Los presupuestos de 2026 son el gran elefante en la habitación del Govern de Salvador Illa. Las cuentas continúan en un cajón a la espera de que se desencalle la financiación singular y el año acabará en menos de un mes, por lo que el Executiu se verá abocado a ir, de nuevo, a una prórroga de los números de 2023, los últimos que lograron aprobarse en el Parlament. Sin embargo, la Generalitat trata de transmitir sosiego y este martes se ha comprometido a garantizar los recursos previstos para la ley de barrios y para dar cumplimiento a todo lo prometido en materia de vivienda.
Una vez más, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha admitido que no se han empezado las negociaciones con ERC y los Comuns y que siguen en la fase de dialogar sobre esas cuentas con los agentes sociales. Nada se sabe de ellas, más allá del techo de gasto que se aprobó a principios de septiembre con la intención de agilizar una tramitación que ha quedado estancada a la espera del pacto sobre la financiación singular exigido por ERC como requisito previo.
Un escenario inevitable
Que se haya alcanzado diciembre en esta circunstancia significa que Catalunya se comerá las uvas sin nuevas cuentas y que, por lo tanto, será inevitable prorrogar otra vez las que aprobó Pere Aragonès en el anterior mandato. El Govern se ha resistido hasta ahora a verbalizar explícitamente que este es el escenario que deberán gestionar, pero ya ha empezado a labrar comunicativamente el terreno para minimizar el impacto de esta situación.
President Salvador Illa and the Minister of the Interior, Núria Parlon, in the Mina neighborhood. / MANU MITRU
“La ley de barrios está absolutamente garantizada”, ha dicho la portavoz sobre los 200 millones que se destinarán durante 2026 para que una veintena de municipios puedan rehabilitar zonas degradadas. De hecho, este mismo mes debe hacerse público qué consistorios serán los agraciados con esta inversión que deberán incorporar en sus respectivos presupuestos municipales. En el caso de que se logren aprobar nuevas cuentas, la intención del Govern es aumentar los recursos en los barrios, como avanzó EL PERIÓDICO.
Planes inalterables
Paneque también ha querido dejar claro que, el hecho de que se alargue la negociación presupuestaria, no tiene por qué afectar a otros compromisos relevantes que ha adquirido el ejecutivo de Illa, especialmente en materia de vivienda. Sin ir más lejos, ha defendido que se mantendrá inalterable el plan para construir 50.000 viviendas asequibles hasta 2030.
También ha mencionado que, sea cual sea el desenlace de las cuentas, se incorporarán el centenar de inspectores previstos encargados de velar por el cumplimiento del régimen sancionador contra quienes incumplan los precios de la ley de vivienda. Los Comuns ya han advertido de que no se sentarán a negociar si no se impone ni una sola multa ante la trentena de expedientes que la consellera ha reconocido que están abiertos.
Councilor Paneque, meeting with the Commons to negotiate on housing / FERRAN NADEU
Otro de los aspectos que no quedarán alterados, según la consellera, es la creación de la oficina antidesahucios también pactada con los Comuns y que, según lo acordado, debe entrar en funcionamiento durante el primer semestre del año que viene con una plantilla de 50 personas y una inversión de 40 millones de euros.
El objetivo de la estabilidad
Para Illa continúa siendo de alta relevancia poder aprobar unos presupuestos para proyectar una imagen de estabilidad y calmar a los agentes sociales, aunque entre bambalinas el Govern minimiza que se dilate el calendario e incluso se relativiza que finalmente no pudieran aprobarse. La experiencia de este 2025 en prórroga complementada con tres suplementos de crédito ha desacralizado el hito de tener nuevas cuentas vigentes en 1 de enero siempre y cuando el contexto permita inyectar más recursos y cumplir con lo prometido.
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