El PSOE espera contar “pronto” con el informe final sobre el caso Salazar que está elaborando la comisión antiacoso a partir de las denuncias de dos subordinadas de quien fuera colaborador de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa. Dos o tres semanas a lo sumo, señalan fuentes del partido, después de que el presidente asumiese en “primera persona” una dilación innecesaria en el procedimiento, así como fallas en la “interacción” con las denunciantes durante todo este tiempo. Según los protocolos, el margen de seis meses es ampliable, pero la orden es ajustarse a estos tiempos y “culminar el expediente” cuanto antes.
A partir de ahí, la pretensión pasa por hacer una revisión de los protocolos internos, como exigen corrientes feministas del partido. El propio jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas ya ha tomado nota de alguna de sus reivindicaciones. En primer lugar, se pretende reforzar los recursos humanos de la asesoría técnica del órgano para reducir plazos y evitar “errores” en el procedimiento que puedan generar entre las víctimas una sensación de encubrimiento de los denunciados. Asimismo, no se cierra la puerta a llevar el caso a la Fiscalía, como reclamaron responsables de igualdad de diferentes federaciones en una reunión urgente con Ferraz la pasada semana para abordar este asunto.
Todo dependerá del informe final, pero un miembro de la cúpula socialista vaticina que “si todo lo que hay se confirma, se irá a Fiscalía”. En las denuncias se relatan comentarios obscenos a subordinadas, gestos o, incluso, peticiones sexuales. Actitudes que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tildó de “vomitivas”, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las tildó de “asquerosas y deleznables” para reclamar que se debe ser “mucho más rigurosos” en la selección de cargos orgánicos.
Sánchez, en conversación informal con los periodistas el sábado durante los actos en el Congreso del 47 aniversario de la Constitución, avanzaba que si las denunciantes deciden dar este paso contarían con todo el respaldo y ayuda del partido. Eso sí, señalaba que por cuestiones legales la decisión de elevar las denuncias a Fiscalía debe contar con el beneplácito de las víctimas.
Más allá de recoger el guante lanzado por las feministas del partido para mejorar los protocolos y atajar este tipo de situaciones, Sánchez daba un golpe en la mesa el domingo con el cese de quien era ‘número dos’ de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández. La persona que, según el relato de las denunciantes publicado por ‘eldiario.es’, actuaría como encubridora de Salazar y se habría dedicado a hacerles luz de gas. Hernández no solo ha salido de la Moncloa, a donde llegó de la mano de Salazar, sino que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía también lo ha apartado de la Ejecutiva regional -donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva-.
Una “medida contundente”, sin esperar al expediente, con la que se pretende mostrar determinación. Por el momento, el conato de rebelión de los sectores más críticos con la gestión de este caso se ha ido apaciguando, a la espera de próximos pasos.
Jirones en la bandera feminista
“Hemos exigido proceder con determinación, atajando cualquier posibilidad de generar entornos protectores con los agresores, silenciar a las víctimas o, como ya se ha apuntado, debilitar la credibilidad de un partido que, sin duda, ha contribuido de manera decisiva al avance de los derechos de las mujeres”, reclamaban en un artículo conjunto publicado este domingo en ‘El País’ Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso; Carmela Silva, portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Género en el Senado; y Araceli Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Cultura en el Senado. Otras voces como la de Adriana Lastra, delegada del Gobierno en el Principado de Asturias y ex número dos de Ferraz, también han mostrado su discrepancia en público.
Desde la dirección del PSOE son conscientes del coste reputacional del caso Salazar por los jirones en la bandera feminista. Un temor ante el que cuadros autonómicos de igualdad reclaman aplicar la perspectiva feminista “de manera integral en toda la organización” y ser coherentes para sostener su credibilidad. Exigencias que asumía Sánchez de los suyos, pero advirtiendo de que no va a “aceptar lecciones de partidos que no hacen ni el 10%”, en referencia a las críticas que está agitando el PP. El jefe del Ejecutivo también aseguró que se enteró por la prensa de estas actitudes de presunto acoso por parte de su asesor y negó cualquier tipo de “connivencia”, al recordar que se le cesó de todos sus cargos en cuanto se conocieron las denuncias.
La dirección federal del PSOE ya había hecho autocrítica previamente en una comunicación interna para apagar el fuego generado desde los territorios, asumiendo “no haber arropado suficientemente a las víctimas”. En este sentido, una ministra socialista lamentaba que “no se puede tardar tanto”, en referencia a la dilación del proceso, y que “se debería haber prestado más atención” a las denunciantes.
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