El Parlament ha aprobado este miércoles el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la actividad de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) para indagar sobre las diferentes irregularidades e infracciones que se han producido en la última década. Los grupos impulsores –PSC, ERC y Comuns– han pactado con Junts una hoja de ruta para investigar la gestión desde 2011 hasta la actualidad, después de que el Govern reestructurara el organismo y le diera un nuevo nombre –Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)- tras hacerse público el caso de la menor de 12 años que fue violada y prostituida mientras estaba bajo custodia de la DGAIA.
El plan, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, prevé analizar la gestión política y técnica del organismo desde 2011, evaluar el funcionamiento de los centros residenciales y de acogida, y examinar los mecanismos de supervisión, control y denuncia de abusos. También incluye la revisión de los contratos y convenios con entidades colaboradoras, la formación del personal y el seguimiento de los menores extutelados, con el propósito de detectar fallos estructurales y formular propuestas de mejora para reforzar el sistema de protección. Lo hará, inicialmente, hasta el 31 de marzo de 2026, aunque, con acuerdo previo de la Mesa, se puede alargar el calendario para garantizar que se presente el informe y las recomendaciones finales a tiempo.
Pese al amplio consenso con que se aprobó el plan y la creación de la comisión -respaldada por todos los partidos-, su hoja de ruta no ha estado exenta de críticas. Algunas formaciones reprochan que el órgano esté dirigido por los partidos que han controlado la conselleria de Drets Socials durante la última década, en referencia a Junts y ERC, que ocupan las vicepresidencias con las diputadas Àngels Planas y Ana Balsera, respectivamente. La presidencia, en cambio, recae en el socialista Jordi Riba. Pese a las discrepancias, todos los representantes en la comisión este miércoles han apelado a la necesidad de ir “hasta el final” en esta comisión.
La comisión cita a varios responsables de los gobiernos de esta última década. Serán citados los que fueron consellers del ramo, eso es, Josep Lluís Cleries (2010-2012), Neus Munté (2012-2016), Dolors Bassa (2016-2017), Chakir el Homrani (2018-2021), Violant Cervera (2021-2022), Carles Campuzano (2022-2024) y la actual titular de la cartera, Mònica Martínez Bravo. También deberán acudir al llamamiento de la comisión los que fueron secretarios y directores generales en esta etapa.
En el ámbito académico, pasarán por la comisión expertas en infancia y adolescencia como Fina Sala (UAB), Núria Fuentes (UB) y M. Àngels Balsells (UdL). También se llamará al investigador irlandés Robbie Gilligan, referente internacional en protección infantil, a la catedrática en psicología social y doctora de la UdG, Montserrat Boada o Silvia Giménez-Salinas, decana emérita del Col·legi de l’Advocacia, entre otros.
Entre los comparecientes previstos, la comisión escuchará a representantes de las principales entidades del tercer sector que operan en el ámbito de la infancia y la adolescencia, como la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència), la FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) y la Taula del Tercer Sector, además de plataformas como PINCAT, que agrupa proyectos de infancia en Catalunya. Su testimonio será clave para entender cómo las políticas públicas se han traducido en la práctica y cómo han afectado a los menores atendidos por los servicios sociales.
La presencia de asociaciones del mundo local, como la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), servirá para analizar la responsabilidad compartida entre administraciones y la necesidad de reforzar la coordinación territorial para evitar que los fallos del sistema acaben reproduciéndose en los niveles más próximos a la ciudadanía.
También se citará a representantes del Consell de Col·legis de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya y el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, cuya participación permitirá evaluar las condiciones profesionales y los retos del personal que trabaja sobre el terreno.
Por último, figuran organizaciones de alcance global como UNICEF, Save the Children, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-OHCHR) y Dones Juristes, cuya intervención aportará una perspectiva de derechos y género.
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