerdos pendientes con los de Carles Puigdemont, Junts bloqueará más de una cincuentena de normas entre las que están tramitadas o las pendientes de debatir, como anunció este jueves la portavoz Míriam Nogueras. Entre ellas, forman parte del plan de recuperación la ley de industria y otras incluyen transposiciones de directivas europeas, como la ley de familias. Un paso más en la materialización de la “ruptura” con el Ejecutivo que avalaron las bases del partido hace una semana por el incumplimiento de compromisos de investidura.
Más allá de los Presupuestos, sobre los que Junts ha avanzado también su rechazo, los fondos europeos son el comodín del Gobierno con el que mantener a flote la legislatura. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a estos fondos como unos “presupuestos bis”. El flujo de los desembolsos rematará a finales de 2026.
Aunque el Gobierno ha hecho descansar en el flujo de los fondos europeos del plan de recuperación una de las principales garantías para gobernar con los Presupuestos prorrogados, ya ha recibido algunos varapalos esta legislatura. No por Junts, sino por Podemos. El rechazo de los morados a la subida del impuesto al diésel, junto a PP y Vox, ya tuvo consecuencias el pasado mes de julio. El quinto pago de los fondos se recortó en alrededor de 1.100 millones, principalmente por no cumplir con esta reforma fiscal dentro del calendario pactado con la Comisión Europea.
Por el momento, en el Gobierno vuelven a minimizar las consecuencias del órdago de Junts y apelan a la “tranquilidad”. Su respuesta sigue siendo la de “mano tendida”. “Seguimos con la misma actitud” y “abiertos a seguir ley a ley, negociando, avanzando y consiguiendo los consensos necesarios”, explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones ante los medios desde Valencia tras conocerse el paso dado por los posconvergentes.
“El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Catalunya y en el conjunto de España”, sostenían fuentes del Ejecutivo. Desde Ferraz apuntaban por su parte a través de un comunicado que “el PSOE y el Gobierno cumplen con lo pactado. En aquello que depende de nosotros, estamos cumpliendo con lo acordado. En los compromisos que requieren la participación de otras instituciones, seguimos trabajando para que también se cumplan”.
Moción de censura
Sin una moción de censura sobre la mesa, para la que Junts debería unir sus votos a PP y Vox, los socialistas entienden que existe margen para reconducir la situación. Algo que contradicen en Junts. “La ruptura es absoluta, ni diálogo ni negociación, ni Presupuestos”, señalaban fuentes parlamentarias de la formación de Carles Puigdemont. Su pretensión pasa por girar el foco de la responsabilidad sobre Pedro Sánchez, dejando la pelota en su tejado para que sea quien mueva ficha ahora, en lugar de minimizar la ruptura.
Para la supervivencia del proyecto de este Gobierno de coalición se hace así más acuciante cumplir con las reformas vinculadas a los fondos UE que a aprobar nuevos Presupuestos. De hecho, se enarbola el carácter expansivo de las cuentas prorrogadas de 2023 y la capacidad no solo para mantener, sino para reforzar el Estado de bienestar, normalizando la anomalía parlamentaria de ni siquiera haber presentado unos presupuestos en esta legislatura, pasado su ecuador.
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