Dos semanas después de que se avanzase el fallo condenatorio al fiscal general sigue sin conocerse la sentencia. Una anomalía por la que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a apremiar al Tribunal Supremo para que “la conozcamos cuanto antes”. “Sería una buena noticia”, ha apuntado durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Senado, señalando la necesidad de conocer la sentencia completa y los votos particulares.
Bolaños ha evitado repetir la posición del Ejecutivo sobre el fallo, “ya conocida”. Esto es, su discrepancia, aunque respetando la decisión. De hecho, ya se puso en marcha el proceso para relevar al dimitido Álvaro García Ortiz y nombrar al frente de la Fiscalía General del Estado a Teresa Peramato. Precisamente, Peramato comparecerá este mediodía en la comisión de Justicia del Congreso, momento tras el que se podrá aprobar el real decreto de su nombramiento para su publicación en el BOE. El CGPJ ya ha emitido el informe favorable a su idoneidad.
Mientras no se culmine este relevo, sigue al frente de la institución Álvaro García Ortiz. Su inhabilitación, avanzada por el fallo condenatorio del Supremo, no será firme hasta que se conozca la sentencia.
Si el Ejecutivo dejó la puerta abierta a un recurso al Tribunal Constitucional desde el primer momento, Sánchez iba un paso más allá este martes. Durante una ronda de entrevistas para lanzar nuevos guiños a Junts, el jefe del Ejecutivo dijo mostrarse convencido de que otras instancias firmarán resoluciones “diferentes” al Supremo. Ya tras conocerse el fallo sostuvo que serán “otras instancias” las que deberán “dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos”.
El choque de trenes del Gobierno con el Supremo ha quedado patente en las críticas al fallo por parte de ministros socialistas, deslizando acusaciones de guerra sucia judicial o ‘lawfare’. La sentencia y la reacción del Gobierno agranda así una disputa entre poderes que viene de lejos y ha tenido en la aplicación de la ley de amnistía uno de sus principales capítulos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso acusó a una parte del poder judicial de estar “entregado” al derribo del Gobierno.
El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron durante todo el procedimiento la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad y persiguiendo el delito”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio. Tras la sentencia, desde el Ejecutivo han querido reconocer igualmente la labor de Álvaro García Ortiz “en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado”.
El ministro de Presidencia y Justicia ha aprovechado su comparecencia para reclamar el apoyo de los grupos a su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entre otras cuestiones pretende dejar las investigaciones en manos de los fiscales.
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