Manuel Marchena gana batallas después de ser sustituido. El fiscal general del Estado llegó condenado al Tribunal Supremo, bastaba observar la composición de la sala para concluir que carecía de opciones. Se alineaban cinco magistrados que condenaron a cien años de cárcel a los dirigentes del procés después indultados y amnistiados, además de Carmen Lamela de orientación indudable. Se depositó una excesiva confianza en un cambio de orientación ideológica, dada la ausencia de una prueba de cargo que era reconocida incluso por sectores conservadores. La condena, aunque sea a penas de baratija frente a los años de cárcel solicitados, demuestra que los rumores sobre la victoria de los hechos estaban exagerados hasta el límite de ser absolutamente infundados.
Álvaro García Ortiz sufre condena por haber replicado a los mentirosos que desde el entorno de Ayuso denigraron a la fiscalía en su conjunto y al fiscal general en concreto, al culparle de modo insólito de haberse opuesto personalmente a un arreglo con el novio de la presidenta de Madrid. Al final, Miguel Ángel Rodríguez no solo se rio con gusto ante la sala del tribunal y del juicio en su conjunto, sino que ha impuesto su narración, el curso de los acontecimientos y el veredicto final. La única diferencia con el procés es que Marchena ya no amarra la unanimidad de sus pares. En el contexto de la sentencia de contenido todavía desconocido, los votos particulares de Susana Polo y Ana Ferrer a favor de la absolución adquieren una dimensión heroica.
El montaje para destituir a García Ortiz ha culminado, y es otro clavo en el ataúd político de Sánchez porque las batallas políticas no hay que plantearlas, hay que ganarlas. Con todo, el presidente del Gobierno no podrá culpar de su ya inevitable caída a los jueces, porque Santos Cerdán pesa más que la acción concertada en el Supremo. Desde un prisma psicológico inseparable de lo ocurrido, el fiscal general ha sido condenado por buena persona. En los espectadores del juicio decidido de antemano prevalecerá la estampa valiente de la defensa de la Abogacía del Estado, que quizás ha evitado males mayores.