El Govern pondrá en marcha el martes de la semana que viene el procedimiento para elaborar una ley para simplificar los trámites urbanísticos y medioambientales que tienen que afrontar los ciudadanos y las empresas cuando se relacionan con la administración. Es una norma que intentará, por ejemplo, reducir el plazo por el que se conceden las licencias de obras para construir viviendas o para hacer reformas; las autorizaciones ambientales o las solicitudes para instalar energías fotovoltaicas y eólicas.
Así lo ha anunciado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, este jueves en una comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. Lo que hará el Govern la semana que viene es aprobar la memoria preliminar, que marca el inicio del proceso de elaboración de cualquier anteproyecto de ley de la Generalitat. El último paso será, dentro de unos meses, llevar la norma al Parlament para intentar su aprobación definitiva. “Tenemos que hacer más fácil la actividad económica en nuestra casa”, ha dicho el conseller.
La memoria preliminar de la ley, consultada por EL PERIÓDICO, establece que los procedimientos administrativos actuales son “excesivamente lentos y complejos”. Por ejemplo, según la normativa vigente, la administración debería pronunciarse sobre una licencia de obras en un plazo máximo de dos meses, mientras que a veces se demora un año o incluso dos. La norma, pues, argumenta que esta “burocracia” retrasa proyectos industriales, residenciales o de otro tipo “generando costes de oportunidad y desincentivando inversiones“.
Este anteproyecto de ley intentará potenciar dos de las políticas claves que quiere impulsar el Govern de Illa: por un lado, reformar la administración para reducir la carga burocrática; por el otro, potenciar la construcción de viviendas para dar salida a la emergencia habitacional que viven muchas familias. Dalmau lo ha resumido así: “No puede ser que para construir una vivienda pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo el edificio”.
¿Qué propone la norma? La memoria preliminar es una declaración de intenciones que aún no entra al detalle, pero da algunas pistas. En primer lugar, propone “integrar determinadas fases” de la tramitación en una sola para reducir plazos. En segundo lugar, plantea potenciar los trámites electrónicos con el compromiso de “no comprometer la calidad técnica ni la seguridad jurídica“. También contempla que entidades o profesionales acreditados intervengan en las tramitaciones para que sean más “ágiles”. Finalmente, aboga porque los municipios pequeños no tengan la misma carga burocrática. “No se puede pedir lo mismo a un municipio de 2.000 habitantes que a una gran administración”, ha concluido.
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