El empresario Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa que ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo por un delito de revelación de secretos, cargó duramente contra Álvaro García Ortiz durante su declaración de este martes en el Tribunal Supremo. Afirmó que cuando se filtró el correo electrónico en el que su defensa ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar un juicio por fraude a Hacienda fue consciente de su situación: “El fiscal García Ortiz me había matado públicamente”.
Para terminar su testimonio en el juicio, en el que ha aparecido con melena y visiblemente más delgado, la pareja de la presidenta madrileña ha querido hacer un alegato final: “O me voy de España, o me suicido por el destrozo personal” sufrido. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que le ha dicho que no le recomienda “ninguna de las dos cosas”. Previamente, el testigo había admitido que optó por el pacto con Fiscalía por su “intuición” de que Hacienda sabía que él era su pareja y no quería hacer ruido, aunque él tenía claro que podría pleitear contra el fraude, porque sus asesores y abogados le señalaban que había posibilidades, ya que no estaban de acuerdo con la liquidación realizada inicialmente por la inspectora asignada al caso.
Alberto González Amador, partner of the president of the Community of Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EFE
El novio de Isabel Díaz Ayuso explicó ante el tribunal que sus sospechas de que Hacienda sabía quién era no fueron más que “una obsesión” suya hasta que el 11 de marzo de 2024 le llamó un periodista de elDiario.es para preguntarle por la denuncia que la fiscalía había presentado. En ese momento llamó a su abogado, Carlos Neira, que le respondió que creía que aún no se había formulado denuncia alguna, aunque cuando en realidad se había presentado el 13 de febrero anterior, pero no se les había comunicado, porque aún no estaba repartida a un juzgado.
“Delincuente confeso del reino”
En cuanto al contenido de las comunicaciones de su abogado con el fiscal de la causa por fraude, Julián Salto, el empresario manifestó que jamás participó en la difusión en correo alguna. “Nunca tuve conocimiento del contenido del correo ni por Whatsapp ni por e-mail, hasta el punto de que el 14 cuando veo esta noticia y me pregunta Miguel Ángel Rodríguez le digo ‘no lo sé'”, ha sostenido González Amador. Aseguró también que cuando llamó a Carlos Neira le dijo que habían “entrado en otra dimensión” y había pasado a ser “el delincuente confeso del reino de España”.
A su juicio, “la presunción de inocencia se ha roto” y él “no entendía nada”. A partir de ese momento lo que arroja la investigación es que “todo el cuerpo fiscal” iba a por él. Y llegó a decir en relación a su pareja: “Ella seguirá siendo presidenta de Madrid, Sánchez [en referencia al presidente del Gobierno] “It will still be there and the attorney general is there, but my life has been destroyed,” to then point out that the Community of Madrid never interfered in its defense strategy.
El empresario aseguró al tribunal que tiene familia, madre e hijos y que los daños que le ha supuesto ser “un defraudador confeso” son enormes. “La columna vertebral de mi vida es que soy un delincuente confeso. Si me compro un coche, una casa, es que soy un delincuente confeso”, ha lamentado ante el tribunal. Y esto es, según ha incidido a preguntas de su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, porque no puede conformar con la Fiscalía “como un ciudadano normal”, ni puede pelear en los tribunales “como un ciudadano normal”. “Me amparan dos cosas, la razón y la verdad”, ha señalado para justificar que iniciara esta causa contra el fiscal general del Estado.
Un pacto “roto”
En cuanto al futuro de su pacto con Hacienda, el empresario explicó que su abogado le manifestó que “esto estaba roto y que no había sido rápido ni sin ruido”, como le habían prometido, unas expresiones que quedaron confirmadas cuando fue preguntado sobre este asunto su abogado, Carlos Neira, cuyo testimonio ha coincidido plenamente con el de su cliente.
Según el empresario, tanto Neira como su abogado en el juicio, Gabriel Rodríguez Ramos, le comentaron que nunca se habían encontrado con una situación similar, pero le recomendaron no romper “puentes ni con Fiscalía ni con Abogacía del Estado, porque es tal el destrozo que hay que acabar cuanto antes”. “Ya no es que conforme, es que no tengo salida, estoy condenado”, se quejó en otro momento, esta vez para asegurar que el fiscal Diego Lucas Álvarez, que sustituyó a Salto en las causas que le concernían, le había “tomado el pelo”.
Explicó que les había dicho que esperaría a que se pronunciara la Abogacía del Estado y que su propuesta de conformidad fue mucho peor de lo que esperaban. “Soy un delincuente y si voy a un juicio, es que estoy condenado”, volvió a decir para recordar que Lucas apoyó que se abriera la segunda causa en su contra por el presunto cobro de una comisión encubierta.
A preguntas de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, el empresario situó el momento en el que comentó su situación al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. “Como seguía en mi cabeza que esto lo iban a utilizar contra mi pareja le comenté en un partido” de fútbol del Real Madrid que “me habían abierto una inspección de Hacienda y me respondió ‘como a tantos otros’”, señaló. A partir de ahí le fue comentando los hitos procesales, como que la inspección pasaba a ser tomada como delito, al considerarlo necesario en el marco del “ejercicio de sus funciones” como jefe de Gabinete de Díaz Ayuso.
“A día de hoy no hay conformidad”
Por su parte, Neira explicó al tribunal que “el 14 de marzo de 2024 por la mañana” le llamó González Amador muy “enfadado, porque había visto el correo electrónico en dos medios” que es el que él había mandado el 2 de febrero. Le recordó que cuando le había explicado la conformidad le indicó que “implicaba un reconocimiento de los hechos”. “También le dije que con quien tenía que estar enfadado no era conmigo, sino con quien había filtrado ese correo, porque a partir de ahora se había vulnerado de manera irreversible su derecho de defensa”, declaró el letrado.
Señaló que tras la filtración del correo, la opción de alcanzar un pacto era la única que quedaba, pero se frustró cuando las acusaciones que ejercen el PSOE y Más Madrid contra la pareja de Ayuso solicitaron la apertura de una nueva pieza por corrupción en los negocios y cohecho. Cuando vieron que la fiscalía se opuso al recurso del empresario contra esta nueva investigación, entendieron que esa puerta se cerraba totalmente. “A día de hoy, no hay conformidad”, remachó el letrado.
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