El informe de las Comunidades Autónomas 2024 señala que la demanda de un modelo de financiación singular para Catalunya, surgida de los acuerdos de investidura entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, complica “aún más” el debate sobre la reforma del sistema de financiación, ya de por sí complejo por la disparidad de criterios que los gobiernos regionales reclaman para elaborarlo.
Así se desprende del documento, una investigación anual sobre el estado de las autonomías elaborada por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona y dirigida por los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig, y coordinada por Juan Carlos Covilla Martínez. Y es que el debate sobre la financiación autonómica ha vuelto a salir a la luz después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya comprometido con las comunidades a presentar un nuevo modelo de financiación en los próximos meses.
En opinión de los autores, no será “fácil” que las demás comunidades autónomas acepten una singularidad para Catalunya de la que no sean partícipes, si bien apuntan que la solidaridad interterritorial “no parece estar en cuestión” en lo firmado hasta el momento. El informe define el estancamiento de la reforma del sistema de financiación autonómica como “uno de los casos de bloqueo más prolongados de la historia del Estado” y niega que ese “fracaso” se deba a “dificultades técnicas”.
Tensión política
A ese respecto, argumenta que “no faltan estudios del sistema de financiación“, ya que desde hace “muchos años” se dispone de “suficientes y acreditados informes de expertos que confluyen en un diagnóstico común sobre la necesidad de la reforma”, todo ello en un contexto de “buena situación económica” a nivel nacional, con la existencia de “suficientes recursos públicos que dejan atrás las dificultades para abordar la reforma en una situación de crisis y escasez”.
Aún asumiendo que el debate no será “nada sencillo” en este contexto, la investigación reconoce que la propuesta de singularidad de Catalunya “abre oportunidades de reconsideración y reforma para el conjunto del sistema de financiación territorial”.
Más allá de los escollos provocados por la singularidad catalana, el documento achaca las dificultades existentes a la “intensa situación de conflicto político” entre el Ejecutivo y los socios de Gobierno y la oposición, que hace “muy improbable” llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema. Esto es, en palabras de los académicos, “un serio coste más de la política de la hipérbole“.
“Cualquier prioridad en la gobernación se pospone a la lucha por alcanzar la mayoría en las siguientes elecciones generales y lleva a frustrar cualquier acuerdo que pueda presentarse como un éxito del contrario. Una dinámica absurda que se extiende desde el menor de los órganos de colaboración hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, auténtico protagonista del proceso, y la Conferencia de Presidentes“, critica.
Relaciones bilaterales
Por otro lado, el informe de la situación autonómica incide en la importancia de la relaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, no exentas del clima de “tensión política” y el “enfrentamiento entre partidos”, a su juicio transversal en la vida política e institucional de España. “Las relaciones bilaterales permiten escapar de esta dinámica y expresar prioridades distintas y hasta divergentes en la posición general del propio partido (…) en beneficio de alcanzar acuerdos”, refleja.
No obstante, el informe apunta a la necesidad de combinar este tipo de interlocución con la asistencia a los organismos multilaterales “cuando fuera pertinente”. “El enfoque bilateral resulta imprescindible en aquellas áreas que resultan de especial importancia para cada comunidad, o en las que no afectan a todas ellas. Sin embargo, el enfoque multilateral es obligado para las materias comunes, como la salud pública, donde instituciones como los consejos interterritoriales o las conferencias sectoriales ofrecen una imprescindible coordinación”, añade.
En conjunto, el documento mantiene una de las conclusiones de los últimos informes: cualquier alternativa o solución técnica “no sirve de nada si no hay consensos políticos mínimos“, por lo que aboga por la recomposición “urgente y necesaria” de los “puentes de diálogo” en el debate político y territorial de España. “El esfuerzo para ponerse en el lugar de los interlocutores, por buscar una solución de conjunto y por defender el principio de lealtad institucional constituyen los elementos clave de una estrategia federal que parece imprescindible”, zanja.