El test del pato (Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato) no es el adecuado para escribir qué es Santos Cerdán en la presunta organización criminal -uno de los delitos, 515 del Código Penal, de los que se acusa a Koldo García, José Luis Ábalos y Cerdán- porque el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desciende desde las apariencias a las profundidades, a la misma acción.
La de Cerdán-Koldo-Ábalos es una película realista y es difícil que pueda titularse como el clásico de Alfred Hitchcock Falso culpable (The wrongman1956).
Si Manny, el músico del film que interpreta Henry Fonda, es confundido por los testigos de una oficina, aquí están presentadas las huellas: correos electrónicos, audios, fotografías, contratos de alquiler, transferencias bancarias, tarjeta de crédito de Servinabar, pagos a El Corte Inglés, contactos con el extranjero (Marruecos y Gabón).
La UCO elevará en pocos días el informe patrimonial de Santos Cerdán que solicitó el juez Leopoldo Puente tras enviarle a prisión, basándose en los indicios del informe del 5 de junio de 2025, pero en este documento de 11 de noviembre sobre la relación entre las empresas Acciona y Servinabar no hay literatura, ya hay un anticipo valioso sobre Cerdán.
Si uno, como es mi caso, consideraba hasta ahora que Cerdán era objeto de un montaje –fue el único enviado a prisión– ya que al dictar su entrada en la cárcel el juez Puente no ordenó, al tiempo, a finales de junio pasado, una entrada y registro en las sedes de Acciona, principal beneficiario de las presuntas adjudicaciones que se investigan -lo ha hecho la semana pasada con un retraso de seis meses-, ahora con esta novela de no ficción -absolutamente apoyada en indicios- la UCO demuestra que no era así. Hay que dar al César lo que es del César.
El juez Puente mantiene, como es normal en estas investigaciones, un contacto casi diario con los agentes de la policía judicial que representa en este caso la UCO. Por ello, cuando anunció a primeros de octubre pasado, ante la solicitud de libertad de la defensa de Cerdán, que el exsecretario de Organización del PSOE no necesariamente agotaría el periodo de seis meses -es el máximo que permite la ley cuando se invoca el riesgo de destrucción de pruebas- en la cárcel, ya sabía que la UCO estaba anudando todos los cabos que ahora, tras conocerse, atan a Cerdán.
Adelantó Puente, también, que no necesariamente estaba esperando el informe patrimonial sobre Cerdán que había solicitado a la UCO para soltar al exsecretario de Organización del PSOE.
Porque conocía el anticipo de este informe del 11 de noviembre de 2025 sobre Acciona/Servinabar y su relación puntualísima con Cerdán.
Y es por ello, que el juez ha hecho coincidir su auto de puesta en libertad con el informe del 11 de noviembre.
Mucha gente se pregunta, con buenas intenciones, por qué con los nuevos datos aportados va el instructor y le deja en libertad. La respuesta es que Cerdán no fue enviado a prisión preventiva como resultado de una condena por así decir anticipada, sino por el riesgo de destruir pruebas (artículo 503.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Si esas pruebas o indicios se han podido hallar, no hay razón para que Cerdán, a diferencia de Koldo y Ábalos, siga en Soto del Real.
“Por lo que respecta al riesgo [de destrucción de pruebas]very intense at the time the precautionary measure was adopted [30 de junio de 2025] that is now reformed, that the investigated person could hide, alter or destroy relevant sources of evidence, already appears, as a consequence of the investigation carried out up to this moment, seriously mitigated, having managed to obtain information that, most likely, would have been occluded or very difficult to access, -in the face of possible attempts to conceal, alter or destroy its sources–, and which is already available.
El juez sustituye esa medida de prisión con la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y su comparecencia de dos veces al mes ante la justicia.
Es una ironía: los indicios -sobre todo audios y mensajes- que condujeron a Cerdán a prisión son ahora “robustecidos”, según la palabra usada por el juez, y le han sacado de la cárcel.
Al prestar declaración solo ante su letrado, Benet Salellas, el ex secretario de Organización del PSOE se envolvió en la bandería política. Su imputación, dijo, “tiene mucho que ver con ser el arquitecto de conseguir los gobiernos progresistas en España” en referencia a la moción de censura que en 2018 acabó con el Gobierno del PP. Precisó que para ello se apoyó en el empresario navarro Antxon Alonso, y que utilizó los buenos contactos del empresario con el PNV y con Bildu.
El 23 de mayo de 2017, dos días después de la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE, Cerdán ya preparaba, con Acciona, uno de los contratos a adjudicar -2,8 millones de euros- en una cena en el restaurante madrileño La Paloma, en la que participaron Antxon Alonso, socio de Servinabar, y el entonces directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini. Sabía que iba a ser coordinador territorial del PSOE, cargo para el que fue nombrado el 18 de junio de 2017. Por tanto, en esa cena del 23 de mayo, Cerdán acudía como titular del 45% de Servinabar a través del contrato de 2016 (no elevado a escritura publica) y como potencial responsable de coordinación territorial del PSOE. Por tanto, representaba un doble papel: político y empresarial, como futuro facilitador y beneficiario.
Según explicó, en relación con su participación en el capital de Servinabar, rompió el contrato tras firmarlo, después de haberlo consultado con su mujer. Ha añadido que dio el paso al considerar que iba a abandonar la política, pero que finalmente su esposa le disuadió. Ahora sabemos que su esposa trabajaba para una de las cooperativas vinculadas a Servinabar en 2018 y que disfrutaba -junto con Cerdán- de una tarjeta de crédito que le proporcionó dicha empresa (gastos pagados entre 2016-2024).
La defensa de Cerdán se defiende hora con dos argumentos: 1) que el informe registra pagos de Acciona a Servinabar (más de 6,7 millones de euros), pero no de Servinabar a Santos Cerdán por su participación del 45% en dicha empresa y 2) que no se ha probado que las obras adjudicadas han sido producto de un amaño.
Ninguna de las dos objeciones desdibuja el cuadro que surge sobre las acciones de Cerdán.
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