El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez “por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados“, indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
Tras conocer García Castellón que el fiscal Ignacio Stampa había informado a sus superiores de que la excargo socialista Leire Díez le había presuntado si conocía hechos “comprometedores” del juez jubilado, el antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, presentó un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante socialista.
José Antonio Choclán
En el escrito de acusación, Aldama se dirige al juez para informarle de que entiende que pudo ser víctima de una interceptación ilegal de las comunicaciones entre él y su abogado, José Antonio Choclán, mientras estuvo en prisión provisional por el ‘caso hidrocarburos’.
De Aldama se apoyó en unos documentos que constan en la causa y que habría elaborado el agente de la Guardia Civil Rubén Villalba –investigado en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’– como acta de su reunión con Díez. En concreto, resaltaba unos extractos donde reflejaba el “interés” de ella en él “para que hable de Aldama”. Precisamente, este miércoles está citado a declarar como testigo Víctor de Aldama.
En junio pasado, Víctor de Aldama, acudió en junio pasado al hotel Novotel, en Madrid, para reventar una comparecencia de Leire Díez. El comisionista irrumpió en la sala, justo cuando la exmilitante socialista terminaba su declaración sin preguntas. “¿Qué tienes contra mí?”, le preguntó a la excargo del PSOE el considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el “nexo corruptor” con las Administraciones gobernadas por los socialistas.
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