La calle Domenico Scarlatti de Madrid aparece sobre el horizonte como la prueba de si la nueva relación que quiere abrir Juanfran Pérez Llorca con el Gobierno central tiene o no éxito. El nuevo president ha apelado al “diálogo” y a la “colaboración y apoyo entre administraciones” en sus primeros discursos como nuevo jefe del Consell al tiempo que ha pedido una reunión con Pedro Sánchez, un intento de reconstrucción de puentes simbólicos que tiene una de sus materializaciones en que ambos ejecutivos no terminen viéndose en el Tribunal Constitucional.
Hasta el tribunal de garantías podrían llegar impugnadas por el Gobierno central cuatro leyes valencianas, impulsadas o apoyadas por el Consell y en todo caso secundadas por PP y Vox en las Corts en estos dos años y medio de legislatura. La que ya está en el Constitucional por otra vía (el Defensor del Pueblo) y las posiciones son distantes es la ley de Acompañamiento a través de la que ‘populares’ y voxistas modificaron la ley trans valenciana, unos cambios con los que se abre la puerta a las terapias de conversión prohibidas en la ley estatal o permite a los padres de los adolescentes menores de edad (de 16 a 18 años) oponerse al cambio de género de sus hijos cuando la ley estatal da total libertad a partir de los 16 años.
También con dificultades de acuerdo está la ley de la Costa Valenciana donde el Gobierno tiene impugnados casi una treintena de artículos, la mitad de la ley, pero el punto crítico está en la figura de protección creada para evitar los deslindes en dominio público marítimo-terrestre. A ello se añade el decreto-ley 6/2025 sobre “intervención administrativa ambiental”, en la que el Ejecutivo reprocha que se rebajan los estándares medioambientales por debajo de las condiciones del Estado y el decreto-ley 10/2025 de medidas urgentes en materia de puertos de la Generalitat donde el conflicto está en el mecanismo para ampliar 25 años las concesiones privadas en los puertos autonómicos.
Juanfran Pérez Llorca signs the book of the Picanya City Council, this Friday. / Francisco Calabuig
Estas cuatro normas se encuentran bajo el análisis de la llamada comisión bilateral, un órgano de coordinación institucional que no deja de ser una mesa de negociaciones con representantes de una y otra administración a cada lado. La composición, en su mayoría, suele ser técnica, aunque también hay cargos políticos, especialmente directores generales. En estos recae la concreción, interpretación y matización de lo que previamente se ha negociado y votado en las Corts para evitar que termine en un recurso judicial, en este caso, en el Constitucional.
Se podría pensar que al ser dos entidades gobernadas por derecha e izquierda, la conflictividad (jurídica) que hay actualmente entre la Generalitat y el Estado está en sus estándares normales con estas cuatro normas. Pero no. El dato más destacado y que muestra el nivel de discrepancia está en que de los 12 procedimientos que actualmente el Ejecutivo central tiene abiertos por “posibles inconstitucionalidades o deficiencias legislativas” de normas autonómicas, cuatro refieren a legislación valenciana.
Las exigencias de Vox
Es decir, un tercio de todas las leyes donde confrontan Estado y autonomías han sido secundadas por PP y Vox en las Corts, el parlamento autonómico donde ambas formaciones mejor se han entendido y donde los voxistas más han forzado las costuras de los ‘populares’. He ahí uno de los problemas que tendrá Llorca a la hora de conseguir acuerdos con el Gobierno central. Llegar a pactos con el presidente y sus ministros sería contradecir la exigencia de los de Santiago Abascal de ir “con todo” contra Sánchez, más si eso supone rectificar normas pactadas por los dos partidos.
Llanos and Mazón greet Llorca during the debate in the Corts after the investiture. / Fernando Bustamante
Evitar que estas normas acaben en el tribunal de garantías puede ser una de las materializaciones de la nueva relación que quiere abrir Llorca con el Gobierno central, aunque no será sencillo. Una vía sería acordar una interpretación de la norma que escape del conflicto jurídico entre administraciones mientras que otra posibilidad sería reescribir los artículos en litigio. Esto ya ocurrió en dos ocasiones esta legislatura con un artículo de los Presupuestos de 2024 sobre contratación de personal temporal y otro artículo del decreto de reconstrucción urbanística tras la dana, donde la negociación acabó en buen puerto.
No obstante, las cuatro leyes en diván de la comisión bilateral no son las únicas que han tenido conflicto judicial. Es más, Generalitat y Gobierno central tienen varios recursos cruzados en los tribunales. Por una parte, el Ejecutivo autonómico impugnó al Constitucional la ley de Concordia que aprobaron PP y Vox en las Corts mientras que el Consell ha recurrido distintas directrices estatales como la ley de Amnistía aprobada en el Congreso también al Constitucional así como el decreto para llevar a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados al Supremo, cuestiones todas ellas sin resolución.
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