Los siete magistrados que integran el tribunal que ha juzgado al fiscal general del Estado ya pueden comenzar a deliberar sobre el caso una vez el juicio quedó visto para sentencia el pasado jueves, tras seis sesiones por las que han pasado cuarenta testigos. Ninguno de ellos ha podido aportar la “pistola humeante” que señale a Álvaro García Ortiz como filtrador del correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se confesaba autor de dos delitos fiscales, si bien la Sala cuenta con indicios que no hacen descartar una posible condena. ¿Qué incógnitas podría resolver la sentencia?
¿Filtró el fiscal general el correo de la defensa de González Amador a un periodista?
Se trata de la cuestión clave, la que determinará o no una condena por revelación de secretos que podría llegar hasta los 6 años de prisión si se tiene en cuenta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es la que pide la condena más gravosa. Tanto la acusación popular en nombre del empresario González Amador como el Colegio de la Abogacía de Madrid y Foro Libertad y Alternativa piden 4 años, mientras que Manos Limpias tuvo en cuenta una atenuante para reducir su petición de cárcel hasta los 3 años.
En sus alegatos finales, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos defendió que hay prueba indiciaria para condenar la filtración porque tanto el fiscal general como su jefa de prensa, Mar Hedo, y el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos no han aportado las comunicaciones que tuvieron en la noche del 13 de marzo, y de no existir delito habría sido fácil desmontar la acusación revelando dichos mensajes. Por contra, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, insiste en que no existe prueba de la acción delictiva porque simplemente no se cometió.
¿Hay delito en la nota de prensa que buscaba desmentir un bulo difundido desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso?
Aunque la Sala de Admisión del Tribunal Supremo excluyó de la investigación al fiscal todo lo referido a la nota de prensa que fue distribuida el 14 de marzo de 2024, y que contenía información del correo que la defensa del empresario remitió a la Fiscalía de Madrid, el instructor de la causa introdujo de nuevo este asunto en sus pesquisas. De hecho, y aunque el auto que confirmó el procesamiento del fiscal general apuntaba a la imposibilidad de cometer el delito solo a través de la nota y sin otras acciones adyacentes, la realidad es que gran parte de los testimonios prestados en el juicio han versado sobre la elaboración de dicho documento.
La jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo, confesó que se hizo al “dictado” del propio García Ortiz una vez se recabaron todos los correos y documentación referida al asunto de González Amador. Según la acusación particular, su distribución a la prensa vendría a constituir por sí sola un delito de revelación de secretos, para la defensa, su elaboración constituye un acto impune porque todos los hechos incluidos en dicha nota habían sido ya contados anteriormente por varios medios de comunicación.
The Chief of Staff of the State Attorney General, María Del Mar Hedó Casinello, upon arrival at the first day of the trial of the State Attorney General, Álvaro García Ortiz, at the Supreme Court, on November 3, 2025, in Madrid (Spain). Garcia O / Eduardo Parra – Europa Press
¿Se le puede condenar por otros delitos diferentes a la revelación de secretos?
De hecho, acusaciones como Manos Limpias o APIF también piden, de forma subsidiaria, que si no se encuentra prueba de revelación de secretos García Ortiz sea condenado por un delito de infidelidad en la custodia de documentos, lo que no conllevaría prisión, pero sí una pena de inhabilitación especial para seguir ocupando el cargo de fiscal general y multa. El abogado de Manos Limpias argumentó durante su turno de conclusiones definitivas que el propio fiscal general se colocó en posición de custodio de unos documentos que requirió y terminaron filtrándose. Otras acusaciones también acusan de prevaricación administrativa.
¿Se responderá a la compensación por daño moral que solicita González Amador por haber sido llamado defraudador confeso?
La acusación que ejerce la pareja de Ayuso solicita una indemnización de 300.000 euros por los daños morales que le supuso, y según él sigue suponiendo, la difusión del correo de su abogado en el que se reconocían dos delitos fiscales de cara a un acuerdo con la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude. En su alegato final, el letrado defendió la licitud de esa compensación por daño moral a su cliente, que ha visto como la filtración y la nota de prensa enviada por la Fiscalía quebraba su presunción de inocencia con el fin de crear un relato que sirviera para atacar a su pareja. Hasta el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia realizaron declaraciones públicas llamándole “defraudador confeso” sin haber sido aún juzgado por este delito. Por el momento, el fiscal general ha asegurado una fianza por 75.000 euros avalados por una propiedad inmobiliaria.
¿Qué valor se le dará al borrado de datos en los dispositivos del fiscal general?
El borrado de los mensajes de WhatsApp y de los correos electrónicos del fiscal general juega en contra del fiscal general. Según las acusaciones, se borraron las pruebas de la filtración, mientras que la defensa ha incidido en que era “legítimo” e incluso una obligación del fiscal general el borrado periódico del contenido de sus dispositivos electrónicos por una cuestión de seguridad. La declaración en el juicio del delegado de Protección de Datos de la Fiscalía no sirvió para aclarar si las cautelas eran de obligado cumplimiento.
An expert from the UCO, in the Supreme Court: “What we see is dominance at all levels of the State Attorney General” / EP
¿Se anulará el registro realizado en el despacho del fiscal general?
Durante el juicio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil justificaron su actuación en el despacho de García Ortiz y el volcado de sus dispositivos amparándose en las órdenes dadas por el instructor de la causa.
Durante el trámite de cuestiones previas, la ex abogada general del Estado, Consuelo Castro, en defensa del fiscal general, pidió la nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz durante la instrucción, al considerar nulo el de entrada y registro por su falta de motivación. Considera que fue “excesivo y desproporcionado” porque el juez Ángel Hurtado dio vía libre para copiar toda la información de todos sus dispositivos o en cualquier repositorio sin aplicar ningún filtro para que el equipo policial copiara materiales privados”, y de hecho datos como sus números de teléfono o domicilio fueron filtrados.
¿Se anulará el registro realizado en el despacho del fiscal general?
La sentencia también deberá responder a la tesis de la defensa, que durante el juicio trató de desviar el foco de García Ortiz hacia la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a quien también llegaron los correos, pero que siempre se mostró contraria a informar a la prensa de este asunto.
Durante su alegato final, el abogado del Estado Ignacio Ocio señaló que el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos – que declaró como testigo en el juicio y al que la acusación considera destino de la filtración del fiscal general- dijo que su fuente era un hombre que tenía su despacho en la tercera planta. “¿Saben dónde está la fiscalía de la Comunidad de Madrid en una tercera planta de la calle General Castaños? Por ahí es de donde la Abogacía del Estado señala que procede al filtración”, afirmó.
The prosecutor, Almudena Lastra, upon her arrival to testify at the Supreme Court, on January 16, 2025, in Madrid (Spain). / Alberto Ortega – Europa Press
¿Qué dirá la sentencia sobre las declaraciones de los periodistas y su defensa del secreto profesional?
Unos de los temas de controversia entre acusaciones y defensas ha sido la valoración de los testimonios de los periodistas, ya que varios de ellos han asegurado haber tenido acceso al contenido del correo de la defensa de González Amador horas –e incluso días– antes de que este documento llegara al Gmail de García Ortiz.
Las defensas consideran claves estos testimonios, mientras que la acusación en nombre del empresario les resta valor. Rodríguez Ramos comentó que como estos profesionales “tienen derecho a acogerse a no revelar sus fuentes con la amplitud que ellos consideren”, sus declaraciones en este juicio “no pueden ser valoradas como una declaración testifical normal” y por ello deben ser tomadas en cuenta “con especiales cautelas”.
Alvaro Garcia Ortiz / FGE
¿Cómo se fijarán en la sentencia los hechos relacionados con el uso del mail por los asesores en Moncloa?
La derivada de los mensajes con una asesora en Moncloa que el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato puso a disposición de un notario ha causado más distracción que otra cosa a la hora de fijar durante el juicio los hechos de los que se acusa al fiscal general.
Para la acusación, el uso por parte de Lobato un documento con el mismo contenido que el correo reconociendo delitos que le había sido enviado por la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera constituye un indicio más de las filtraciones desde la Fiscalía de García Ortiz. La defensa ha insistido en que no hay nada en este asunto que implique al fiscal.
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