La Comunidad de Madrid rechaza remitir al Gobierno el registro de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo en el día en que vencía el plazo del requerimiento dado por Sanidad. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asegura que solo atenderán una orden judicial: “Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”.
Reivindican que en la región madrileña defienden que el aborto sea “legal, seguro y poco frecuente” y subrayan que “no se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo”. “Tampoco por practicar un aborto o no hacerlo”, han trasladado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, el Gobierno madrileño sostiene que la exigencia de Sanidad de remitir el listado de profesionales objetores vulnera derechos fundamentales. “Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental”.
Con el fin de garantizar el derecho al aborto, cuatro comunidades –Madrid, Aragón, Asturias e Islas Baleares-, habían recibido un requerimiento formal por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el que se les daba un mes para crear, cuyo plazo acababa este viernes, y regular el Registro de Personas Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. Tanto el Ejecutivo del aragonés Azcón como los del asturiano Barbón y la balear Prohens aceleraron la creación de este registro.