La encuesta realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de EL PERIÓDICO EXTREMADURA y La Crónica de Badajoz) no solo anticipa un resultado ajustado, sino que proyecta un escenario de gobernabilidad marcado por una profunda división social y política en Extremadura. Más allá del reparto de escaños, los datos revelan una comunidad prácticamente partida en dos bloques ideológicos, con una distancia mínima entre quienes apuestan por una mayoría de derechas y quienes prefieren una alternativa progresista.
Ante la hipótesis de que ninguna fuerza alcance la mayoría absoluta, el sondeo pregunta directamente por la coalición de gobierno preferida. El resultado es revelador: un 31,5% de los encuestados se inclina por un acuerdo entre PP y Vox, frente a un 29,5% que opta por un pacto entre PSOE y Unidas por Extremadura. La diferencia entre ambos bloques es de apenas dos puntos porcentuales, una brecha mínima que, lejos de aclarar el escenario, subraya el grado de polarización existente.
Sin bloque claramente mayoritario en Extremadura
Este equilibrio casi perfecto tiene una lectura clara: no existe un bloque social claramente mayoritario en Extremadura. La derecha aparece ligeramente por delante, pero sin un respaldo lo suficientemente amplio como para hablar de hegemonía política o social. La izquierda, por su parte, conserva un apoyo muy similar, aunque fragmentado y debilitado por la caída del PSOE. El resultado es una fractura que atraviesa a la sociedad extremeña y que se refleja con nitidez en el mapa electoral.
Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Esa combinación convierte al pacto PP-Vox en la opción más estable numéricamente, pero también en la más condicionada políticamente, ya que el crecimiento de Vox le otorga una capacidad de influencia inédita en la comunidad.
El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta. Esta fragilidad explica que, pese a contar con un respaldo social casi equivalente al de la derecha, la izquierda tenga menos opciones reales de articular un gobierno sólido si no se produce un cambio de tendencia en la recta final de la campaña. La opción de una gran coalición entre PP y PSOE, aunque matemáticamente posible, aparece prácticamente descartada en términos políticos. Es la alternativa con menor apoyo ciudadano y choca frontalmente con la dinámica de bloques que domina el debate público. Su escaso respaldo refuerza la idea de que la gobernabilidad de Extremadura se jugará en el eje izquierda-derecha, sin apenas espacio para soluciones intermedias.
Una Extremadura divida
La escasa distancia entre los bloques no es solo un dato electoral, sino un síntoma de fondo. La encuesta dibuja una Extremadura dividida, con visiones opuestas sobre el modelo de región, el papel del Estado y las respuestas a los problemas estructurales. En ese escenario, cualquier gobierno que se forme lo hará sobre una base social estrecha, con una legitimidad ajustada y con la necesidad constante de gestionar un equilibrio político muy delicado.
El empleo preocupa a la cuarta parte de los encuestados, además de las comunicaciones
La encuesta demuestra una brecha evidente entre los problemas que los ciudadanos consideran prioritarios y algunos de los asuntos que han centrado el discurso político en las últimas semanas.
El empleo se sitúa, con diferencia, como el principal problema de Extremadura. Un 25,9% de los encuestados lo menciona en primer lugar, muy por encima del resto. Esta preocupación está estrechamente ligada a la falta de oportunidades, especialmente entre los jóvenes, y ayuda a explicar tanto el pesimismo social como el desplazamiento de parte del electorado más joven hacia opciones de derechas, en busca de respuestas disruptivas a una situación percibida como estancada.
En un segundo plano aparece la situación política (11,0%), una categoría que refleja el cansancio con la confrontación, la sensación de bloqueo institucional y la percepción de que los debates partidistas no siempre se traducen en soluciones concretas. Las comunicaciones (10,5%) vuelven a ocupar un lugar destacado, confirmando que las infraestructuras siguen siendo una asignatura pendiente estructural para la región.
La economía en términos generales (9,6%) y el transporte (9,4%) completan el bloque de preocupaciones principales.
Frente a este mapa de prioridades, algunos de los grandes ejes de la campaña tienen un impacto limitado en la percepción ciudadana. La inmigración, por ejemplo, ha ocupado un espacio relevante en el discurso político, especialmente desde la derecha, pero no aparece entre los principales problemas señalados en el sondeo. Su peso es marginal en comparación con el empleo o las infraestructuras, lo que sugiere que su presencia en la campaña responde más a una estrategia de movilización ideológica que a una preocupación social extendida.
La preocupación sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz se concentra, sobre todo, en ámbitos territoriales y sectores concretos, sin trasladarse de manera generalizada al conjunto de la población extremeña.
Este contraste se refleja también en la percepción del futuro. El 46,3% de los extremeños se muestra “más bien pesimista” respecto a la evolución de la comunidad, frente a un 43,4% “más bien optimista”. La diferencia es ajustada, pero suficiente para indicar un clima de incertidumbre que atraviesa a la mayoría de los segmentos sociales, con especial intensidad entre mujeres, personas de mediana edad y población con estudios superiores.
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