El 27 de octubre de 2017 el Parlament declaró unilateralmente la independencia. Ocho años después, el principal protagonista de aquella jornada, que acabó con la suspensión de la autonomía y con consecuencias judiciales para todos los implicados, volverá a acaparar los focos. El expresident Carles Puigdemont ha citado a la dirección de Junts en Perpinyà, ya que sigue sin poder cruzar la frontera debido a la orden de detención que pesa sobre él. Pero desde aquel 2017 ha llovido mucho. Lo que los posconvergentes deben decidir este lunes es si retiran su apoyo a Pedro Sánchez, y hasta dónde están dispuestos a llegar, porque ya hace tiempo que el partido negocia “pieza a pieza” y no son pocas las iniciativas del Gobierno que han tumbado junto al PP y Vox.
El núcleo más duro de la dirección de Junts, el órgano conocido como la permanente, ya se reunió este domingo por la tarde en el municipio francés durante tres horas. Hoy se suma a la deliberación el resto de la ejecutiva, en una cumbre que se prevé larga y con muchos turnos de palabra. Hasta las cinco de la tarde no está convocada la comparecencia para explicar la decisión, que posteriormente tendrá que ser respaldada por la militancia en una consulta. El acuerdo de investidura de Sánchez fue refrendado internamente, por lo que también debería serlo su ruptura. La formación ya usó esta vía para decidir si abandonaba el Govern de Pere Aragonès en 2022. Entonces la opción de la salida ganó por un estrecho margen, un 55% votó a favor frente a un 42% que se decantó por quedarse, y dejó heridas en el partido.
Ahora la situación es diferente. Internamente, el sentimiento mayoritario es que el PSOE no ha cumplido y que la mesa de negociación que se abrió en Suiza no da mucho más de sí. Al menos, no en las circunstancias actuales. Puigdemont prometió en 2023 que su formación cobraría del PSOE “por avanzado” y que se había acabado dar los votos “a cambio de nada”, expresiones que hicieron fortuna entre los posconvergentes para erosionar a ERC. Dos años después de haber investido a Sánchez, y ante el avance de Aliança que pronostican las encuestas, Junts teme llegar a las urnas sin logros que exhibir.
Los incumplimientos
La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya, la delegación de competencias en inmigración no ha superado ni el primer trámite en el Congreso y el catalán sigue sin ser oficial en Europa. En la lista de pendientes también están las propuestas contra la multirreincidencia o las okupaciones, leyes que siguen en un cajón en el Congreso y a las que los alcaldes de la formación dan mucha importancia de cara a las municipales de 2027. Lo que sí han logrado son algunos nombramientos en consejos de administración de empresas, la entrada de Miquel Calçada en RTVE y la puesta en marcha del canal 2Cat son una muestra de ello.
El Gobierno resta importancia al nuevo pulso de Puigdemont, pero en las últimas horas ha empezado a moverse para rebajar la tensión. Ha conseguido que Alemania firmara una declaración en la que se compromete a “abrir un diálogo” para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, aunque el gobierno de Friedrich Merz advierte de que sigue sin ver clara la propuesta. También el Ejecutivo se abre ahora a estudiar la iniciativa de los posconvergentes para atajar la multirreincidencia.
Los escenarios
Pero a pesar de estos gestos, tras haber hecho ya varios ultimátums y prórrogas, el partido necesita que la reunión de este lunes marque un punto de inflexión. De no ser así, sus avisos pueden acabar sonando como el cuento de Pedro y el lobo. La formación tiene varios caminos sobre la mesa para evidenciar que ha llegado “la hora del cambio”, como verbalizó Míriam Nogueras en el Congreso, desde dar por rota la negociación con el mediador internacional y hacer un boicot parlamentario, escenarios más factibles, hasta sumarse a una moción de censura instrumental para convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo.
El vicepresidente Antoni Castellà se encargó de dejar abierta esta puerta, porque es la única que a la práctica puede hacer caer a Sánchez. Sin embargo, Junts no puede convocarla por su cuenta al no tener una décima parte de los asientos en el hemiciclo. Si ninguno de los partidos que actualmente apoya a Sánchez se sumara a la operación, y por ahora nadie parece estar dispuestos a ello, Puigdemont necesitaría de PP y Vox. En este caso, difícilmente encontrarían un nombre de consenso y la operación tendría costes para todos sus integrantes.
Carles Puigdemont, during the event held this Sunday in Prats de Molló (France) / Junts
Pero los otros escenarios también tienen inconvenientes para Junts. Romper el espacio de negociación en Suiza tiene un coste evidente para Puigdemont, el de perder un espacio que le costó mucho armar y que le ha dado protagonismo mediático cada vez que se ha producido un encuentro, y el boicot parlamentario sería difícil de mantener. Si se somete a votación una propuesta positiva para los catalanes, no apoyarla tendría costes electorales, pero votar al lado del PSOE sería incoherente. Además, el partido liderado por Puigdemont puede acabar siendo irrelevante, ya que su principal poder institucional está en el Congreso. Pedir elecciones anticipadas evidenciaría la debilidad de Sánchez, pero sin poder activar el botón de la moción de censura la medida pierde eficacia.
De momento, Junts guarda silencio. La última aparición pública de la dirección fue la del secretario general, Jordi Turull, durante la convención municipalista celebrada este sábado: evitó pronunciarse explícitamente sobre la cuestión y se limitó a pedir al partido que estuviera “preparado” ante los “momentos complicados” que dijo que estaban por venir.
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