El Govern organizó este lunes la puesta de largo de la reforma de la administración de la Generalitat que quiere impulsar en los próximos años para mejorar su funcionamiento y reducir la burocracia. La reforma se hará en base a las 50 propuestas que han formulado un grupo de expertos y estará pilotada por un consejo asesor que liderará Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la UPF y especialista en gestión pública, que ya ha coordinado las tareas del equipo. Una de ellas, persigue incorporar “las direcciones públicas profesionales” (DPP) a la estructura administrativa.
Bajo esta etiqueta que puede resultar algo anodina, se esconde una medida de calado: se busca que algunos de los principales altos cargos de la administración catalana dejen de elegirse a dedo por motivos de afinidad política, como se hace ahora, y pasen a escogerse por procesos abiertos siguiendo criterios de “transparencia, meritocracia y neutralidad política”.
La medida ya se está preparando en el Palau de la Generalitat a través de una ley que empezó a caminar el pasado mes de julio y que afectará a dos niveles de directivos públicos. Por un lado, un primer nivel que incluye a los directores generales de los departamentos y directivos de las entidades y empresas del sector público. Por el otro, un segundo nivel de directivos de la Generalitat que están ocupados por funcionarios de carrera y que ostentan subdirecciones generales.
El cambio es especialmente sustancial en el primer nivel. Ahora, cuando un conseller llega a su puesto, tiene la potestad para cesar y nombrar a estos directores. También a los responsables de las empresas del sector público. Esto ha construido un sistema por el que, la mayoría de ellos, acaban siendo miembros del partido que está en el Govern o personas afines. Además, hay varios que dan una parte del sueldo al partido. Con esta reforma, si llega a ponerse en práctica, muchas de estas plazas deberán cubrirse mediante una “convocatoria pública” a la que se podrán presentar las personas que acrediten los requisitos que se planteen. De dentro de la administración, pero también de fuera.
La retención de talento
Según el actual Govern, una de las virtudes del nuevo sistema debe ser que para cubrir estas plazas de directores generales se podrá ir a “captar y retener talento” del sector privado. La idea es buscar perfiles específicos que sean conocedores de la materia. El president Salvador Illa, el lunes, lo planteó así: “La gente mejor preparada del país tiene que descubrir la vocación de servicio público”.
The leader of the experts, Professor Carles Ramió, at the Generalitat event. / JORDI COTRINA
Otra de las bondades, también según el ejecutivo catalán, es que estas plazas no estarán sujetas a los vaivenes de la política. Desde el año 2010 no ha habido un president de la Generalitat que haya conseguido agotar una legislatura de cuatro años y cada cambio ha provocado un trajín de directores que salen y entran del cargo. Con el nuevo sistema, el director que haya accedido a la plaza tendrá un mandato de cinco años, prorrogables a otros tres y, en “situaciones de excepcionalidad”, a otros dos. En total, una década.
Si este sistema se aplicara actualmente, un director que acabase su mandato ahora habría visto pasar por la presidencia a Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa. En cambio, la ‘esperanza de vida’ actual de un director es mucho menor y raramente sobreviven a un cambio de presidente.
Salario con variables
Otra cuestión relevante es el salario. Con el sistema actual, un director general de un departamento ronda los 95.000 euros brutos anuales. Hay algo más de un centenar. A estos hay que sumar los directores o cargos equivalentes de empresas del sector públicos -más de 200- cuyos sueldos tienen más oscilaciones y pueden ir desde los 50.000 a los más de 120.000 euros, como el director de Ferrocarrils de la Generalitat y el del Servei Català de la Salut.
Recent image of the façade of the Palau de la Generalitat. / David Zorrakino / Europa Press
La propuesta de reforma de los expertos no estipula un sueldo preciso, aunque establece que tiene que fijarse en las “principales tendencias del mercado de trabajo en las plazas de dirección equivalentes“. Eso sí plantea una novedad destacable: tendrá una retribución fija y después una retribución variable -equivalente al 20% de su sueldo anual- si cumple con los objetivos que se fijen para cada cargo en concreto.
La gran incógnita
La propuesta de los expertos contempla que no todos los actuales cargos de directores generales y equivalentes -nivel 1- y de subdirectores generales -nivel 2- dejen de ser nombrados a dedo. Así, una parte seguirán siendo elegidos por “libre designación” mientras que otros sí que pasarán a ser “plazas directivas de carácter profesional”. Cuando se aclare como queda este equilibrio es cuando se podrá percibir la magnitud del cambio. Los expertos solo piden que la ley que se está haciendo establezca “claramente” como queda la distribución.
Hay un último elemento de la propuesta a tener en cuenta. Para poner en marcha todo este proyecto, se plantea la creación de un Institut de Direcció Pública i Profesional de Catalunya. Este organismo sería el encargado de implementar la reforma con responsabilidades tan importantes como convocar las plazas que saldrían a concurso y organizar los procesos de selección de los candidatos. En sus manos estaría, según el documento de los expertos, un “cambio cultural” en la administración que modificará “muchas prácticas profundamente arraigadas”.
Los expertos proponen que esta dirección pública profesional, una vez implantada en la Generalitat, se extienda también a los altos cargos de los ayuntamientos.
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