La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, contra el auto de procesamiento dictado contra el empresario por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de practicar más prueba de descargo, pero los magistrados le responden que éstas no son “ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación”, y ratifican la decisión de sentarle en el banquillo.
En todo caso, y al no tratarse de recursos de carácter suspensivo, el procedimiento siguió su curso y el pasado mes de septiembre la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que había asumido provisionalmente la causa al jubilarse la primera instructora, Inmaculada Iglesias, dictó la apertura de juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los ya señalados incorporó el de organización criminal. Contra esta segunda resolución no cabe recurso, así que tras despejarse la incógnita de los reparos puestos al auto de procesamiento la celebración de un juicio contra el empresario por fraude a Hacienda ya es firme.
En el auto en el que proponía que el empresario fuera juzgado, y que ahora se confirma, la jueza incidía en que Alberto González Amador habría actuado siendo “conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria” y agrega que también encuentra indicios suficientes para procesar a sus socios por la facturación falsa empleada para perpetrar los delitos.
La causa comenzó a investigarse en marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Madrid denunció al empresario por en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL. Le atribuía indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. La filtración de uno de los correos que la defensa del empresario intercambió con el primer fiscal del caso buscando un acuerdo de conformidad ha terminado sentando al fiscal general del Estado en un juicio ante el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Costa de marfil
La defensa propuso unas testificales para confrontar las conclusiones del auto de procesamiento, pero la Audiencia las rechaza porque pretenden completar de forma extemporánea un informe tributario. La defensa trataba de acreditar una relación empresarial o comercial en la que habría participado la pareja de Ayuso junto a su socio Maximiliano Eduardo Niederer, así como un viaje en el 2021 a Costa de Marfil para realizar unos negocios. Según la Sala, la práctica de estas diligencias tendría “escasa virtualidad práctica para neutralizar los indicios” que se acreditan contra la pareja de Díaz Ayuso por la Agencia Tributaria.
The partner of the president of the Community of Madrid, Alberto González Amador. / Mateo Lanzuela – Europa Press
Así, en un segundo auto de denegación de prueba. al que también ha tenido acceso esta redacción, la Sala alude a una factura por importe de 922.585,63 euros emitida el 16 junio 2021 por la sociedad de Costa de Marfil Gayani LRT, por la intermediación de la venta de vacunas COVID-19 a las autoridades sanitarias de Costa de Marfil.
Lo que ocurre con este documento es que la “contabilización del gasto se produjo el día 1 de octubre de 2021” cuando la empresa presuntamente defraudadora, Maxwell Cremona S.L. “ya era conocedora de que la operación de venta no se iba a producir dado que se había publicitado quienes eran los adjudicatarios del contrato con las autoridades sanitarias del país”. Igualmente, la Sala alega al silencio de González Amador cuando ha sido llamado a declarar en este procedimiento.
En todo caso, la Audiencia concreta que, “si la causa avanzase hasta la apertura del juicio oral”, como se ha producido, “la defensa del investigado pueda proponer en su escrito de defensa la práctica como pruebas en el plenario de lo que ahora propone como diligencias instructoras“.
A todo ello se suma que el empresario tiene aún otra pieza abierta en el mismo Juzgado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal cuya instrucción apenas ha comenzado, que es la que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar comisiones irregulares e ingresos procedentes de Quirón.
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