El Govern avanza en su reforma de la Administración y una de las muchas palancas que pretende activar para modernizarla es la manera mediante la que recluta y promociona a sus empleados públicos. El comité de expertos del conseller Albert Dalmau, conocido como CETRA, ha elaborado una serie de propuestas de reforma que pretenden agilizar las oposiciones, hacerlas menos memorísticas, adaptar mejor los procesos de traslado a las necesidades de la Administración o suprimir unidades enteras que, a ojos de los expertos, han quedado obsoletas, entre otros.
El Ejecutivo que preside Salvador Illa tiene pendiente tramitar en el Parlament para su aprobación la nueva ley de empleo público, que podría vehicular parte de esos cambios sugeridos, que, junto a supresiones de trámites, reducción de tiempos para autorizaciones empresariales o una nueva regulación del directivo público, buscan adaptar los ritmos y roles de la Generalitat a los actuales tiempos. Todo lo que involucra a las oposiciones será parte de ese cambio, si bien las propuestas del CETRA no necesariamente pueden verse trasladadas a las propuestas que haga suyas el Govern y el contenido final, así como su alcance y tiempos de despliegue, puede estar sujeto a cambios.
El Govern tiene pendiente diseñar una nueva ley de función pública y algunas pistas de por dónde pretende que vayan los cambios residen en el documento de 691 páginas que han elaborado los expertos de la CETRA. Los tecnócratas que asesoran al Ejecutivo son partidarios de virar hacia un proceso de reclutamiento más ágil, que destierre las desventajas de las actuales oposiciones y permita sacar aquellas plazas que más le interesa cubrir a la Administración y asignarlas más rápido y a alguien adecuado para el puesto.
Es por ello que desde la CETRA proponen testear el siguiente esquema. Sería un proceso de selección en tres fases. En la primera, el candidato tendría que realizar un test psicotécnico que “evalúe la capacidad de adaptación y aprendizaje” y que actúe como “primer filtro eliminatorio”, así como mandar un currículo, como si postulara a la empresa privada y este sería filtrado por la inteligencia artificial.
Luego, se pasaría a una segunda fase, en la que aquellos que superaran el primer filtro realizarían algún tipo de prueba práctica, en vez de “pruebas memorísticas” para demostrar su idoneidad y motivación. Y, para aquellos que clasifiquen para una tercera vuelta, pasarían a realizar un curso selectivo en la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Los cambios plantean también varios cambios terminológicos, como el sustituir el clásico “tribunal” por un “comité evaluador multidisciplinario”.
La reforma pretende que la entrada a la Administración sea diferente, así como el rol de las personas una vez ya estén dentro. Directamente, los expertos del CETRA plantean eliminar el actual sistema de escalas que rigen dentro de los cuerpos funcionariales. Ahora cada empleado está dentro de un grupo –A1, A2, B, C1 y C2– y dentro de dicho grupo un nivel -que puede oscilar del 8 al 30-. La propuesta pasa por suprimir los niveles y quedarse solo con los grupos.
También pasa por promover la progresión horizontal, es decir, generar mecanismos para cobrar más pero seguir en el mismo puesto. Una de las críticas al actual sistema es que, para mejorar el sueldo, la vía más rápida que tienen los funcionarios es promocionar de categoría, lo que les saca de unas competencias y les coloca en otras. Ahora, para acceder a los aumentos, también se podría acreditar “crecimiento profesional” vía “aportaciones relevantes” o cursos formación, entre otros.
Los expertos del Govern son conscientes de la oposición que puede generar este cambio en los actuales funcionarios, ya que hace muchos años que impera el actual modelo y los funcionarios han planificado en base al mismo sus carreras. También reconoce que los cambios entrañan potenciales riesgos para el acceso a plazas con las “garantías de objetividad y transparencia” que asegura el actual esquema, al igual que puede incrementar el número de impugnaciones judiciales por parte de los descontentos no promocionados.
Reformular la movilidad geográfica es otro de los pilares de la reforma. En este sentido, los expertos ven necesario aumentar la transparencia de la relación de puestos de trabajo, es decir, ir actualizando de manera más rápida y accesible qué empleos hay en la Administración, cuáles están ocupados y cuáles no y cuáles de los ocupados lo están por personal temporal. Este último punto es de especial interés para los trabajadores públicos con plaza y que están interesados en cambiarla por otra.
En ese sentido, los expertos proponen condicionar la movilidad geográfica a la motivación por el nuevo puesto de trabajo con “posibilidad de módulos formativos, pruebas específicas o estadías temporales para facilitar el cambio”. Y es que un problema que tiene ahora mismo la función pública es que parte de la asignación de puestos de trabajo no se produce en base al criterio de dónde cada empleado público es más eficiente, sino dónde a cada empleado público le viene mejor trabajar, ya sea por cercanía a su domicilio o por otras condiciones laborales o salariales.
Los expertos del Govern son conscientes de que, en su intento para reducir la burocracia, pueden acabar engordándola. Prueba de ello es que planta crear una nueva “unidad de planificación de personal”, que se encargue de “definir el relevo generacional” que se producirá en todo el sector público -a lo largo de la próxima década casi la mitad del personal se jubilará- y perfilar los empleos que se necesitarán a medida que los cambios tecnológicos cambien y las necesidades sociales.
Dicha unidad abogan que depende de la conselleria de Economia y estiman que podría requerir una inversión en personal de hasta dos millones de euros anuales. Su propuesta es que arranque articulada en una subdirección general con cinco efectivos: un mando especializado en la materia y con competencias directivas y cuatro técnicos superiores especializados, pero adscritos al cuerpo general de gestión.
No obstante, para evitar un hiperdesarrollo burocrático, también plantean que por cada nueva unidad administrativa creada, el Govern debe eliminar otra que esté “obsoleta”.
La comisión de expertos aboga por introducir una mayor flexibilidad y agilidad dentro de la Administración a través de dos figuras. Por un lado, proponen crear una nueva figura que denominan “consultores internos“. Estos buscan sustituir a los consultores privados que muchos departamentos contratan para asesorarles a la hora de reestructurar procesos y que cuestan millones de euros a los contribuyentes y se van a grandes corporaciones –Big Four-.
Ahora, el Ejecutivo de Illa tiene sobre la mesa la posibilidad de crear una figura de “consultor interno“, que contratarían de forma directa y temporal -entre seis meses y tres años- a perfiles que no tiene entre sus filas y a los que la Generalitat se abre a remunerar más que a su personal fijo. Pese a la posibilidad de que esa nueva figura abra la puerta a ‘trabajadores de segunda‘ y cronifique unos índices de temporalidad, los expertos tildan dichos empleos de “superjobs” y pretende topar su peso entre los empleados públicos al 20%, si bien en una primera fase el límite sería del 5%.
Otra nueva figura que plantean crear son una especie de células autónomas hiperespecializadas de funcionarios que bautizan como “equipos de alto rendimiento“. Estos los formarían empleados públicos con plaza, de alta cualificación y de perfiles variopintos que pudieren estar un tiempo concreto desarrollando una tarea y, cuando el proyecto finalizara, regresar a sus puestos o vincularse a un nuevo proyecto.
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