No es habitual que el presidente del Parlament, Josep Rull, interrumpa a los diputados que expresan sus ideas desde el atril, pero en las últimas semanas -desde el arranque del curso político tras el verano- el jefe de la Cámara ha intensificado sus llamadas al orden a la extrema derecha para exigir que las intervenciones se ajusten al “decoro” que marca el reglamento. No se trata de un cambio de estrategia, explican fuentes parlamentarias, sino de una respuesta a discursos de odio cada vez más frecuentes y “encendidos” en el hemiciclo.
“En cada pleno suben un tono más“, explica una diputada, que comparte la inquietud que transmiten otros parlamentarios de los partidos firmantes del pacto ‘antifascista’ -PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP- consultados por EL PERIÓDICO. “Lo de este pleno no se había visto antes”, coincide otro. La preocupación es general: todos reconocen las dificultades para frenar estas conductas ante la protección de la libertad de expresión y los “limitados” mecanismos de que dispone la institución. El código de conducta del Parlament no tiene rango de ley, por lo que las sanciones que puedan imponerse carecen de plena garantía jurídica y podrían ser recurridas con éxito.
La reforma del reglamento
Esto ha llevado a que sean también los grupos parlamentarios los que muevan ficha en este asunto. Principalmente ERC, que esta semana ha reclamado públicamente una reforma del reglamento que dé cobertura legal a las sanciones. Como avanzó este diario, desde hace meses se trabaja para incorporar el código de comportamiento al reglamento, lo que le otorgaría rango de ley. Los partidos también abogan por “actualizarlo”, ya que el texto vigente data de 2015, antes de la irrupción de la extrema derecha en el Parlament. “En ese momento los límites estaban claros; ahora no”, resume una fuente de Esquerra. De ahí que la portavoz del partido republicano, Ester Capella, haya presionado esta semana a los grupos a abordar con urgencia una revisión de la norma. “Los discursos que señalan se repiten con demasiada frecuencia“, advirtió desde el atril el miércoles.
Najat Driouech and Marta Vilalta, deputies of ERC, in the Parliament. / ZOWY VOETEN
La falta de consenso político frenó la posibilidad de aprovechar la última reforma -de 2024- para introducir cambios que permitieran sancionar a los diputados por sus expresiones, una cuestión que exige un complejo trabajo previo para encontrar una fórmula jurídicamente viable. Numerosos expertos advierten que los parlamentarios gozan de una libertad de expresión prácticamente inviolable por su condición de electos, un principio además respaldado por la jurisprudencia europea. Aun así, los republicanos insisten en que este derecho tiene límites. “La libertad de expresión es ilimitada, salvo en un aspecto: cuando hay un ataque directo al derecho fundamental a la integridad física y personal”, defendió Capella en el pleno, después de que Sílvia Orriols haya dicho en varias ocasiones que es un “error” que la Cámara “tolere” el velo de Najat Driouech. Pidió entonces que la Mesa tomara las “medidas necesarias” para evitar este tipo de situaciones.
Las investigaciones, desbloqueadas
Más allá de una eventual modificación reglamentaria, una de esas medidas pasa por empezar a tramitar los expedientes que el Parlament mantiene pendientes para determinar si varios diputados han vulnerado el código de conducta. Tras un año de casi inactividad, la comisión del estatuto de los diputados se reunió de urgencia el jueves para abrir investigaciones a los diputados de Vox Joan Garriga y Júlia Calvet, así como a la presidenta de Aliança Catalana, por declaraciones denunciadas por los grupos ante la Mesa a lo largo de la legislatura, entre ellas las de Orriols contra Driouech. Se trata del primer paso hacia una posible sanción, que en última instancia corresponde decidir e imponer al órgano rector, compuesto por tres miembros del PSC, dos de Junts y dos de ERC.
Sílvia Orriols with her communication team in the Parliament. / Ferran Nadeu / EPC
Todo ello ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate que comparten los parlamentos de todo el mundo a la hora de desplegar una estrategia que ponga freno a los discursos de odio sin cruzar la línea de la censura ni dar munición a quienes se alimentan del conflicto. Desde su llegada a la presidencia, Rull ha tratado de encontrar un equilibrio, consultando expertos y recordando a los grupos que pueden canalizar sus denuncias a través de la comisión correspondiente, la del estatuto del diputado. ¿El problema? El presidente del Parlament mandó una carta a los portavoces para “recordar” que existía esta comisión en marzo, la primera petición llegó en abril y el expediente no se ha abierto hasta finales de octubre, medio año después.
Seis meses sin abrir expedientes
La comisión se había reunido una sola vez -sin tratar estos temas- desde diciembre de 2024 hasta este jueves, que lo hizo por segunda vez a instancias de ERC y Comuns que exigieron una “convocatoria urgente” a raíz de que Vox colgara unos carteles tildando a Lluís Companys de “asesino”. Fue entonces cuando se abrieron los cuatro expedientes, de los cinco que habían llegado. Quedó uno por el camino, el que Vox elevó al considerar que Laure Vega (CUP) inucurrió a una vulneración del código de conducta por citar desde el atril un tuit del humorista Manel Vidal que decía que “lanzar piedras a los Mossos es un hecho cultural”. La mayoría de la comisión consideró que no había indicios de haberse saltado la norma.
The president of the commission on the statute of the deputy, Antoni Castellà (Junts) and the secretary of the body, Jordi Albert (ERC). / ACN
La decisión de tumbar la única solicitud que llevó la extrema derecha ha reavivado las acusaciones de Vox y Aliança sobre un supuesto uso “partidista” de la comisión y añade así un nuevo escollo a la estrategia del Parlament frente a los discursos de odio, al poner en entredicho la legitimidad del órgano que debe fiscalizar las conductas de los diputados. Son los grupos parlamentarios de la comisión quienes deciden, con voto ponderado, qué se investiga y qué no.
En la práctica, esta correlación de fuerzas permite a los partidos que mantienen el cordón sanitario bloquear cualquier intento de Vox o Aliança Catalana de promover investigaciones por presuntas vulneraciones del código de conducta. Incluso si Junts -que ya cuestionó la legitimidad del órgano cuando se sancionó a Francesc de Dalmases en la pasada legislatura- optara por abstenerse, la mayoría entre PSC, ERC, Comuns y CUP seguiría siendo suficiente para imponerse.
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